Hoy será un debate chato, exceptuando al FPV veremos si se condicen con el debate anterior cuando modificaron la ley 24.241 y dieron el régimen de opción. Muchos decían entonces que la transformación era insuficiente, el famoso parche. Ahora cambiaron la rueda ... la oposición a Marzo!
Comparto el debate en este post, algún valiente que lo lea y deje comentario?
Reunión No. 58 - 2a. Sesion EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) celebrada el 27/02/2007
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modificación de la ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones
0292-s-2006 - - 6287-d-2004 - - 6837-d-2006 - -
sr. presidente balestrini.- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se modifica la ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (expediente 0292-s-2006 - ).
-aquí orden del día N° 2007
sr. presidente balestrini.- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: me corresponde presentar el proyecto de modificación de la ley 24.241, que fuera sancionado por la Honorable Cámara de Senadores el martes 13 del corriente mes.
De lo que vamos a hablar hoy es, nada más y nada menos, que de un compromiso asumido por nuestro presidente, el doctor Néstor Kirchner, durante su campaña a la Presidencia. Ese compromiso fue confirmado en el momento en el que asumió el gobierno del país.
Además, para lograr ese objetivo muchos miles de argentinos -trabajadores, jubilados y legisladores- lucharon en las plazas y en las calles. Lo hicieron en una época muy difícil, a veces en soledad y en absoluta minoría frente a los aires que soplaban por aquel entonces, cuando regía el "sálvese quien pueda". En esas circunstancias se sancionó en 1993 la ley 24.241.
Esa sanción dividió al país. Para poder votarla el Congreso fue vallado, cosa que hoy no ocurre. La economía le ganó a la política y, por eso, muchos creyeron ver que de ese modo se firmaba el certificado de defunción del régimen previsional público en nuestro país.
Nos podemos preguntar por qué esto no se hizo antes, teniendo en cuenta que ese era el deseo mayoritario de casi todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso.
Esto no se hizo antes en primer lugar porque evidentemente tenía que recuperarse la variable económica de nuestro país. Había que bajar en forma drástica los índices del trabajo informal, que cuando asumimos este gobierno rozaban el 60 por ciento. Debía hacerse lo propio con la economía informal, ordenar el desquicio de las cuentas públicas y por supuesto, impulsar todo lo relativo a la recaudación previsional.
Desde la asunción de este gobierno no sólo empiezan a regularizarse las variables macroeconómicas como la reducción de la carga de la deuda, el superávit externo, la disciplina fiscal, la reducción de la pobreza y de la indigencia. También se puso especial énfasis en una política permanente con vocación clara de inclusión social y una paulatina y constante redistribución del ingreso en la Argentina.
Precisamente de eso vamos a hablar hoy, de redistribución del ingreso. Consideramos que hoy están dadas las condiciones para plantear estas modificaciones a la ley. Pero no se dan en un contexto de propuesta aislada sino en una propuesta integral, poniendo al tema de la seguridad social en el centro de la política argentina.
Hay varias pruebas de esta voluntad política del gobierno nacional. Desde julio de 2003 pudimos recuperar los haberes jubilatorios mínimos de 220 a 560 pesos, y la media del haber jubilatorio de 380 a 652 pesos. Hemos llegado a una cobertura que hoy alcanza a más de 3.300.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones.
Se ha levantado el flujo de aportes y contribuciones de 7.100 millones a más de 20 mil millones. En el Congreso pudimos plasmar en los últimos tiempos leyes como la 25.994 de jubilación anticipada, con la incorporación al sistema de más de un millón de argentinos como nuevos jubilados. Así se ha cumplido una deuda histórica del gobierno y del país con quienes quedaron desempleados y fueron parte de la economía informal o en negro, gracias a las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
En este mismo sentido con la ley 24.476 pudimos ensanchar esta base de otorgamiento de jubilaciones con un régimen de moratoria que beneficia a aquellas personas que fueron víctimas de la misma receta.
Aprobamos la ley 25.865, de monotributo, que permitió pasar de 350 mil a 1.300.000 nuevos aportantes al sistema. Otra ley aprobada fue la 26.063, que permitió un sistema para las empleadas domésticas, que al día de hoy ha incorporado más de 220 mil personas a la regularización de estos aportes.
Últimamente también votamos en este Congreso modificaciones a la mal llamada ley de solidaridad previsional, eliminando o modificando artículos que tienen que ver con derechos constitucionales de nuestros jubilados, al defender sus juicios contra el Estado.
De esta manera pudimos disminuir y vamos a seguir disminuyendo en forma drástica la litigiosidad del sistema, cumpliendo en tiempo y forma la obligación que tiene el Estado de obedecer a la Justicia en aquellas sentencias firmes.
Por eso reitero que esta no es una iniciativa aislada sino que se da en el contexto de una política integral para recuperar el sistema de la seguridad social en nuestro país.
Nuestro objetivo es ir mejorando la tasa de sustitución del salario superando con esta propuesta, en el caso de las jubilaciones futuras, las recomendaciones de la OIT en cuanto a que no deben bajar del 50 por ciento. Con esta modificación estamos por encima del 60 por ciento. Seguramente esto no alcanza, no es lo óptimo, pero el camino está trazado y vamos a seguir trabajando en este sentido.
Resumiendo los objetivos centrales de esta propuesta, podemos resaltar que consisten en mejorar la cobertura de la población, garantizar la libre elección de los ciudadanos, favorecer la estabilidad y la transparencia del sistema, bajar los costos de administración del sistema de capitalización, afianzar el rol del Estado y garantizar un haber mínimo para el conjunto de los beneficiarios.
La esencia, la filosofía de esta propuesta, es revertir justamente lo que la ley 24.241 provocó en el sistema de la seguridad social: un compendio de artículos destinados a convencer a todos los argentinos a irse al sistema de capitalización, por su voluntad, por omisión o por no haber elegido en su momento.
Así nos encontramos con un 89 por ciento de aportantes al sistema de capitalización y solamente un 11 por ciento al sistema de reparto. De esos casi 12 millones de argentinos que están en el sistema de capitalización, más de la mitad no ejerció la voluntad de elegir, fue sorteada como un número entre las AFJP, y recién se enteró que estaba en ese sistema cuando le llegó el primer resumen a su casa.
En esta propuesta tenemos tres sistemas de reaseguro de poder elegir libremente. La primera, el plazo de 180 días hábiles a partir de la reglamentación de esta ley para que cada aportante del sistema de la seguridad social en la Argentina haga uso de la libre opción sin límites de edad.
Posteriormente, cada cinco años la persona podrá evaluar cómo le está yendo en su sistema y podrá cambiar nuevamente hacia el sistema de reparto, si es que decide seguir este camino.
Por último, en el caso de que los hombres a los 55 años y las mujeres a los 50 años de edad no hayan podido acumular en su cuenta de capitalización individual más de 20 mil pesos, cifra que no le garantiza la jubilación mínima, pasarán directamente al sistema de reparto a menos que manifiesten expresamente su voluntad de mantenerse en el sistema de capitalización.
Son tres reaseguros que modifican sustancialmente la filosofía de la ley que estamos modificando. También al inicio de la relación laboral cada persona tendrá 90 días para hacer uso del derecho de elegir el sistema en que quiere estar, pero si al cabo de este plazo no lo elige expresa y explícitamente pasará automáticamente al sistema público, que es lo inverso a lo que está ocurriendo actualmente.
Esta reforma también se ocupa de mejorar notable y sustancialmente el sistema de capitalización individual. Se le pone un tope a la comisión del uno por ciento que están cobrando hoy las AFJP. ¿Por qué es este porcentaje? Porque hay algunas AFJP que cobran esta comisión y en algunos casos menos, pero hay otras que hasta triplican ese valor.
Lamentablemente las reglas del mercado nunca se cumplieron en este tema y nos encontramos con la paradoja de que AFJP muy grandes son las más caras y otras pequeñas son las más baratas.
Nosotros esperábamos que esto se regularizara, que hubiera un mercado de capitales, pero esto nunca ocurrió. En realidad, nunca fue a inversiones productivas la parte que tenía que ir, y hoy le decimos a este sistema: queremos que compitan con respecto a los gastos administrativos, ponemos un tope del uno por ciento aunque la comisión puede ser menor, y puede modificarse para abajo ese tope de gastos administrativos. Para tener una idea, hoy el 36 por ciento de nuestros aportes, en promedio, van a esos gastos administrativos.
Por otra parte, también se propone un sistema de mutualización de seguros de invalidez o fallecimiento, que es uno de los costos principales del sistema de capitalización.
Hoy en día se da en general una selección regresiva, porque aquellos trabajadores mejor remunerados tienen una tasa de siniestralidad más baja que aquellos peor remunerados; por consiguiente, pagan menos costo de seguro los salarios más altos que los más bajos. Lo que se está proponiendo es una mutualización de los seguros por invalidez y por fallecimiento, que va a provocar una solidaridad intrasistémica entre las distintas AFPJ para que este costo sea descontado antes de calcular la cuota de capitalización de cada individuo en el sistema de capitalización privada.
También quiero destacar la propuesta de que un mínimo del 5 por ciento y un máximo del 20 por ciento de los fondos depositados en las AFJP se destinen, en un plazo de cinco años, a proyectos de la economía real, de la economía tangible, es decir, de lo que vemos todos los argentinos. Esto es posible en un país que crece y cuyo PBI aumenta un tres por ciento anual desde hace cuatro años.
Actualmente los fondos que les faltan a los argentinos son los que reciben empresas estadounidenses, asiáticas o europeas, como Nokia, Philips, Walt Disney, Pepsi y Coca-Cola. Estas son las empresas a las que se destina la mayor cantidad de recursos de las AFJP, cuando no están destinados a bonos de la deuda externa brasileña.
Si lográramos ese mínimo y ese máximo de inversión en infraestructura productiva, en infraestructura para nuestro país -que es un país que crece-, en los próximos cinco años podríamos pasar de 4 mil a 18 mil millones de pesos de recursos destinados al crecimiento y, por ende, a la generación de ese círculo virtuoso de crecimiento, aumento de la economía formal, aumento del trabajo registrado y aumento de los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social.
Se propone también una revisión de aquellos regímenes jubilatorios diferenciales o insalubres vigentes a la fecha y una metodología para evaluar futuras propuestas de financiamiento de tales regímenes. Nosotros pensamos que en aquellos casos donde las condiciones laborales en el ámbito privado provoquen que los trabajadores deban cumplir con exigencias previsionales menores a las establecidas para el resto de la sociedad, esa diferencia de contribuciones la tiene que aportar el empleador, que es quien se beneficia con esa tarea más rentable.
En el caso de que el Estado quiera priorizar o valorizar una actividad por sobre otras, deberá subsidiar explícitamente ese sistema justificando su decisión. En este sentido, tenemos varios ejemplos en el gobierno nacional, como el régimen especial de docentes, que oportunamente ratificamos y también lo ha hecho nuestro presidente Néstor Kirchner.
Por último, en el caso de aquellas actividades donde sean los propios sujetos los que quieran tener un régimen especial, deberán ser ellos mismos los que a través de sus aportes solventarán en el futuro la posibilidad de tal régimen. Este es un principio de la lógica previsional, que no muchas veces se ha cumplido en nuestro país. Esta discusión seguramente la daremos en este Congreso Nacional, porque nosotros buscamos el bien común y el bienestar general de la población, sin obedecer a presiones de un sector sobre otro.
Como ocurre siempre, la fuerza política que gobierna debe tener el equilibrio entre lo que se desea y lo que realmente se puede concretar. Seguramente a continuación escucharemos expresiones respecto de por qué hay un plazo de 180 días hábiles para optar, de por qué hay un plazo de 90 días para elegir el sistema, de por qué en vez de poder reelegir el sistema cada cinco años no se elige en forma permanente, de por qué puede cambiarse solamente en esos plazos o por qué no dinamitamos directamente las leyes 24.241 y 24.463 estableciendo de golpe una reforma estructural del sistema previsional que solucione todos los problemas que tiene desde hace más de treinta años.
La verdad es que pensamos y sabemos que los argentinos están hartos de promesas incumplidas, de reglamentaciones en las cuales para hacer valer sus derechos tienen que recurrir a la Justicia, alimentando muchas veces a los especuladores y a la industria del juicio que tanto mal nos ha hecho en los últimos años.
Con estos cambios profundos no se resuelven todos los problemas de la seguridad social en nuestro país, pero se avanza en gran medida hacia un sistema más respetuoso de las libertades individuales sin olvidar el carácter solidario y equitativo que debe tener la presencia del Estado como garante de las reglas de juego.
El Estado nacional en general y el sistema previsional mixto en particular, aun admitiendo la coexistencia de estos dos sistemas, debe retomar clara y decididamente en materia de seguridad social el rol que le da nuestra Constitución Nacional. Para ello, el proyecto de reforma resguarda y fortalece el financiamiento del régimen previsional con aportes genuinos, tendiendo a equilibrar la base imponible sujeta a aportes personales con los beneficios a otorgar. Esto está establecido en el artículo 1° donde se eleva de 4.800 a 6.000 pesos la base imponible para los descuentos de rigor, considerando el aumento del tope jubilatorio actual después del incremento a 3.882 pesos.
La propuesta introduce un cambio sustancial en el principio rector del sistema, ya que inversamente a lo que hoy ocurre supone que todos los trabajadores se encuentran amparados por el régimen público exigiéndose una manifestación expresa de voluntad en contrario para sustraerse de la protección estatal.
Como deber irrenunciable queda al gobierno nacional y a nosotros mismos, como poder independiente del Estado, una amplia campaña de difusión en las escuelas, en los sindicatos y en la calle para que todos los argentinos tengan la información disponible e indispensable para tomar la decisión correcta.
Cuando finalizó el plazo, después de la sanción de la ley 24.241, la proporción del sistema de capitalización en relación con el sistema de reparto era de 60 a 40; es decir, el 60 por ciento correspondía a los aportes al sistema de capitalización y el 40 por ciento restante al sistema de reparto. Solamente después del sorteo de aquellos indecisos que no ejercieron su opción, esta proporción se modificó drásticamente a la actual: el 89 por ciento para el sistema de capitalización y sólo el 11 por ciento para el sistema de reparto, pero con algunas características que conviene mencionar. Por ejemplo, el 25 por ciento de los 220.000 jubilados que ya tiene el sistema de capitalización son asistidos directamente por el Estado nacional, porque ya agotaron el dinero de sus cuentas de capitalización. Estamos hablando nada menos que del 25 por ciento, lo que representa más de 60.000 jubilados de ese régimen que ya agotaron su dinero de las cuentas de capitalización.
Con la modificación que se pretende hacer de esta ley se avanzará en la permanente búsqueda de la equidad social con el juego armónico de normas destinadas a la protección del conjunto de la población activa y pasiva argentinas.
Por otro lado, seguramente escucharemos reclamos acerca de cómo van a cuidarse los fondos del sistema público previsional, que se verán incrementados no sólo en razón del traspaso de aquella gente que decida volver al sistema de reparto y de la existencia de nuevos aportantes, sino también por los reaseguros automáticos en el sistema de capitalización.
No se preocupen tanto, señores diputados; este gobierno ha dado sobradas muestras de que cuida la plata de los jubilados. Los superávit que hoy registra la ANSES no son por arte de magia, sino que constituyen el fruto de un trabajo serio y una propuesta integral relacionada con el contexto global de nuestro país, su reactivación económica y el aumento del trabajo formal.
Las leyes están, sólo hay que cumplirlas. Cuando aprobamos el presupuesto de 2007 sancionamos un artículo por el que se establece un fondo de garantía de movilidad, que anualmente revisaremos todos los legisladores del Congreso. Asimismo, debemos respetar la ley de administración financiera, y además existen otros controles. Todo esto debe ser cumplido. Esa es la diferencia entre este gobierno y otros que lo precedieron. Repito: las leyes están y hay que cumplirlas. Como decía el general Perón, todo en su medida y armoniosamente, sin prisa pero sin pausa, con la firme e irrenunciable convicción de gobernar para la gente, para los que menos tienen, que en general son los que más nos necesitan. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
sr. NIEVA, ALEJANDRO MARIO - - JUJUY.- Señor presidente: estamos en una sesión importante después de casi catorce años de aquélla memorable que consagrara la ley que hoy venimos a reformar. En primer lugar, debo confesar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar favorablemente el proyecto de ley... (Aplausos)..., sin perjuicio de que hemos presentado disidencias parciales relativas a cuestiones que, a nuestro juicio, pueden ser mejoradas. En tal sentido formularemos observaciones sobre aquellas cuestiones que consideramos pueden ser modificadas, que están faltando en este debate.
Estamos de acuerdo con la idea fundamental de esta iniciativa, que de alguna manera viene a enmendar el error que el oficialismo cometiera hace dos o tres años cuando impidió en el Senado que un proyecto parecido o similar al que ahora estamos tratando -que contaba con sanción de la Cámara de Diputados- empezara a remediar el problema de los trabajadores argentinos que habían quedado atrapados en el sistema de capitalización. Por eso es que hoy estamos a favor de la iniciativa en debate y saludamos este proyecto del Poder Ejecutivo, pues en el camino correcto empieza a enmendar algunos de los graves daños que se hicieron a los trabajadores argentinos con el diseño de la ley 24.241.
Efectivamente, esa ley fue sancionada con el propósito de generar un mercado de capitales sobre la base de una política tendiente a incentivar y promover el sistema privado de capitalización y su elección de parte de los trabajadores, aun cuando a ellos no les conviniera. Por eso, por ejemplo, mediante el proyecto de ley en discusión se corrige correctamente el punto relativo al monto que se reconoce al trabajador en concepto de prestación adicional por permanencia -cuya determinación surge de aplicar el 1,5 por ciento en vez del 0,85 por ciento estipulado en la ley vigente- y la disposición que establece que el trabajador que no ejerce el derecho de opción es sorteado entre las AFJP.
Como bien ha señalado el señor miembro informante, dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones once millones de afiliados corresponden a las AFJP -aunque los aportantes son 4.500.000-, y dos millones, al sistema de reparto.
Aun cuando todos sabemos que muchos trabajadores han visto que no conviene a sus intereses mantenerse en una AFJP, hasta aquí les estaba vedada la posibilidad de optar. Entonces, en buena hora esta Cámara está remediando una cuestión que implicó un daño muy serio a los intereses de los trabajadores; creemos que avanza en un sentido positivo.
En el debate en particular haremos algunas observaciones sobre cuestiones que tienen que ver con una mejora en la redacción de este proyecto.
Analizar una reforma de este tipo del sistema previsional argentino exige hacer un análisis respecto de cómo estamos, de qué es lo que ha pasado en los últimos catorce años y decir si somos capaces o no de aprender de las lecciones de la historia.
Anoche, conversando con un voluminoso ex diputado nacional del radicalismo, le comenté que durante el fin de semana había leído las versiones taquigráficas de aquellas memorables sesiones, donde encontré algunas "perlitas" interesantes y pasajes donde se lo mencionaba. Él me dijo que, lamentablemente, en aquella ocasión el Estado perdió la oportunidad de dictar una ley que convocara al consenso de la mayoría de los argentinos.
Me puso como ejemplo que por primera vez la oposición había pergeñado y presentado un proyecto alternativo que fue firmado por los exponentes de las más diversas ideologías: además del bloque radical lo firmó Zamora, del MAS -la izquierda- y Leconte, del Partido Liberal. Asimismo me contaba que el entonces mentor del gobierno justicialista, Domingo Cavallo, había manifestado que estaba de acuerdo con nueve de los diez puntos de aquel proyecto. Únicamente no compartía que aquel proyecto estableciera la participación de un sistema privado con una parte menor de los aportes de los trabajadores para empezar a introducir el sistema de capitalización sin abandonar el rol fundamental del Estado.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
sr. NIEVA, ALEJANDRO MARIO - - JUJUY.- Lamentablemente, en aquella oportunidad se prefirió avanzar con una reforma a medida o de acuerdo solamente con las convicciones del oficialismo y así se llegó a la sanción de esta ley que, por lo que he escuchado recién por parte del presidente de la comisión, que es del oficialismo, merece severos reparos. Esos reparos son públicos: los han hecho expertos internacionales que estudiaron la situación de nuestro sistema previsional, como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que dicen que la ley previsional argentina no ha respondido a las expectativas de los trabajadores.
Vale la pena recordar lo que se decía en aquella sesión, porque recién escuchamos algunas palabras sobre las que, por lo menos, queremos llamar la atención. No podemos hablar desde la soberbia de pensar que no hay gobiernos infalibles y que hacemos todo bien. En aquellos discursos de diputados que hoy son funcionarios -el ex diputado Parrilli, que era uno de los miembros informantes, hoy es secretario general de la Presidencia, si no me equivoco; González Gaviola, que hoy está a cargo de la Superintendencia de las AFJP, así como importantes dirigentes del justicialismo o legisladores que todavía integran la bancada oficialista- también se hacía referencia a Perón o se lo mentaba para justificar aquella reforma que terminó siendo lo que hoy este propio gobierno justicialista está tratando de enmendar.
Me parece interesante señalar, por ejemplo, lo que expresaba entonces el ex diputado Parrilli, que decía que estaban orgullosos de la reforma que hacían, que era una reforma que mostraba la vocación del justicialismo de hacer frente a los problemas.
Quiero recordar a esta Cámara de Diputados una discusión que resume de alguna manera el espíritu de lo que en aquel momento estaba en debate, que era precisamente esta direccionalidad, este carácter tendencioso que tenía la ley de denostar al sistema de reparto para favorecer al de capitalización. Precisamente, uno de los puntos tenía que ver con establecer en la prestación adicional por permanencia el reconocimiento de sólo el 0,85 por ciento y no del 1,5 por ciento, como muy bien está hoy rectificando el bloque Justicialista en el proyecto del gobierno.
Este no es un tema menor, porque implicaba la consumación de una injusticia, ya que por los aportes por prestación compensatoria anteriores a 1994, el Estado reconocía el 1,5 por ciento; en el proyecto original era el 0,5 por ciento y la bancada Justicialista lo lleva al 0,85 por ciento. En aquel entonces el bloque radical -por intermedio del ex diputado Moure primero y después del ex diputado Baglini-, hace la propuesta de llevarlo al 1,5 por ciento. Cuando uno lee las versiones taquigráficas de aquellos debates parlamentarios observa, por ejemplo, que el entonces diputado Ruckauf decía que estaba en contra de ese incremento del 0,5 por ciento al 0,85 por ciento, porque afectaría al sistema. Fíjense de lo que estábamos hablando: ni más ni menos que de cuánto iban a ser las remuneraciones de los jubilados, de si íbamos a pagarles lo que les correspondía en relación con sus haberes buscando una mayor proporción, o si serían montos ínfimos como los que en este momento lamentablemente perciben, por lo cual tenemos problemas con la Corte Suprema y con la movilidad, temas que abordaremos más adelante.
Voy a leer solamente la parte en la que el diputado Parrilli contesta a la solicitud de la bancada radical: "En cuanto al artículo 29 y a la razón de aumentar los montos de la prestación adicional por permanencia al 1,5 o al 0,85 por ciento, voy a expresar mi opinión personal. Pienso que lo correcto sería que la prestación adicional por permanencia quede establecida en el 0,5 por ciento, porque con eso lo que damos es un mensaje muy claro -lo reitero porque ya lo dijimos durante la consideración en general- a aquellos sectores que puedan tener capacidad de ahorro, para que precisamente su haber previsional esté relacionado con el ahorro y no con el hecho de que el Estado, al aumentar la prestación adicional, les garantice un haber que muchas veces ni siquiera puede llegar a cumplir."
El diputado Ruckauf manifestaba que estaba totalmente de acuerdo con Parrilli, y González Gaviola también defendía el 0,85 por ciento. Fue así que se llegó a esa redacción que afortunadamente hoy está siendo enmendada por el oficialismo y que nosotros apoyamos.
¿Qué ha sucedido con este régimen previsional? No ha cumplido con las expectativas. Ni el sistema de capitalización ni el de reparto están pagando las jubilaciones que prometían y nuestro sistema de seguridad social ha sido totalmente saqueado y desfinanciado, primero mediante los mismos aportes de los trabajadores, al enfilarlos hacia las AFJP; obviamente se produjo una pérdida que el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estimó en unos 28.000 millones de pesos. Luego aparecieron otras medidas incentivadas y aprobadas por el gobierno de entonces, como por ejemplo las rebajas de los aportes patronales, lo cual implicó otra sangría de varios miles de millones de pesos. Con la cantinela de que de esta manera se favorecía y promovía el empleo, se produjo un desfinanciamiento del sistema de seguridad social que en total, por este y por otros conceptos, perdió 70.000 millones de dólares, según estimaciones privadas y oficiales.
El sistema de capitalización ha funcionado concentrándose en un mercado más oligopólico, y de las alrededor de veinticuatro AFJP que existían en el momento en que entró en vigencia la norma ahora sólo hay once. Además, lamentablemente, de cada cien pesos que hoy recibe una AFJP en concepto de aporte de un trabajador se queda con más de treinta pesos. Por eso es que así como están las cosas hace rato que es sabido que esto no funciona.
Desafortunadamente no se halla presente en este instante la señora diputada Camaño, en cuya gestión a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se elaboró durante 2002 un estudio sobre el sistema de la seguridad social en la Argentina que se publicó en 2003 como el Libro Blanco de la Previsión Social, trabajo que he citado en diversas ocasiones.
Esa obra refleja de manera científica y con el mayor rigor las opiniones de especialistas no sólo de nuestro país sino de todo el mundo, algunos de ellos pertenecientes a organismos tales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Cabe señalar que esta importante publicación estuvo a cargo del actual secretario de Seguridad Social, doctor Conte Grand, y que en ese entonces eran funcionarios del ministerio del área quienes hoy todavía ocupan los mismos cargos.
Este trabajo se toma como la base para una reforma del sistema de seguridad social -recuerdo que está transcurriendo el cuarto año del gobierno justicialista del doctor Kirchner- y contiene conclusiones tan certeras e incontrastables que me permitiré leer varios párrafos para compartir con ustedes algunos conceptos realmente extraordinarios.
En síntesis, esta obra nos habla de la necesidad de una reforma integral del sistema, que no implica, como decía el diputado Thomas, el dinamitar el actual sistema sino el corregir aquellos aspectos que requieren ser modificados a efectos de otorgar a nuestro sistema de seguridad social la perspectiva de justicia que hoy le falta.
El sistema previsional vigente fue diseñado para brindar cobertura a los adultos mayores sobre la base de su inclusión en el empleo formal, o sea, la realización de aportes. Pero sucede que, a pesar de los esfuerzos que efectúe este gobierno y otros, existe una situación social de importante precariedad laboral, informalidad y trabajo en negro.
Variables que no se pueden modificar de un día para el otro han motivado que queden fuera de este sistema -que muy bien hoy propiciamos reformar- millones de trabajadores que jamás podrán jubilarse con estas condiciones porque nunca serán capaces de cumplir con los requisitos, en particular el de la exigencia de aportes de la norma vigente.
En el trabajo que he mencionado se describen el diagnóstico de la OIT, el informe de la OISS y la opinión de importantes especialistas, destacándose la necesidad de efectuar reformas que amplíen la cobertura y establezcan un sistema que atienda a quienes no logren reunir los aportes necesarios.
También esta obra menciona que sería conveniente enmendar la reforma previsional de 1993, a la que califica de tortuosa, con normas de eligibilidad para las prestaciones y para la realización de cálculos demasiado difíciles y disposiciones respecto de la cantidad de aportes que en los últimos años han ido complejizándose. En definitiva, aconsejaba avanzar en consensos para modificar esta ley, sin dinamitar el sistema de capitalización, pero otorgándole un marco de equidad del que carece.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de empezar a realizar correcciones. Reconocemos que es un paso importante. Sabemos que la opción es algo esperado por millones de trabajadores en todo nuestro país a quienes hay que brindarles una información adecuada, porque no todos tienen idéntica historia laboral y seguramente no todos tomarán la misma decisión.
Quizás hubiésemos querido un plazo mayor a los 180 días. También hubiésemos preferido que el seguro lo hubiese recuperado el Estado, ya que ahora se pagará mediante un fondo mutual que será financiado por todos los afiliados a las AFJP, aun quienes no están aportando. En consecuencia, un trabajador afiliado, pero que no está aportando, habrá de pagar un seguro que no lo estaría cubriendo a él. Estas son una serie de iniquidades que trataremos de remediar en la discusión en particular.
También nos parece relevante la cuestión de los recaudos para manejar los recursos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Sabemos que un artículo incorporado a la iniciativa intenta resguardar estos recursos, pero creemos que ello no es suficiente.
Consideramos que la ANSES debería estar sujeta a similares condiciones impuestas a las AFJP para manejar los recursos. En los últimos años la ANSES ha logrado un superávit de 9.000 millones de pesos, pero en un caso ha utilizado estos recursos para comprar fueloil a Venezuela -mediante un préstamos al Estado-, y en otro ha realizado un depósito a plazo fijo en el que se cobra una tasa de interés inferior a la tasa de inflación. Obviamente, no estamos resguardando el capital de nuestros jubilados.
Debería avanzarse en la discusión de un proyecto que otorgue autarquía financiera a la ANSES, a fin de cuidar que en el futuro no se dañe el actual superávit.
sra. presidenta vaca narvaja.- Ya se ha cumplido su tiempo, señor diputado.
sr. NIEVA, ALEJANDRO MARIO - - JUJUY.- Sólo utilizaré un par de minutos adicionales, señora presidenta.
No debemos perder la oportunidad de discutir un tema fundamental, que es la movilidad. El otro día estuve en una audiencia en el Senado en donde se habló de esta cuestión. Se encontraban presentes representantes de la CGT y sindicales, quienes hablaron bien de este proyecto, pero lamentablemente las organizaciones gremiales no defienden a los jubilados.
Debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia ha intimado al Congreso a dar respuesta a la cuestión de la movilidad, que no se resuelve con un aumento del 13 por ciento ni hipotéticos actos de gracia del Poder Ejecutivo.
Necesitamos una norma que establezca un mecanismo legal a efectos de que los jubilados no sean rehenes de "los actos del príncipe".
La Corte Suprema ha dicho: "...la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación, como pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para lo cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores." Luego continúa: "...su contenido no se aviene con disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un término incierto."
También señala: "...por otra parte, el tribunal tiene dicho que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación que presenta indudable limitación, ya que no puede alterarla (art. 28) sino conferirle la extensión y comprensión previstas en el texto que la enunció y que manda a asegurarla."
En el considerando 17 dice: "...no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego,
teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su artículo 75, incisos 19) y 23), impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social."
Estamos participando de una sesión muy importante, como lo fue aquella que se llevó a cabo en mayo de 1993. En esta ocasión vamos a modificar una ley que debe considerarse como política de Estado. Los alemanes hace tres años que vienen discutiendo la reforma a su sistema previsional. Estas son normas que exigen del consenso de vastos sectores, a efectos de no padecer los problemas que veces nos presenta la soledad de las decisiones o la suficiencia de creer que, porque ahora nos va bien o estamos gobernando bien, todo lo que hacemos es correcto.
Sin duda hay cosas que todavía faltan. Debemos avanzar en una reforma integral que brinde cobertura a los millones de argentinos que hoy no se sienten contenidos, y también debemos dar respuestas a las demandas de nuestros jubilados. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)
sra. presidenta vaca narvaja.- La Presidencia solicita al público presente que guarde silencio.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
sra. CHIACCHIO, NORA ALICIA - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: el proyecto que hoy nos disponemos a votar constituye un paso importante en pos del horizonte y del cumplimiento de los objetivos establecidos en nuestra Carta Magna en materia de seguridad social.
Este es un paso más a favor de la reconstrucción del sistema jubilatorio de los trabajadores de nuestro país. Si bien es cierto -debemos reconocerlo- que con este proyecto no se salda en modo alguno la deuda que nuestra generación tiene con los jubilados, también debo señalar que a través de esta iniciativa se restituye el pleno goce y ejercicio del derecho de libertad de opción para la elección del régimen previsional que a cada trabajador le guste, le convenga o le parezca más seguro según su propio criterio.
Son varias las reformas que este proyecto introduce pero, por su importancia, resaltan aquellas medidas relativas al derecho de opción, que pone punto final a una aberración que atentaba contra la libertad y los derechos de los trabajadores.
El régimen vigente también afectaba su futuro, porque muchas veces en forma indiscriminada y por sorteo, sin importar la edad, los ingresos o la regularidad laboral, la persona podía quedar presa de una maraña de intereses económicos, formando parte con sus aportes de un negocio -entre comillas-, en el que el único perjudicado era el "socio-trabajador".
A partir de ahora quienes quedaron atrapados en el sistema de capitalización en forma claramente involuntaria, por el sólo hecho de no haber dicho que no querían ir a una AFJP en el tiempo perentorio que la ley 24.241 establecía arbitrariamente -lo cual favorecía a los sistemas privados-, podrán volver al sistema público de reparto expresando simplemente su voluntad de hacerlo.
Además, este proyecto acaba con el polémico sorteo de indecisos, al establecer con claridad la inversión de la opción entre uno y otro sistema. A partir de ahora los trabajadores que ingresen al mercado laboral en relación de dependencia o como trabajadores independientes, tendrán a su alcance una opción legítima, que les asegurará una verdadera libertad de elección. Digo esto porque tendrán la posibilidad de optar por afiliarse a una AFJP, pero de no hacerlo, es decir, en caso de guardar silencio por propia voluntad o por desconocimiento, automáticamente quedarán afiliados al régimen de reparto, en el que podrán quedarse o salir cuando lo deseen. Esto sí es optar, y no descubrir que uno pertenece a una AFJP cuando le llega a su casa el primer resumen de la cuenta de capitalización.
El paso siguiente es descubrir que no se puede salir de ese sistema porque se venció el famoso plazo, cuando el trabajador mismo desconocía que existía un plazo para decir que no.
Llegar a estos logros no fue un camino fácil. Si bien fue un camino repetidamente transitado por esta Cámara de Diputados, que ha visto caer una y otra vez, bajo la influencia de intereses económicos y detractores, las iniciativas que pretendían plasmar estos mismos conceptos, hoy debemos estar contentos y agradecer, así como festejar, que por fin la voluntad de la gran mayoría de los legisladores que representan la expresión de la gran mayoría de los ciudadanos, y la insistencia y perseverancia de los autores de la iniciativa, felizmente han coincidido con la clarísima voluntad del Poder Ejecutivo nacional de mejorar el sistema previsional vigente haciendo los esfuerzos posibles por acercarlo al mandato constitucional, reforzando el rol del Estado en la protección de uno de los sectores más vulnerables y castigados y por qué no decirlo, víctima obligada de los vaivenes e intereses económicos que nada tienen que ver con la seguridad social.
El señor diputado Nieva dijo en su discurso que ningún gobierno es infalible, y es verdad: no hay que creer que hoy está todo bien. Pero hoy vamos a tener un proyecto, reformando algo y vamos a poder rectificar errores.
Algunos gobernantes no hicieron nada. Aquel político que esté libre de errores, que tire la primera piedra. Este proyecto tiene singular importancia y se relaciona con la libertad de elección en el sentido de que todo trabajador merece el aumento de la prestación adicional por permanencia, elevando el porcentaje a aplicar por cada año de trabajo posterior a 1994, bajo el régimen de reparto. Es decir que del 0,85 que tenía previsto la ley 24.241 se pasa al 1,5 por ciento, el mismo porcentaje que se aplica para el cálculo de la prestación complementaria.
Esto significa que el Estado mejora la prestación que va a otorgar, intentando poner equilibrio entre uno y otro régimen.
Con esto deja ser el propio Estado el que empuja o incentiva al trabajador a optar por el régimen privado en una estrategia desleal que orquestó la ley 24.241 junto con los grupos económicos. Es así que el régimen de reparto ofrece migajas por cada año de permanencia en su sistema, y a su vez, en forma simultánea, el régimen de capitalización ofrece una ficción imposible de garantizar. A través de costosas campañas publicitarias se ve a abuelos totalmente felices y conformes, con sus billeteras abultadas por el haber jubilatorio que les paga el sistema privado.
Desde diferentes flancos, se hizo todo lo posible para que la gente se fuera del sistema jubilatorio solidario: se la desalentó, se la desinformó, se restringieron sus derechos, se la incentivó deslealmente y en muchos casos se la obligó a firmar las fichas de afiliación a una AFJP.
Ahora podríamos decir que se está haciendo lo posible por parte de quienes tenemos la responsabilidad, y vamos en buen camino para que los trabajadores puedan elegir libremente, otorgándoles la certeza de que el Estado tiene un compromiso y el firme objetivo de lograr, paso a paso, sustanciales mejoras para el sistema previsional.
Prueba de este compromiso es la ley 25.994, sancionada por este Congreso y que de la mano de la firme voluntad y del esfuerzo económico del Poder Ejecutivo se transformó en una verdadera ley de inclusión social al sistema jubilatorio de reparto, mejorando y dignificando la vida de 900.000 personas que de otro modo nunca hubieran podido gozar de una jubilación a causa de la informalidad laboral y el desempleo, que les impidió realizar los aportes necesarios. Hay que seguir trabajando porque es absolutamente necesario que todos estos logros puedan proyectarse en el tiempo y sustentarse para crecer y mejorar, reduciendo al máximo las posibilidades de fracaso y los peligros propios de los sistemas de reparto. Hay que trabajar con insistencia para lograr que todos estos avances que favorecen al sistema previsional, y otros muchos que aún hace falta discutir a fondo, queden plasmados coordinadamente en una ley de reforma integral del sistema previsional argentino.
Pero hoy debemos alegrarnos. Este paso es muy importante. Lo que falta por hacer, así como los desafíos del futuro, no deben opacar este momento. Hoy se está dando respuesta a un reclamo de la sociedad y poniendo fin a una aberración que nunca debió existir. Hoy se restituye la libertad previsional a los trabajadores.
Por todo esto, el voto del bloque del Peronismo Federal va a ser por la afirmativa, para llevar esta iniciativa realmente a un buen resultado. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. PINEDO, FEDERICO - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: hoy tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros. Las decisiones que hoy tomemos van a impactar en los ingresos de quienes se jubilen el día de mañana, o a lo mejor dentro de muchos años. Por eso tenemos que tomar decisiones con responsabilidad, lo cual nos preocupa especialmente.
Hemos declarado públicamente, y lo ratificamos, que estamos absolutamente de acuerdo con establecer la libertad de elección del régimen -sea público o de capitalización- por parte de los trabajadores argentinos, pero nos preocupa especialmente que la decisión que tomen no termine en un callejón conocido de la política previsional argentina: el saqueo de los recursos de los jubilados, la utilización de estos recursos para satisfacer otros intereses y necesidades del Estado o de los gobiernos.
En consecuencia nosotros queremos acompañar la libertad de elección de régimen, con algunas medidas que vamos a mencionar que, de alguna manera, buscan garantizar la intangibilidad de los haberes futuros de los argentinos que se jubilen.
Nos preocupa la toma de decisiones en el día de hoy porque hay algunos temas que tenemos que afrontar, nos guste o no, y debemos resolver. El primero de ellos es universal, de todo el mundo, y consiste en que afortunadamente está aumentando el período de vida de las personas gracias a los adelantos de la ciencia. Pero también sucede -no afortunadamente- que disminuye la cantidad de hijos que tiene la gente, lo cual genera un doble efecto. Por un lado hay más pasividades que afrontar y por otro menos trabajadores activos para solventar con sus aportes las pasividades de sus mayores.
Esto requiere soluciones serias, no palabras; requiere soluciones y recursos. Tenemos que garantizar que esos recursos estén. Sin embargo nos preocupa que se hayan llevado adelante en la Argentina varios mecanismos de robo a los jubilados. ¿Qué mecanismos de robo a los jubilados existen? El más evidente es el de establecer una remuneración en un monto determinado, generar inflación y no actualizar los montos. Esto hace que con los mismos valores los jubilados compren menos cosas, y esto es una confiscación de recursos de los jubilados para ser utilizados en otras finalidades estatales. Esto es lo que sucede hoy cuando el gobierno se viene resistiendo hasta el momento a establecer un mecanismo de movilidad.
Por esta razón, para que nosotros acompañemos este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo vamos a solicitar que se establezca una cláusula de actualización del haber inicial de los jubilados, de modo tal que la primera jubilación esté en relación con el nivel salarial, y se determine una pauta de movilidad de las jubilaciones ya otorgadas para que conserven su poder adquisitivo en la misma proporción en que aumentan los salarios de la población. Si no se da esto, en mi criterio estamos frente a un caso de saqueo de los recursos de los jubilados que nosotros no podemos acompañar.
En segundo lugar, hay otras maneras de no pagar a los jubilados lo que se les debe. Una de ellas es no cumplir con lo que dice la ley. En este sentido, debemos recordar que las leyes argentinas establecen que cuando aumenta la recaudación se tienen que incrementar las jubilaciones. Todos sabemos que ha aumentado la recaudación y que por eso la ANSES tiene superávit, pero no proviene de las contribuciones de los trabajadores activos al sistema de reparto sino del uso de recursos impositivos antes de la coparticipación, que son cuantiosos. Sin embargo, ese superávit no debería existir, porque si aumentó la recaudación en la proporción en que lo hizo y se cumpliera la ley -cosa que no se hace-, esos recursos deberían revertir en mejores jubilaciones.
Otra manera de incautar los recursos de los jubilados es hacer solidaridad con su plata. Así vemos distintos mecanismos bastante curiosos: jubilados pagando solidaridad previsional o jubilados pagando impuesto a las ganancias, situaciones que habría que derogar del sistema argentino.
Asimismo, vemos la incorporación de gente percibiendo jubilaciones a pesar de no haber hecho aportes, lo cual nos parece bien como medida solidaria pero debería ser afrontada por el conjunto de la población argentina a través del presupuesto y no por los otros jubilados, a quienes nuevamente se los vuelve a saquear, y lo más preocupante es que esto no va a pasar de acá a quince o veinte años sino que está ocurriendo hoy mismo, señora presidenta.
Otra forma de sacarle plata a los jubilados es utilizarla para otras cosas que quiera el Poder Ejecutivo. Así vemos que ese superávit de las cuentas de la ANSES se utiliza para financiar al gobierno o, como se dice en la propuesta del Poder Ejecutivo, para financiar obras públicas, en lugar de financiar los haberes de los jubilados.
En este sentido hay un par de hechos preocupantes y absolutamente actuales. El primero de ellos es la resolución administrativa número 1 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es la que determina cómo se gastan los fondos del presupuesto que aprobamos. Ante mi sorpresa, advertí que en los recursos presupuestados para la ANSES hay una merma de 475 millones de pesos. A lo mejor después se le reponen, pero hoy lo primero que tenemos es que se le quitan mediante una resolución de la Jefatura de Gabinete, lo cual es casi una burla teniendo en cuenta la norma que sancionó el Senado recientemente estableciendo que los fondos de la ANSES deben ser intangibles y solamente se pueden gastar en los beneficios previsionales. Si esto es así, ¿por qué el jefe de Gabinete puede reducir el presupuesto de la ANSES en 475 millones de pesos? Realmente lo ignoro.
Hay otras cosas más. La plata de los jubilados, actuales o futuros, proviene en buena medida de sus aportes, y estamos por considerar en el recinto -hoy se trató en comisión- un proyecto de ley que ya cuenta con sanción del Senado. Dicha iniciativa determina que si hay empresas particulares que han retenido plata de los trabajadores para hacer aportes jubilatorios y no los efectuaron -es decir que se guardaron ese dinero o se lo robaron-, el Estado debe financiar a dichas empresas la devolución de lo que robaron. O sea que estamos haciendo un financiamiento estatal del producto de un delito; y en la misma norma también se propone amnistiar ese delito que implica la violación al Código Penal Tributario.
Esto es lo que se está proponiendo en el increíble proyecto de cuya existencia me enteré hoy, y ya fue aprobado en comisión. Se refiere concretamente a la regularización de las deudas de las obras sociales y los entes asistenciales. Reitero: se propone que el Estado financie la devolución de lo que implica el robo por haber retenido la plata de los trabajadores y no haber hecho los aportes correspondientes. Además, el Estado va a amnistiar a los delincuentes. Evidentemente, esto es muy grave como síntoma de cómo se manejan los recursos de los jubilados actuales y cómo se lo hará a futuro.
Otro aspecto preocupante es cómo se financiará el sistema estatal. En este sentido creemos que es un hallazgo del Poder Ejecutivo reiterar la coexistencia de los sistemas y permitir esta libertad de opción, tal vez limitadamente. Sin embargo, debemos solucionar el financiamiento pues ha sido siempre un problema muy grave.
El ex diputado Parrilli, que fue recordado recién por el señor diputado Nieva, decía cuando se sancionaba la ley vigente: "Cuando Carlos Menem asumió la Presidencia de la Nación en 1989 las preguntas cambiaron en materia jubilatoria, entre otras cosas, porque tuvimos que hacernos cargo de la crisis más profunda de la historia del país...". Esta misma frase la oí después. Continuaba diciendo: "Por eso debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no estamos arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Los nuevos problemas que se nos planteaban requerían creatividad, decisión y voluntad para escapar de los viejos encasillamientos ideológicos, para poder diseñar soluciones adecuadas, evitando los prejuicios del pasado...", se refería a los prejuicios de lo estatal versus lo privado. "Luego de largos años de tapar el problema y de intentar soluciones parciales..." -como la que hoy estamos planteando- "...que llevaron al sistema de previsión social a la ruina total, era necesario tomar el problema de raíz y resolverlo sin medidas demagógicas. Un nuevo régimen de jubilaciones que en su esencia solucione el problema del financiamiento y los beneficios futuros de los jubilados es lo que están aprobando". Terminaba diciendo: "La nueva legislación evita que el aporte de todos los trabajadores financie deudas de gobiernos que mal administran los recursos públicos."
En consecuencia, nos preocupan todos estos mecanismos a través de los cuales hoy se está quitando dinero a los jubilados. Debemos solucionar en forma conjunta algunos problemas.
Existe una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de este gobierno ante la Oficina Anticorrupción que plantea una serie de casos que deberían llevar a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a resolver los problemas que enfrentamos. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de una señora que estuvo catorce años tratando de que se le aceptara y cumpliera una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cobrar 300 pesos, y también se plantean muchos otros casos semejantes. La existencia de 185 mil pleitos contra la ANSES ha requerido la creación de un fuero especial para tratar todas esas causas. Los jueces recriminan al gobierno porque éste no cumple con las sentencias de la Corte Suprema y le dicen que está violando la Constitución. Existen denuncias ante organismos internacionales por violación de tratados que establecen que en un Estado de derecho no sólo se emiten sentencias sino que también hay que cumplirlas. Los jueces cuestionan que se distraigan los fondos de los jubilados, de la ANSES, sobre la base de decisiones del jefe de Gabinete, con superpoderes o sin ellos, para financiar distintas cosas; por ejemplo, aquello que recordara el señor diputado Nieva en relación con el financiamiento de aportes para Yacyretá o la compra de gasoil o este nuevo fenómeno de disponer condonaciones respecto de gente que comete crímenes penales robando activos sin realizar los aportes necesarios, disminuyendo así el presupuesto de la ANSES.
Nosotros vamos a proponer unas pocas modificaciones. Entre ellas, en el proyecto de ley debe establecerse claramente una pauta de actualización de los haberes iniciales y una pauta de movilidad relacionada con el índice general de remuneraciones fijado por el INDEC. Por otro lado, solicitaremos que la ley que rija sea la del momento de la jubilación, con excepción de lo relativo a las pautas de movilidad y de actualización. De lo contrario, hoy diremos a los trabajadores que se pasen al régimen estatal porque va a pagarles mucho, pero si el día de mañana la ley es modificada regirán nuevas disposiciones en el momento en que se jubilen y no las que hoy habremos de aprobar.
Entonces, pretendemos que en materia de movilidad y actualización rijan los principios que hoy venimos a garantizar y que aquellos que opten por el sistema estatal gocen de ese beneficio como derecho personal.
Por último, propondremos que se reglamente la facultad del Poder Ejecutivo de disminuir las comisiones, de modo que ello tenga algún fundamento respecto de las disminuciones significativas en los costos o los aumentos de la rentabilidad.
Mientras se solucionan las dudas que existen en torno del financiamiento, entiendo que no podemos mantener en el régimen estatal, sin resguardo alguno, a la gente que no tome ninguna decisión. Al respecto no vamos a proponer que los indecisos permanezcan en una AFJP privada o queden presos durante cinco años en el régimen estatal si consideran que han hecho una elección que no es la que más les conviene. Por eso, proponemos que los indecisos pasen a la AFJP del Banco de la Nación Argentina y puedan optar cuando quieran por el régimen estatal, por una sola vez. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. BULLRICH, ESTEBAN JOSE - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: para terminar con la exposición del bloque, simplemente deseo centrarme en dos puntos que me parecen importantes.
En primer lugar, ¿qué estamos resolviendo con la sanción de este proyecto de ley? La respuesta es una sola: absolutamente ninguno de los problemas de los jubilados. Más aún; los actuales jubilados con razón están reclamando la movilidad y el aumento de la jubilación promedio a 980 pesos, que es lo que tendría que haber ocurrido si cumpliéramos la ley, así como en su momento ascendió de 380 a 580 pesos.
La jubilación sigue siendo de 580 pesos, porque no estamos cumpliendo la ley que nosotros mismos hemos sancionado. Y digo "nosotros" porque esta institución llamada Congreso tiene que entender que cada uno de sus miembros es responsable para siempre de las decisiones que se toman en este recinto y no solamente durante cuatro años.
Por eso no podemos tomar decisiones demagógicas en el Congreso prometiendo a los jubilados -como lo hace esta ley- que dentro de veinte años les vamos a pagar más que lo que les estamos pagando ahora, porque eso es falso. No están los recursos para hacer lo que establece esta ley.
Me preocupan los cálculos que ha hecho el año pasado la misma gente que presentó la iniciativa sobre la jubilación solidaria, mal llamada "para amas de casa". En ese momento se dijo que se sumarían al sistema solamente 250 mil personas y ya hay 900 mil, lo que importa un costo de 4 mil millones de pesos al año para el sistema de jubilaciones de la Argentina, y estos 4 mil millones de pesos son a costa de otros jubilados que no reciben el aumento que merecen.
No podemos ser irresponsables y votar medidas demagógicas en este recinto. No se pueden votar leyes demagógicas. Como decía el diputado Parrilli en los años 90 y hoy lo manifestó el miembro informante, estamos hartos de la demagogia. Sí, señora presidenta: estamos hartos de la demagogia.
Cumplamos con lo que se nos está requiriendo. La Corte Suprema ha requerido al Congreso que se implemente la movilidad en forma urgente y no lo estamos haciendo. Estamos pidiendo que se cumpla con la ley y no lo estamos haciendo, y mientras tanto sorpresivamente en un año electoral sancionamos otra ley demagógica que lamentablemente tampoco se va a cumplir. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. SARGHINI, JORGE EMILIO - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: nuestro bloque va a acompañar este proyecto porque entiende que la propuesta va en un sentido positivo en cuanto a poder ejercer la libre opción. Existen argumentos para fundar esta posición, más allá de que como siempre tendríamos propuestas que podrían mejorar el texto en cuanto a la forma de hacer uso de esa opción, así como en materia de topes, de regulaciones y de tratamiento de las comisiones mínimas. Pero nos encontramos en esta remanida historia del "tómelo o déjelo" donde no hay ninguna posibilidad de discutir si se pueden mejorar algunas cosas que uno quiere acompañar.
Como decía el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nuestra responsabilidad no termina mañana sino cuando se cumplan los efectos de lo que hoy estamos votando. Entonces es absolutamente necesario que hagamos algunas advertencias para que todo el mundo tenga en claro hacia dónde vamos.
Estamos muy acostumbrados a las medidas basadas en el absoluto cortoplacismo, en el efecto inmediato, dejando el mediano plazo a otros. Estamos acostumbrados a ir dejando las decisiones de la política a los encuestadores de imagen. Pero eso es sólo para el diario de mañana, y esta reforma no lo es, porque va a tener impacto sobre los actuales jubilados, sobre los actuales aportantes, y debe mirarse con mucha responsabilidad.
Debemos señalar con toda claridad dos riesgos y una profunda preocupación, por lo menos para aquellos que tenemos a la justicia social como una de las principales banderas. El riesgo de corto plazo tiene que ver con qué hacemos con los excedentes de la ANSES. Sé que hay muchos jubilados que están muy contentos con la política de los mínimos, y es razonable que así sea. Sé que hay muchos hombres y mujeres de nuestra Patria que a lo largo de sus vidas no han podido hacer los aportes correspondientes porque el sistema los ha dejado afuera y el Estado ha decidido atenderlos, cosa que es correcta y acompañamos. Pero también sé que la ANSES tiene un superávit de 15 mil millones de pesos y no financia a los jubilados sino otros gastos, y coloca esos excedentes a tasas del 3, 4 y 5 por ciento cuando en realidad está devengando gastos que no paga a los jubilados y que cuanto menos se ajustan al 10 por ciento.
Por lo tanto, la ANSES se está comiendo en términos reales fondos que son de los jubilados, y esto debemos decirlo. Está muy bien la política de mínimos y de ir incorporando al sistema aquellos que no han podido aportar, pero está muy mal la política de usar los fondos de los jubilados para financiar otros gastos cuando todavía hay deuda para resolver con ellos. Movilidad hacia atrás a quienes la tuvieron y un buen mecanismo de movilidad hacia adelante, que no es lo que el presupuesto para el 2007 prevé, tal como lo señalamos en esa oportunidad.
Por lo tanto, deberíamos revisar varias cosas. Las provincias argentinas hoy no están tan ricas como el Estado nacional. Es más, como ya lo hemos señalado, nuestra provincia no sólo no va a poder financiar la reforma educativa sino tampoco la masa salarial de hoy. Esto lo vemos en los diarios; es la realidad. De no mediar alguna cuestión que no visualizo, en nuestra provincia el lunes no van a empezar las clases porque no tiene fondos para pagar ese mínimo, por justo que sea, anunciado por un ministro del gobierno nacional en campaña. ¿Quién financia esa campaña? Las provincias argentinas, a las que se acudió detrayendo el 15 por ciento de la masa coparticipable cuando el sistema era deficitario. Hoy el sistema tiene un superávit de 15 mil millones de pesos y las provincias argentinas no pueden pagar la masa salarial. Esto debe ser tenido en cuenta.
Por lo tanto, si no se puede revisar un camino de retorno para que las provincias argentinas recuperen financiamiento, y siguen financiando el superávit de la ANSES, lo menos que podemos hacer es garantizar que los excedentes de la ANSES sean intangibles y que por otro lado tengan la exigencia de un rendimiento cuanto menos del promedio del sistema de capitalización, es decir, una forma de capitalización estatal, y no que por mecanismos, que son legítimos, de la ley de administración financiera, se estén licuando con colocación de letras de Tesorería los excedentes de la ANSES, que son de los jubilados.
Entonces, como primera cuestión, debemos señalar este riesgo de corto plazo acerca de cómo se manejan los excedentes, porque no sólo están los excedentes acumulados de los 15 mil millones, sino que además este mecanismo de traspaso por supuesto traerá en el corto plazo una mayor caja de la ANSES, que debemos proteger. Los fondos de la ANSES no deben destinarse al financiamiento de otros gastos.
Por lo tanto, nuestro bloque está trabajando junto con otras bancadas en la elaboración de un proyecto -que muy rápidamente ingresaremos en este Congreso- que dé intangibilidad y, por otro lado, exigencia de rendimiento a los excedentes de la ANSES. Este es un riesgo de corto plazo que queremos dejar claramente señalado.
El segundo riesgo -más grave, diría yo- es de mediano y largo plazo. Hemos dicho que es muy buena la política de mínimos y que es correcto que haya planes sociales que contemplan la posibilidad de que quienes no han aportado perciban un haber mínimo. Pero si esto lo financia el sistema tendremos un riesgo a mediano plazo. Podrán decir que se presentará en tres o cuatro años; lo cierto es que el Poder Ejecutivo no ha acompañado esta iniciativa con un estudio sobre la seguridad del financiamiento en el mediano plazo. Sin embargo, algunas cuentas rápidamente ponen en claro el riesgo en el que nos encontramos.
Alrededor de un millón de nuevos aportantes y beneficiarios han ingresado al sistema por medio de la moratoria. Según estimaciones oficiales el número definitivo estará en torno del millón y medio de nuevos beneficiarios del sistema.
Los números oficiales -no se escriben, pero sobre su base se pueden efectuar proyecciones- estarían indicando que cuando a este millón y medio de nuevos beneficiarios se les deje de descontar la cuota se disparará un gasto de la ANSES de 10 mil millones de pesos por año, o sea, 1,5 veces el superávit del último año.
Esta sola razón estaría poniendo en riesgo el financiamiento del sistema en tres o cuatro años. En rigor se puede hacer cualquier cuenta, y quizá pretendan convencerme de que el plazo no será muy corto, utilizando el mismo argumento al que se acudió en 1994: que la evasión bajará. Si quieren utilizar este argumento, háganlo, pero permítanme que yo descrea de él.
Hay otros elementos que debemos tener en cuenta para evaluar los riesgos del financiamiento del sistema a mediano plazo. No se está pagando la movilidad, lo que significa que no se está cumpliendo con lo que la Corte ha ordenado, y con lo que es justo cumplir. Esto está generando gastos no contabilizados que en algún momento deberán pagarse. Pero lo que es más grave, se están devengado de la peor manera pues se fomenta la industria del juicio, a la que sólo acceden quienes tienen posibilidades porque es mucho más cara. Lo cierto es que estos gastos en algún momento se dispararán.
Sobre estas cuestiones podrán decir que se está trabajando en el combate a la evasión y que el sistema tenderá al equilibrio en el mediano plazo. Sin embargo, ¿cuál será la moratoria o el programa social que habrá que diseñar dentro de tres o cuatro años si hoy tenemos un 10 por ciento de desocupados y el 50 por ciento de los ocupados en negro? ¿Incluimos estos dentro del sistema? ¿Cuántos años durará el sistema? Hoy tenemos la responsabilidad de señalar este riesgo.
Pero la principal preocupación que quiero señalar -tal como la expresé al inicio de mi intervención- es la que tenemos todos aquellos que levantamos como bandera fundamental la búsqueda de una mayor justicia social. ¿Hacia qué modelo vamos? ¿Cuál es el modelo que queda dibujado con esta reforma?
Esta reforma contiene un gran incentivo para que los pobres pasen al régimen estatal y los ricos queden protegidos por la capitalización. Es indudable que si no se efectúa una modificación -nosotros no la conocemos ni está explicitada- esta reforma tiene una absoluta y total regresividad en el mediano plazo. Es verdad que implica un mecanismo de solidaridad, pero entre pobres. Los ricos estarán protegidos en el sistema de las AFJP. Esto es así porque no hay incentivos para que sea de otro modo.
Aunque nuestro bloque no está de acuerdo con el mecanismo de la opción, vamos a acompañar igual la iniciativa.
Está claro quiénes optarán y quiénes no lo harán. Cuando el sistema de financiamiento entre en crisis, serán los propios jubilados quienes deberán ser solidarios con los que ya se encuentren en el sistema de reparto, o podría ser que se acuda nuevamente a las provincias argentinas, o quizás sea el gobierno nacional el que auxilie al sistema.
En consecuencia, vamos a acompañar la iniciativa, pues únicamente establece una opción, que creemos positiva. Los riesgos de corto plazo están, y a los hechos me remito: hoy los excedentes de la ANSES financian otros gastos. Los riesgos de mediano plazo también existen, porque no hay ninguna garantía de sustentabilidad del sistema. Por el contrario, está claro que el sistema entrará en crisis si no se realizan nuevos cambios.
Finalmente, estamos profundamente preocupados porque este sistema no tiene nada de solidaridad previsional. La solidaridad sólo existe entre los pobres. ¿Será por eso que las AFJP no han dicho absolutamente nada?
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: en realidad, para mí hoy es un día -lo comentaba con mis compañeros- de sentimientos encontrados, porque viene a mi memoria la lucha de trabajadores -muchos de ellos eran jubilados, algunos de los cuales ya no están aquí, y otros eran trabajadores activos pertenecientes a distintos gremios-, de diputados y de ex diputados, que hoy están en este recinto.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Hemos luchado arduamente en 1994 para que esta maldita ley 24.241 no se hubiese sancionado nunca en la República Argentina.
Recuerdo muy bien la presencia del entonces secretario de Seguridad Social, Walter Erwin Schulthess, quien, vivito y coleando, hoy cobra por sus conferencias diciendo que la ley 24.241 ha fracasado y no fue exitosa.
En aquel momento lo teníamos en el recinto. Yo estaba sentada en aquella bandeja como una ciudadana común y silvestre, igual que ahora, pero no tenía el honor de ocupar una banca en el recinto.
Schulthess solicitaba a los diputados y les exigía que el proyecto de ley fuese sancionado en 45 días. Recuerdo la lucha de los diputados, muchos de los cuales están aquí presentes, y también la de nuestro Amancio López. (Aplausos.)
También vienen a mi memoria nuestro querido y nunca bien ponderado Jorgito Urriza,... (Aplausos.) ...asesor del senador y luego diputado Oraldo Britos, quien fue el primero que levantó la bandera del derecho de opción,... (Aplausos.) ... José Luis Di Lorenzo, Gerardo Gentile y Sergio Fiscela.
Todos nosotros éramos estudiantes del maestro Amancio López y nos llamaban subversivos. Para el sinvergüenza de Domingo Felipe Cavallo éramos subversivos porque decíamos que esto iba a suceder. Eramos subversivos porque en el recinto González Gaviola daba clases en las que demostraba que este sistema no iba a resistir.
Ahora escucho a diputados que hablan de movilidad y se preguntan por qué no se cumple con ella. Se habla de si este sistema es solidario o no, y de si es sustentable o no. Pero las administradoras: ¿qué son? ¿Son solidarias, son sustentables, garantizan un haber, y son gratuitas? ¿Cuánto nos cobran por simplemente administrarnos el dinero e invertirlo donde se les da la gana, como títulos de la deuda pública, como se los pidió el papá Cavallo? Así invirtieron el dinero de los trabajadores, mientras ellos se llevaban los pesos cobrados por comisiones al extranjero ¡Qué me vienen a hablar de movilidad!
Hoy es un día de sentimientos encontrados, porque voy a votar a favor de la libre opción. ¡Mi bloque va a votar por la libertad de los trabajadores! (Aplausos.) Tiene que existir libertad de decisión, porque el trabajador aporta, la Constitución impone y yo, como diputada de la Nación, tengo la obligación de proteger al trabajador. Justamente, esa protección se la brinda únicamente el Estado; lo hará mal, lo hará a destiempo y lo tendremos que "aggiornar", porque tardan un año y medio en otorgar un haber jubilatorio y diez años en pagar una sentencia, aunque en el presupuesto que aprobamos se incluyó la posibilidad de la conciliación, que ojalá se concrete.
¿Qué dan las administradoras? Sólo dinero para ellas. ¿Qué otorgan de garantía? Ahí lo tienen a Marcú contando los noventa y los ciento ochenta días, diciendo que quienes ganan 2.000 pesos les conviene permanecer hasta los cuarenta o cuarenta y cinco años en el sistema de AFJP y los últimos diez pasarse al sistema de reparto. Incluso el propio González Gaviola lo puede ver haciendo dibujitos, como lo hizo durante mucho tiempo. Así cualquiera dibuja.
Los únicos aportes y prestaciones definidos son los del Estado. Así lo impone la Constitución. Estoy de acuerdo con que el trabajador tenga la libertad de decidir voluntariamente, luego de cumplir con el rol que establece la Constitución, qué hacer con sus aportes. Pero no me vengan a hablar de movilidad. No vengan a exigir movilidad en el sistema de reparto, porque el que sacó la movilidad, el que nos sacó los fondos, el que no le ha dado nada a los trabajadores es este maldito sistema de administradoras.
Por eso tengo tantas observaciones y no puedo dejar de levantar la mano para que los trabajadores tengan la libertad de elegir. Pero la cuestión no es como la explicó el señor miembro informante, cuando manifestó que algunos van a ser contestatarios con los ciento ochenta o con los noventa días. Esto no lo digo pour la galérie ni por el mero hecho de criticar; el hecho es que no lo pudimos discutir, porque los funcionarios vinieron a esta Cámara, los escuchamos, nos escucharon y después se fueron.
Quisiera saber, de acuerdo con la información que maneja la Superintendencia de AFJP, cuál es el fondo promedio de los trabajadores. Esos fondos no llegan a los 8.000 pesos. Esa es la gran rentabilidad que han tenido las administradoras, a pesar de que los títulos públicos están cotizando a valores altos. De acuerdo con el boletín estadístico mensual de la Superintendencia de AFJP de octubre de 2006, en septiembre de ese año estaban en 7.077,44.
Por otra parte, me han dicho que las personas de cincuenta años, en el caso de las mujeres, y de cincuenta y cinco, en el caso de los hombres, que no lleguen a capitalizar más de 20.000 pesos pasarán al sistema de reparto -salvo que manifiesten lo contrario-, porque es el único que les garantiza una prestación. Sin embargo, esto no surge del proyecto, y por eso luego lo voy a observar.
Teniendo en cuenta todo esto me pregunto qué hacen los trabajadores en una administradora. Se tendrían que ir todos. Esto es una falacia, porque el sistema de capitalización no es un seguro social; no constituye un sistema jubilatorio. Debemos entenderlo, y es así no porque la administradora sea mala, buena, delincuente o no, porque todos sabemos que si una administradora baja la persiana va a estar el Estado -así lo establece la ley-, que siempre acude. Esto es simplemente un negocio. Por eso se instalan.
Por lo tanto, como diputada de la Nación no puedo decir a un trabajador que deje su futuro y sus años de trabajo en la ruleta rusa. Tampoco se lo puedo prohibir, porque si no estaría haciendo lo mismo que hacían Schulthess, Cavallo y Patricia Bullrich, que en la época de la Alianza vendían el sistema de reparto porque el Fondo Monetario así lo exigía. Por eso también subió la edad jubilatoria, aunque por suerte hoy vamos a derogar aquel decreto dictado por esa señora, que llevó el número 1.306.
Lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato constitucional. No estoy de acuerdo con el plazo de 180 días. Son doce millones de trabajadores y el 80 por ciento son indecisos. La ANSES va a tener que atender a 40 mil personas por día. ¿Qué le van a decir a cada trabajador que concurra? ¿Usted qué hace? ¿Usted es nuevo o viejo? ¿Usted ingresó por primera vez al trabajo porque incluso acá dice "relación laboral" y eso está mal?
No es que yo voy a poder elegir cada 90 días, cada vez que ingrese a una relación laboral, es al mercado laboral al que se refiere, porque no se puede entender que cada vez que cambio de trabajo tenga 90 días.
Yo nunca trabajé, nunca aporté e ingreso aportando. Tengo 90 días: ¿por qué debo tener 90 días? El sistema de reparto ha sido modificado, pero si nací en la Argentina, soy argentina, salvo que me quiera hacer ciudadana uruguaya.
Si una persona entra a trabajar, la Constitución establece un seguro social con autonomía económica y financiera, administrado por sus trabajadores. Entonces, queridos míos, éste es el sistema estatal, no es el sistema de sociedad anónima.
Vuelvo a preguntar por qué debo tener 90 días. ¿Por qué el Estado tiene que establecer plazos? Si yo ya estoy en una administradora, ¿por qué tengo nada más que 180 días hábiles y después por cinco años no puedo volver?
Quiere decir que le estamos dando las cosas servidas a los señores de las administradoras, que van a estudiar la lista del mercado y van a sacar las cuentas, como ya lo está haciendo Marcú en los diarios. No van a dirigirse al barrendero o al empleado municipal, que tiene un sueldo bajo: van a hacer como ocurría en el Congreso de la Nación, es decir, que cuando un trabajador ingresaba a la Cámara, al lado de la oficina de personal, estaba la administradora.
También puedo citar mi caso cuando trabajaba en Telefé. Al mismo tiempo en que yo gritaba en contra de la ley 24.241, en la planta baja estaba una señorita asesorando y garantizando una rentabilidad del 4 por ciento anual. ¿Qué garantizaba? Por suerte los diputados consiguieron incorporar al Banco Nación, que por lo menos da garantía de rentabilidad.
Pero esto o la ruleta es lo mismo. ¿Puede el trabajador decidir dónde invertir, cómo hay que reinvertir? ¿Por qué tengo que poner límites a una persona si el trabajador es libre? Al trabajador tengo que protegerlo, tal como lo manda la Constitución. La protección social se da a través del seguro social y el resto de lo que quiere hacer es decisión de él.
En consecuencia, este bloque tiene varias observaciones al proyecto, pero humildemente yo pido que se integre al cuerpo de la ley un artículo que permita la creación de una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, con la presencia de todos los actores sociales, absolutamente todos.
Si una reforma previsional no tiene consenso, no tiene credibilidad, no sirve, como no sirvió la ley 24.241, que fue impuesta. Reitero la necesidad de que formemos esa comisión para estudiar una reforma, porque si no esto se traduce en una consolidación de la 24.241.
Si después de cinco años, el trabajador sólo tiene 180 días hábiles para enterarse cómo es el sistema y cómo son las prestaciones a fin de que pueda volver, esto consolida a las administradoras y también consolida que los pequeños sueldos vengan al sistema estatal y los señores se sigan "riendo de Janeiro" mientras el 72 por ciento del incremento de la deuda externa lo debemos a la ley 24.241. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
sr. POGGI, CLAUDIO JAVIER - - SAN LUIS.- Señor presidente: en términos generales compartimos el proyecto de ley en tratamiento y adelantamos nuestro voto favorable. Compartimos la relevancia que tiene para el trabajador argentino recuperar la libertad de optar por alguno de los dos sistemas previsionales existentes. Es decir, la posibilidad para todo argentino aportante al sistema de seguridad social de poder elegir en qué sistema pretende estar, es buena.
Quienes están en el sistema de capitalización, que es la inmensa mayoría, podrán volver al sistema de reparto con esta ley dentro de un plazo de 180 días, y también tendrán la posibilidad de optar por cambiar de sistema en un plazo de cinco años.
Quizás este último plazo debería ser más corto, ya que en esta Argentina cambiante, cortoplacista, que trabaja para la tapa de los diarios de mañana pensando poco en las futuras generaciones, cinco años para rectificar una opción, una decisión, parece una eternidad. Pero bueno, en algún momento debemos pensar más en el largo plazo, y en este contexto los cinco años estarían bien.
No obstante ello, creemos que esta recuperación de la libertad de optar es lo más sobresaliente de la reforma. ¿Cuál sería a nuestro juicio el rol del Congreso Nacional a partir de esta reforma? Está claro que será el de controlar el destino, la administración y la evolución de los fondos previsionales aportados al Estado, ya que de hecho en el corto plazo los ingresos del Estado producto de esta reforma se incrementarán sustancialmente.
Es decir, si asumimos que de los casi 12 millones de afiliados que tiene el sistema privado de capitalización casi la mitad no optó formalmente por dicho sistema sino que ingresó por su silencio, de acuerdo con la ley votada oportunamente, y que hoy con esta reforma tendrán la opción de volver al sistema de reparto, es de suponer que los ingresos previsionales del Estado se incrementarán sustancialmente a partir de los traspasos desde el sector privado.
A esto debemos sumar que va a ser relevante para las arcas del Estado nacional el nuevo flujo de ingresos proveniente de las nuevas incorporaciones al sistema laboral, porque se va a eliminar la cautividad direccionada al sistema de capitalización en virtud del silencio de los nuevos aportantes y por el contrario este silencio va a hacer que pasen automáticamente al sistema de reparto.
Recordemos que el caudal de indecisos es muy alto, llega casi al 80 por ciento, y con esta reforma en su inmensa mayoría comenzarán a aportar al sistema público.
Nosotros compartimos esta modificación pero aspiramos a que el Congreso controle el manejo de dichos fondos incrementales para las arcas del Estado. Porque lo que lo que debemos tener en claro es que los aportes a los sistemas de seguridad social realizados durante la etapa económicamente activa deben entenderse como la compra de un derecho a recibir en el futuro -es decir, una vez retirado de la vida laboral- un flujo de fondos acorde a los aportes realizados, que es lo que llamamos jubilación o, en su caso, pensión.
Ahora bien, esta situación para el órgano receptor de los aportes -llámese Estado nacional o AFJP- representa una deuda que deberá saldar oportunamente. Pero se da la situación de que a esa deuda el Estado no la registra como tal; por más que se trate de un sistema de reparto o solidario, es una deuda que asume el Estado. Si se quiere, podemos hablar de una deuda oculta o invisible, ya que en Internet no figura dentro la deuda pública del Estado nacional que informa el Ministerio de Economía, pero es una deuda del Estado nacional. En consecuencia, nosotros debemos velar para que dicha deuda no se pierda de vista, y si se quiere, que está previsionada.
Por otra parte, lo que queremos decir con esto es que si los ingresos previsionales superan a los egresos previsionales -como vino ocurriendo en los últimos años y como va a ocurrir en el corto plazo a partir de esta reforma- no se tienen que "vender" como un superávit fiscal del Estado. El excedente previsional no es superávit fiscal del Estado, como se muestra en la actualidad, ya que no es de libre disponibilidad sino que debe afectarse indefectiblemente a una reserva, a la previsión de una deuda para cuando se deba cumplir con esta última. Ya tenemos una vasta experiencia en vaciamiento de cajas de jubilaciones, por lo que debemos evitar dicha situación.
La modificación incorporada por el Senado -entiendo que a propuesta del bloque radical-, reflejada en el artículo 15, dice que los fondos deberán ser invertidos conforme a la ley de administración financiera, debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos de beneficios del mismo sistema. Pero a nuestro juicio esto no alcanza, porque los superpoderes del jefe de Gabinete están por encima de esa cláusula.
Seguimos corriendo altos riesgos con los nuevos fondos incrementales del sistema previsional. Entonces, ¿qué función le queda al Congreso? Controlar, y para ello debemos legislar de manera tal que la ley de presupuesto nacional tenga expuestos en forma discriminada los ingresos y egresos del sistema previsional, su propio resultado financiero y un informe claro y preciso de cómo se conforma la cartera del ahorro previsional del sistema de reparto; todo esto separado del resultado primario y financiero que muestra el presupuesto de la administración nacional. De lo contrario, confundimos y posibilitamos a los fanáticos del tema "vender" un superávit fiscal inexistente, ya que mayoritariamente está integrado por el excedente previsional, que en realidad no es superávit fiscal sino una reserva o la previsión de una deuda para afrontar compromisos con los futuros jubilados.
Queremos que el sistema jubilatorio no sea un tema tabú como el de la deuda externa argentina, que nosotros como parlamentarios no conocemos porque la siguen manejando unos pocos y todo sigue igual. Debemos procurar que el sistema previsional sea transparente, y este Congreso -repito- debe controlar. Esta norma nos da la oportunidad de fijar pautas de control para este Congreso. De lo contrario, dentro de diez años en la caja de la ANSES sólo habrá pagarés del Tesoro Nacional y del Banco Central; es decir, cero plata. Esto ya nos ha pasado, y puede volver a ocurrir dado el actual marco legal; sin embargo, esta nueva norma nada cambia.
Las provincias no podrán aportar más de lo que aportan. Recordemos que el 15 por ciento de la coparticipación bruta financiará el sistema previsional. En épocas de déficit las provincias no pueden aportar más. Entonces, debemos trabajar para el futuro.
¿Por qué consideramos nosotros que esta ley puede perfeccionarse y permitir el control del Parlamento? Adicionalmente a la cláusula incorporada en el Senado, y consensuada con el bloque radical, se deberá anexar la exigencia de discriminar en las leyes de presupuesto el resultado financiero propio del sistema previsional, desagregado del resultado financiero y fiscal de toda la administración nacional, en el convencimiento de que dicho resultado no forma parte del superávit fiscal de la administración nacional. A su vez se exigirá al Poder Ejecutivo la implementación de un sistema de información periódica a este Congreso donde se nos muestre en qué están invertidos los ahorros previsionales previstos en el sistema de reparto; es decir, en qué invierte su cartera el Estado o la ANSES en materia de ahorros previsionales, que no son otra cosa que una reserva o una deuda no registrada que tiene el Estado nacional.
Con estas aclaraciones que podrían considerarse oportunamente como una propuesta de incorporación durante el tratamiento en particular de la iniciativa, nuestro bloque acompañará dicho proyecto de ley ya que el trabajador argentino recupera la libertad de opción, aunque simultáneamente reclamamos que este Congreso Nacional debe ejercer un mayor control de los recursos previsionales incrementales que ingresarán a las arcas del Estado nacional.
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
sr. BINNER, HERMES JUAN - - SANTA FE.- Señor presidente: hemos acompañado el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda con una disidencia parcial, porque vemos con beneplácito el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo nacional por cuanto, en líneas generales, significa un avance en relación con el sistema previsional vigente.
Nos complace ver, como lo expresáramos en nuestro proyecto de octubre del año pasado, que en este caso se trata de dignificar a los afiliados al permitir la libre decisión en la elección de un sistema previsional. Resulta muy importante permitir el retorno al sistema de reparto a todos aquellos que voluntariamente o no fueron incluidos en el sistema de capitalización. Recordemos que este sistema fue uno de los avances más significativos del neoliberalismo en nuestro país, que tuvo sus orígenes en el Chile de Pinochet. Los propios diputados y senadores socialistas de la concertación nos preguntaban repetidamente por qué en nuestro país tuvo siempre buena prensa el sistema de capitalización, cuando en Chile no sabían ni tampoco saben aún cómo resolver el problema de esta gran deuda social que dejó el neoliberalismo pinochetista. Nosotros, en la década del noventa, casi acríticamente incorporamos este sistema previsional, cuyos resultados -que todos conocemos- han sido mencionados con mucha claridad por los señores diputados preopinantes.
Entendemos, tal como hemos venido señalándolo durante todo el año pasado, que es necesario cumplir con la Constitución Nacional, particularmente con su artículo 14 bis que, entre otras cosas, asemeja el valor de la jubilación al del salario y al jubilado con el trabajador, planteando la necesidad de la movilidad automática.
Sobre la base de ello, en abril de 2006 nuestro bloque presentó una iniciativa vinculada a tal necesidad, y el tema también fue objeto de una manifestación de la propia Corte Suprema de Justicia en un caso importante -creo que se trata de Retamar-, que pidió al poder correspondiente -es decir, a éste- que fijara el quantum de la jubilación a fin de que el monto que debía percibir el jubilado o pensionado no obedeciese a un problema de asignación presupuestaria sino que constituyera un derecho adquirido. Lamentablemente, todavía estamos en mora constitucional, y por desgracia aún funciona la Argentina al margen de la ley, a la que aludiera el recordado Carlos Nino.
Debemos respetar a nuestros jubilados, a aquellos que aportaron durante toda su vida, pagándoles la jubilación que les corresponde, de acuerdo con la movilidad que debe fijar esta Legislatura. Debemos tener la hidalguía de derogar la ley 24.241, mal llamada "de solidaridad previsional", sancionada en la época de Cavallo, porque mediante ella se trastocó el histórico sistema de reparto en nuestro país, que nos ha diferenciado enormemente de la hermana República de Chile; de allí que ellos tengan las preocupaciones que tienen y nosotros todavía tengamos la posibilidad de volver a la fortaleza del sistema previsional argentino.
Creemos que es muy importante la libre elección -es decir, la opción-, tal como estableciéramos en un proyecto que presentamos el 12 de octubre de 2006. Cabe resaltar que el 29 de noviembre de ese mismo año trajimos otra iniciativa, vinculada con la intangibilidad de los fondos de la ANSES, porque estamos convencidos de que pertenecen a los jubilados. Por lo tanto, si luego de fijar el quantum de las jubilaciones existieran excedentes, estos deberán ser destinados a los propios jubilados, por ejemplo, mediante el otorgamiento de créditos para la vivienda en beneficio de aquellos que aún no han accedido a ella.
Realmente es importante que resguardemos estos valores, y lo hacemos desde un lugar que históricamente ha defendido esta posición, porque el bloque del socialismo ya señalaba en la década del 90 que al jubilado se lo quiso transformar en un agente de bolsa cuando en realidad son otros los que deciden sobre su futuro.
El Estado no debe renunciar a su papel de regulador a favor de los trabajadores que aportan para atender dignamente su vejez y la de su familia: debe recuperar su rol como impulsor de una sociedad de bienestar que defiende los derechos de quienes sólo cuentan con su fuerza de trabajo y deben hacer frente a las contingencias de su vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo, que pueden arrasar con su calidad de vida. Ese es el sentido de la seguridad social concebida como un sistema solidario, como un sistema de protección social cuando el trabajo falta.
Por lo expuesto nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley y en el debate en particular haremos algunas consideraciones respecto de ciertas disidencias.
Solicito la inserción en el Diario de Sesiones del proyecto al que me he referido.
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba, que comparte su tiempo con el señor diputado Delich.
sra. MORANDINI, NORMA ELENA - - CORDOBA.- Señor presidente: ¿quién puede oponerse a la libertad de elección, si el valor de la libertad reside precisamente no tanto en ejercer la libertad sino en tolerarla? Ponemos a prueba el valor de la libertad cuando respetamos la libertad de otros, sobre todo cuando ella está potenciada por la elección. Pero para elegir hace falta información.
Hemos venido a hablar de seguridad social, pero cuando lo hacemos nos estamos refiriendo a la economía, a la política, al Estado, a la sociedad. Se trata de un tema de altísimo impacto social, económico y político que no deberíamos reducir a la elección entre dos modelos: el que se ocupa de los beneficiarios y el que se ocupa de los aportantes.
Si en este año, 2007, la idea de la seguridad social está vinculada más a la idea de ciudadanía que a la de calidad del trabajador, como es nuestra herencia previsional, vale recordar que el ciudadano es un portador de derechos, y el derecho a la información es uno de sus derechos fundamentales.
Me temo que a la angustia que encierra el "qué me conviene" que escuchamos decir a la gente responderán menos los funcionarios que los creativos de las agencias de publicidad en las que se deposita la comunicación del Estado. Alcanza con recordar cuando la propaganda maciza de los años 90 en los diarios y la televisión nos vendieron la ilusión de que las AFJP eran una alcancía en la que estaban depositados nuestros ahorros previsionales protegidos por supuesto con la garantía estatal. Pero si la debacle financiera destruyó esta falsa ilusión también deberíamos poner en duda la comunicación que se deja en manos de los creativos de las agencias de publicidad, que son precisamente eso: creativos que terminan reduciendo los problemas y los temas de nuestra sociedad a simples lemas de impacto social.
La publicidad vive la paradoja de que cuanto más mentirosa es, más verdadera resulta. En cambio, la obligación del Estado es exactamente lo opuesto: consiste en igualar las desigualdades y comunicar de manera clara y verdadera sus políticas, es decir, informar para poder formar ciudadanos que conozcan sus derechos.
Sé que las comparaciones son odiosas. Aquí se ha recordado que Alemania lleva cuatro años estudiando cuál va a ser su reforma previsional. Es inevitable entonces que hablemos de Chile, el país que exportó su modelo y lo impuso sin reconocer en su momento las críticas o las advertencias que la realidad desgraciadamente confirmó.
Sin embargo en este momento podríamos mirar hacia Chile. Su presidenta, Bachelet, encaró una profunda reforma pero creó una comisión de expertos a quienes dio una consigna muy clara: que escuchen y después deliberen. Y el mismo Marcel que le dio nombre a la comisión confesó al cabo de varios meses de trabajo el espíritu con el que habían trabajado diciendo: "Ninguno de los integrantes debe pensar hoy exactamente igual que al principio." Les pregunto: ¿saben cuántas reuniones se realizaron? Se llevaron a cabo 49 audiencias, en las que se escucharon a más de trescientas personas y a 73 organizaciones. A su término, todos los expertos reconocieron que habían aprendido y ampliado su visión a un mundo real muchas veces distante de la academia. Para eso sirve el debate; esa es su riqueza.
¿Cuántos de nosotros en este recinto, que somos los encargados de trasmitir esta reforma, podremos decir que hemos cambiado nuestra visión, que la hemos enriquecido por la experiencia de otros, y sobre todo por el debate y por haber escuchado los intereses de los otros?
Todos, gobernantes, periodistas y académicos, tendemos a esquematizar la visión que tenemos del mercado de trabajo. Generalizamos lo que ignoramos y solemos convertir en categorías lo que ya la realidad ha hecho volar por el aire.
En esta Argentina de la debacle, que todavía se erige sobre sus escombros, ¡qué gran oportunidad estamos perdiendo de poder sentar a la misma mesa a todos los sectores involucrados, sin desconfianza y sin que esto signifique unificar la misma visión porque se impone la de unos sobre otros!
Para eso debemos cambiar la cultura de la confrontación por la del diálogo, que es lo que han hecho en Chile.
Después de haber escuchado muchas y diversas opiniones, de haber estudiado en profundidad los documentos y luego de las propias discusiones que se dan siempre en el seno de las comisiones, es natural que la visión se amplíe y tengamos una comprensión más completa y abierta sobre este tema o cualquier otro.
Me temo que los argentinos volvemos a perder una nueva oportunidad de ponernos al día con los cambios que se han operado en el mundo económico, familiar y laboral.
Cuando veo en las paredes de este edificio que se ofrece una jubilación solidaria, digna y pública, debo confesar que en mi intimidad me pregunto qué significa en los días de hoy ser solidario, cuando lo único que nos preguntamos es qué nos conviene. ¿Qué implica ser digno en una sociedad, si no se tiene incorporada la dignidad de los derechos humanos, y sobre todo el derecho a la información?
En esta Argentina, que todavía confunde Estado con gobierno, me pregunto a qué Estado se va a regresar si todavía no hemos debatido profundamente en este recinto qué tipo de Estado queremos.
Señor presidente, queridos colegas: sé que corro el riesgo de estar tocando siempre la misma tecla, pero de la misma forma que lo advertí desde el inicio, por débil que sea mi voz en este recinto, no dejaré de poner todos los temas que aquí nos convocan debajo de la luz de los derechos a la información pública para que la política también sea una formación. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
sr. DELICH, FRANCISCO JOSE - - CORDOBA.- Señor presidente: este debate tiene la particularidad de que probablemente el proyecto de ley sea votado casi por unanimidad, pero con argumentos diferentes y quizá radicalmente distintos. Por ello en primer lugar quiero tomar una perspectiva que por lo menos yo no he advertido que se haya considerado: la del Estado.
Cuando la ley vigente -que hoy no se propicia derogar sino modificar- se sancionó se tuvieron especialmente en cuenta los intereses y las necesidades del Estado. Obviamente además de tratar de paliar la virtual quiebra de todos los sistemas previsionales una de esas necesidades era recuperar el ahorro nacional, o sea, la idea de que ese ahorro sirviese al desarrollo argentino. Pero si hay un punto en el que la norma sancionada diez años atrás fracasó es justamente ese. Por eso considero que lo primero que deberíamos tener en claro en este recinto es que ese ahorro se transformó en un elemento de especulación financiera.
En muchísimos casos las AFJP nacieron como proyectos efectivamente solidarios. Grandes sindicatos argentinos, armaron su propia AFJP, como por ejemplo Luz y Fuerza. Esos gremios tenían claro que ese ahorro argentino se podía canalizar en el sistema productivo. Sin embargo, no ocurrió así. A medida que se fueron concentrando y que la competencia se tornó despiadada, cada vez más las AFJP tendieron a cumplir un papel financiero, dejando de lado al aparato productivo.
Quizá la modificación más importante que establece el texto en consideración es que las AFJP deberán destinar un mínimo de la inversión al aparato productivo. Esto ya constituye un avance sobre la norma vigente, pero quizá lo más importante es que ello muestra que en la práctica se puede articular el Estado con el mercado y el sistema de reparto -en rigor mixto, como el que tenemos- con el de las AFJP.
Si alguien piensa que con esta innovación se está perjudicando a las AFJP, quizá se deba a que no tiene idea de cómo funciona el sistema. Como muy bien lo apuntó el señor diputado Sarghini, lo que estrictamente sucederá es una limpieza en las AFJP de todos aquellos que no aportan y que pasarán al sistema de reparto. En consecuencia, es necesario prever las dificultades que en el mediano plazo se pueden presentar en los sistemas previsionales.
En realidad, con estas modificaciones tenemos la posibilidad cierta de contar simultáneamente con un sistema financiero fortalecido y con un Estado capaz de subvenir a las necesidades de nuestros jubilados. La cuestión es cómo evitar nuevamente una quiebra del Estado. ¿Cómo evitamos eventualmente que los jubilados sigan siendo los patos de la boda, como lo han venido siendo hasta ahora?
Aquí la única posibilidad que existe es la que lamentablemente no estamos votando ahora, aunque esperamos hacerlo pronto: la movilidad de las jubilaciones.
Por las razones expuestas y porque entendemos que esta es una buena fórmula de articulación del Estado, la sociedad civil y el mercado, el bloque del Frente Nuevo contra la Corrupción va a votar por la afirmativa. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO - j.c.l. - ENTRE RIOS.- Señor presidente: hoy existe una coincidencia muy importante en el Congreso de la Nación. Existen críticas parciales, pero esencialmente estamos en un plano de coincidencias que es trascendente no sólo en cuanto a la reforma que se está haciendo, sino también en cuanto a la que debe concretarse.
En el mensaje que el Poder Ejecutivo envía con el proyecto de ley, dice uno de los párrafos escritos por el ministro Tomada que el sistema previsional ha fracasado en la Argentina, y que la pretensión del Poder Ejecutivo es corregir desfasajes que la práctica ha ido poniendo en evidencia para poder hacer verdadera solidaridad intra e intergeneracional.
Debemos reconocer con absoluta sinceridad el fracaso del sistema previsional argentino. La culpa es de los argentinos y de todos los sectores políticos que han gobernado el país. Estamos todos incluidos; incluso, lamentablemente, los sectores militares cuando se nos quitó la democracia.
Es un problema de todos, pero lo que pareciera a veces peor es la existencia de una enfermedad psicológica, pues no somos capaces de pensar el futuro. Este no es un problema de los mayores, porque algún día nosotros también seremos quienes deberemos percibir una jubilación que se podría deteriorar con el trascurso del tiempo, todo por la impericia y la inescrupulosidad con las que a veces se ha manejado este aspecto.
Por eso me parece importante lo que decía la señora diputada Morandini. Este no es un tema para hablar sólo desde las emociones, ni tampoco desde una perspectiva general política o legal. Aquí no se han mencionado cuestiones actuariales o estadísticas. Se ha hablado muy poco de problemas financieros y casi nada de cuestiones económicas. Sin embargo, se trata de una iniciativa de largo plazo, porque así son las cuestiones de la seguridad social y la jubilación. Para saber cómo se puede financiar un sistema de largo plazo, tenemos que hacer muy bien las cuentas. ¿Qué cuentas nos han mostrado a nosotros en este momento? Ninguna.
Estamos aprobando una modificación a una ley para que exista una libertad de elección y para que el sistema estatal tome a su cargo el manejo de esta cuestión. El problema es que no conocemos los números. Lo único que sabemos es que en la Argentina hay entre un 40 y un 50 por ciento de personas que no aportan. Entonces, cabe preguntarse cómo se financia un sistema en el que los números no dan, porque los ingresos no son suficientes para cubrir los egresos presentes o futuros que se vayan generando. Esto es pura cuestión actuarial.
Me ha tocado presenciar discusiones sobre este tema desde hace quince años en congresos internacionales vinculados con la materia. Recuerdo cuando los japoneses decían por aquella época -corría el año 1992- que tenían un gran problema con los seguros de vida, con el régimen previsional y con los fondos de pensión, porque se había registrado un crecimiento en la longevidad y no habían calculado los aportes ni las primas de seguro para cubrir los siniestros o las jubilaciones que correspondieran. Hace quince años esto era materia de discusión en los países desarrollados, mientras que nosotros debatíamos sobre la forma de privatizar para que otros hagan negocio, sin analizar en profundidad la mejor solución para un problema de esta naturaleza.
No es una ley con un artículo cualquiera la que va a resolver el futuro de los jubilados argentinos. El año pasado el señor diputado Lozano presentó un proyecto de su autoría para resolver mediante el superávit financiero los problemas de los jubilados del pasado y hacer algo hacia el futuro. Pero lo cierto es que no se pueden hacer bien las cosas si no se tienen en cuenta estas cuestiones actuariales que recién mencioné.
Por otro lado, he tomado en cuenta las disidencias que se presentaron, que constituyen verdaderos aportes efectuados por diputados colegas del radicalismo y por la propia diputada María América González. Debemos tener en cuenta cuál es el uso que el Estado le dará a estos recursos y quién los va a manejar a partir de ahora. La legislación argentina se ha preocupado mucho por saber qué hacen las AFJP, indicándoles en algunos casos qué hacer. Pero también tendríamos que preguntarnos qué dice este proyecto con respecto a los recursos que va a tener el Estado al manejar las jubilaciones de la sociedad argentina. La verdad es que no dice nada; simplemente indica que va a actuar de acuerdo con la ley 24.156, de administración financiera, pero no fija ningún mecanismo sobre la forma en la que se deberán administrar esos fondos.
Recuerdo que en la década del 80 -antes de que se sancionara la ley que hoy vamos a modificar- se discutió mucho sobre este tema. El problema era la relación entre aportantes y jubilados. Me acuerdo que durante la administración del doctor Raúl Alfonsín se analizó esta cuestión frente al gran déficit fiscal que registraban las cuentas. Había dos inconvenientes: por un lado, el déficit fiscal del presupuesto; por el otro, la falta de encaje entre los que aportaban y los jubilados. Así empezó una vez más la recurrente crisis de los jubilados argentinos.
Sin embargo, ese no es un problema que se presenta sólo en nuestro país. Para explicarlo tengo que recurrir a las palabras de la señora diputada Morandini e incluso al propio Descartes, quien señalaba que no se puede ir rápidamente a lo general si previamente no se hace el análisis de lo particular. Esto es lo que debemos hacer, es decir, estudiar en particular lo que sucede en el mundo con respecto a este problema. En 2005, en Japón, uno de los países más desarrollados del mundo, se registraron tasas de natalidad negativa.
Como es un país cerrado, el gran problema que hoy se mencionaba del año 1992 y que ahora se está acentuando mucho más, es que tiene un decrecimiento poblacional. De esa manera, ¿cómo se va a financiar un sistema de la seguridad social donde caen los aportantes y donde la gente está acostumbrada a un estándar de vida?
Eso debemos analizarlo y también lo que pasa en la Unión Europea, con un problema demográfico y hasta familiar. La cantidad de personas o de natalidad promedio por mujer es de 1,5 cuando debería ser de 2,1 para que se preserve el número de la población.
Quiere decir que hay una tendencia a una disminución de la población en el mundo desarrollado y, en consecuencia, graves problemas previsionales o de la seguridad social.
¿Saben qué hicieron, por ejemplo, en Bélgica, allá por los años 1997, 1998 y 1999, cuando tuve oportunidad de discutir esas medidas en ese mismo país? Promovieron la inmigración, por ejemplo, de 150.000 habitantes de Rusia para que fueran contribuyentes tributarios a fin de que los números les cerraran. Es tan alto el haber jubilatorio en Bélgica que necesitan de muchos aportantes.
Traigo a colación este tema porque me preocupa que en este país digamos ligeramente que con esta ley vamos a resolver el problema, y no estemos haciendo los cálculos razonables en el marco de esa discusión que mencionaba recién la señora diputada Morandini.
Quiero dar algunos datos más y espero que los tengan en cuenta los señores diputados. Fíjense las previsiones de Europa para el año 2050, en que habrá tres veces más personas mayores de 80 años que las que hay hoy. Ese es el crecimiento de la longevidad. Además, un cuarto de la población europea tendrá entre 60 y 79 años. Ahí es donde uno se sigue preguntando cómo se hace para financiar el sistema.
Por eso, para ser sustentable, se necesita hacer una reformulación del problema mucho más amplia que esta. La propuesta que quisiera hacer a quienes han elaborado este proyecto está relacionada con lo que más me preocupa, es decir, con el manejo de los recursos financieros que va a tener el Estado. ¿Quién será la persona que los va a manejar, cuáles van a ser los criterios para la inversión de esos recursos tan importantes, cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener, quién va a orientar las políticas de inversión, así como se hace con las AFJP? Pareciera ser que nadie, según la ley, y eso me preocupa.
Por eso quiero hacer una modesta propuesta que está vinculada, precisamente, con el manejo de estos recursos y con la responsabilidad que se debe tener, en el sentido de proponer la independencia del poder político de la agencia administradora de los fondos en el Estado, de que haya transparencia en la designación y remoción de quienes estarán a cargo de la administración de los fondos, que exista idoneidad profesional y ética de éstos, que haya asignación de responsabilidades, que haya una política de inversiones, que haya sanciones en caso de incumplimiento, que haya difusión de información en relación con la administración de los fondos y que haya una implementación del sistema de control interno y externo donde estén los trabajadores y los jubilados también, para que sepan ellos o sepamos todos qué se está haciendo con la plata del pueblo argentino para cuando todos seamos viejos. Estos son los pilares fundamentales que tienen que sostener el sistema de reparto.
Si así no fuera y si no se cumpliera lo que dice el artículo 15 modificado de la ley -que se tiene que garantizar que todos los fondos que se cobren vayan a parar a los jubilados-, es decir, disponer que el Estado, a través del presupuesto general de la Nación, prevea todos los años los fondos necesarios para que se cubra el déficit que pudiera existir.
Es decir, o se lo hace por la asignación adecuada y cuidada de los recursos o se lo hace a través del Estado. En esas condiciones es que nosotros venimos a aprobar este proyecto, sobre la base de que en el largo o mediano plazo vamos a ir haciendo todas las correcciones que sean necesarias. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: quiero comenzar haciendo una aclaración a raíz de algunas aseveraciones de varios diputados preopinantes. Quiero dejar absolutamente en claro que no fueron todas las organizaciones de trabajadores las que se transformaron en sindicatos empresarios, que conformaron administradoras de fondos de pensión o que pusieron sus padrones al servicio de las administradoras.
Soy integrante orgulloso de una central de trabajadores, que es la Central de Trabajadores de la Argentina, que nació en la sociedad planteando como primer tema la pelea por el millón de firmas para los jubilados, para ponerle límite al oprobio que se estaba votando en el año 1994 en este Parlamento nacional. Por lo tanto, no todas las organizaciones de trabajadores tuvieron el mismo comportamiento.
En segundo lugar, quiero decir también que en realidad cada vez que este Congreso funda sus sesiones en recuperar las experiencias de lucha y los reclamos que están en la calle, se llevan a cabo sesiones históricas.
Del mismo modo en que hubo un aspecto histórico cuando aquí se discutió la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, también hay una cuestión histórica en la sesión que se está llevando a cabo hoy.
Porque más allá de las diferencias y de los contenidos puntuales del proyecto hay dos reconocimientos institucionales fundamentales que son mojones para continuar la pelea por un nuevo sistema previsional que, ciertamente, no está terminada con esta ley.
Uno es el reconocimiento a la lucha de los jubilados, de los trabajadores y de los intelectuales que batallaron contra la propuesta de privatizar el régimen previsional, y otro es el reconocimiento institucional de la estafa que supuso el régimen privado de fondos de pensión, que contra toda argumentación sólo produjo más déficit, endeudamiento público, menor cobertura previsional y haberes de miseria.
Estos dos reconocimientos definen un punto de inflexión en la historia que es el que hay que seguir abonando para construir el sistema previsional que necesitamos.
Está claro que la propuesta de la libre opción, el planteo de que los indecisos vayan al Estado, la decisión del tope a las comisiones, el planteo teórico hasta el momento de la reducción del costo del seguro y el incremento de la prestación adicional por permanencia que puede mejorar la jubilación pública son lineamientos positivos.
En realidad, con independencia de lo que uno pueda decir del proyecto que se está discutiendo, eso es lo que permite que uno lo acompañe en términos generales.
Es absolutamente indispensable que más allá de reconocer el momento en el que estamos y los aspectos positivos que están en discusión, uno señale en concreto preocupaciones que están planteadas en el articulado de la iniciativa y que reclame al bloque oficial la apertura suficiente como para receptar modificaciones que, efectivamente, transformen este proyecto en una transición a una nueva reforma, y que no sea meramente una propuesta de modificación que termine complicándonos las cosas.
Por eso reclamaría del bloque oficial un comportamiento parlamentario distinto al que tuviera, por ejemplo, cuando discutimos aquí la deuda del grupo Greco, oportunidad en la que, a pesar de que varios preguntamos de qué se trataba, no se nos permitió informarnos y discutir; en lugar de aceptarse un planteo concreto se votó a pie juntillas como si nada se hubiera dicho.
En realidad, en un tema tan liminar como el que estamos discutiendo hoy es obligación abrir la cabeza y discutir seriamente los artículos en particular para que esta norma sea lo que efectivamente debe ser. En este sentido, el núcleo del problema que nosotros observamos es el siguiente: la convivencia y la propuesta de opción entre dos sistemas que son incomparables.
Para ser precisos, la libre opción en sí, que es justificable como transición a otro sistema, es imposible de sostener a futuro. Esto debe decirse en el debate de este proyecto, que plantea un dilema descabellado que pretende comparar dos sistemas que son incomparables: el sistema de reparto intergeneracional y el sistema de capitalización individual. Ambos sistemas no son comparables y la libre opción no se puede sostener a futuro. La libre opción es un tránsito, y esto debe ser explicitado en el proyecto.
Uno podría comparar el régimen de capitalización privado con el régimen de capitalización público. Podría justificarse que fortaleciéramos el financiamiento del sistema público y que introdujéramos mecanismos de competencia al interior del régimen privado, como por ejemplo que en lugar de cobrar las comisiones gratuitamente las cobraran por encima de un rendimiento mínimo. Es decir que hay mecanismos para utilizar; pero lo que no se puede plantear es una comparación entre lógicas absolutamente distintas.
Además, en las circunstancias en las que estamos es totalmente descabellado plantear como opción a la población argentina el régimen de capitalización privado. Esto es así, en primer lugar, porque en nuestro país -según datos oficiales- a finales de 2006 el ingreso promedio de los argentinos era de 904 pesos, y con estos ingresos no hay sistema de capitalización privado que valga. Consecuentemente no tiene sentido plantear esa opción. En la situación laboral que hoy tenemos en la Argentina -no la que declamamos que vamos a tener en un futuro maravilloso-, donde el 60 por ciento de la fuerza laboral está desocupado, en negro o transita en la informalidad, no hay ninguna posibilidad de plantear un esquema opcional.
Plantear la opción y la convivencia de los dos sistemas como lógica supone desfinanciar a futuro el régimen público, porque lo que termina ocurriendo es que aquellos que tienen altos salarios, estabilidad laboral y empleo en blanco quedan como aportantes en las administradoras -y son los mayores y mejores aportantes, porque con sólo el 11 por ciento del total de los asalariados se junta el 35 por ciento de la masa salarial total- y la mayor parte de los jubilados se va a quedar en el sistema público.
Por lo tanto, la convivencia de ambos sistemas y la lógica de la opción, que es válida como propuesta de transición, no es válida como hipótesis de futuro. Por eso hay que explicitarlo.
Además, también es cierto que mantener la opción plantea la posibilidad de un comportamiento especulativo, para que quienes tienen salarios mayores aporten al comienzo en el régimen privado y una vez pasados los 45 años de edad se vayan al régimen público y reciban un subsidio, y esto también desfinancia y quita recursos al sistema previsional público. Por eso, tampoco sirve mantener la idea de la opción a futuro.
En realidad, en la Argentina que tenemos no hay lugar para plantear la vigencia futura del régimen de capitalización. Lo lógico es tender a fortalecer un sistema público que garantice dos pilares. Uno de esos pilares debe ser la jubilación universal para todo aquel que no tiene la posibilidad de aportar los años que hay que aportar, jubilación universal que hay que financiar con rentas generales y no con aportes y contribuciones, como se está haciendo, impidiendo actualizar los haberes en el sistema público y condenando a este último a pagar, en un 65 por ciento, haberes mínimos. Es más, la moratoria anticipada o jubilación anticipada que hoy se está utilizando, que es razonable y entendible desde el punto de vista de tratar de dar cobertura previsional, no se justifica desde el aspecto de su financiación. En realidad hay que financiarla desde el presupuesto, porque estamos tomando una deuda que a diez años es de 66.000 millones de pesos y no tenemos fondos para afrontarla.
Y hay un segundo pilar imprescindible, que es el régimen de aportes y contribuciones, con capacidad de plantear haberes que puedan ser sustitutos del salario, siempre que esté financiado adecuada y genuinamente.
Por todo esto queremos plantear un conjunto de modificaciones, y vamos a intentar hacerlo durante el tratamiento en particular de la iniciativa. Creemos que es indispensable que este universo de coincidencias que todos tenemos respecto del tema de terminar con el oprobio que supuso el régimen privado de fondos de pensión, sea efectivamente cierto.
Voy a respaldar este proyecto de ley porque he sido parte de la misma disidencia que presentamos de manera conjunta con la señora diputada González respecto de la necesidad de incorporar un artículo que establezca la creación de una comisión bicameral para que en un plazo determinado proponga un nuevo sistema previsional para la Argentina. Si esto es una transición, es indispensable que quede explicitado en el proyecto de ley que hoy estamos por sancionar.
También acompaño la propuesta que busca que los fondos de la ANSES tengan no sólo intangibilidad sino que no puedan ser invertidos por debajo del rendimiento que supone la inflación, generando un deterioro en términos de capitalización y de recursos públicos.
Por otro lado, voy a plantear la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema público. No se entiende por qué razón no unificamos en este proyecto de ley la situación de que quienes aportan al régimen privado aportan el 7 por ciento y quienes lo hacen al régimen público aportan el 11 por ciento. Creo que esto debe ser unificado.
Tampoco se entiende por qué estamos poniendo un tope a los salarios de más de 6.000 pesos, cuando en la práctica necesitaríamos garantizar aportes y contribuciones sobre toda la masa salarial que tuvieran por destino financiar el sistema público de reparto, dado que estamos tomando compromisos que efectivamente resultará necesario financiar.
Menos se entiende aún que no estemos restituyendo las contribuciones patronales que se redujeron en el año 1993 por razones vinculadas con la excusa de la convertibilidad y del uno a uno, y no estemos hoy, devaluación mediante, restituyéndolas a los niveles históricos para recuperar 10.000 millones de pesos que está perdiendo anualmente el sistema previsional.
Me hago eco también de aquellos planteos que no le encuentran lógica al tema de los 180 días. Efectivamente, no la hay: ¿por qué va a haber límite para volver al Estado y no para volver a los privados? Esto no tiene sentido. Es cierto y razonable que haya compañeros y organizaciones que estén convocando a movilizaciones y debates para que todos nos pasemos al Estado; pero también es cierto que en este recinto nosotros tendríamos que ayudar incluyendo en el articulado lo que corresponde: que no haya límites ni plazos para volver al Estado.
No se entiende por qué, si elegimos un presidente por cuatro años, hay que elegir el régimen de administradoras para cinco. Me parece que esto no tiene ningún sentido; tal vez podrían ser dos años.
También es conveniente dejar en claro que existe un peligro, si no modificamos algunos aspectos, de que esto sea funcional para las administradoras. En primer lugar, por qué razón, si estuvieron cobrando gastos administrativos cuando no hicieron nada, ahora vamos a garantizarles un 1 por ciento para que la gestión de los beneficios de los afiliados que no les aportan la haga el Estado. ¿Por qué razón hay que sostener esta situación después de que durante trece años han cobrado de la manera que cobraron? ¿Por qué razón, en un contexto donde cobraron e hicieron ganancias extraordinarias con el seguro con empresas integradas en la cadena bancaria, hoy este seguro se les transforma en un problema?
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1a de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Las grandes administradoras que vivieron traspasos tienen un costo mayor al 1,5, mientras que el Nación tiene 0,90, y ahora resulta que vamos a mutualizarlo, porque hay que hacer pagar al Nación, que ha demostrado mayor eficiencia, la ineficiencia de los grandes sectores privados que controlan el negocio de las administradoras.
En este sentido, me parece que es indispensable abrir la cabeza y modificar el articulado para que lo que estamos analizando no tenga dos efectos simultáneos: por un lado, desfinanciar el sistema público a futuro, más allá de la caja inmediata que promueven los indecisos, y por el otro, terminar sacando el lastre de la gestión de beneficios y mejorando la relación aportantes-afiliados a las AFJP.
Por todo esto, porque hay un compromiso histórico con la lucha de los jubilados, con los miércoles permanentes en reclamo por una modificación en este sentido, el Congreso deberá rendir homenaje abriendo la posibilidad del debate para que esta ley sea el fruto de la coincidencia general respecto de lo que todos venimos cuestionando sobre lo ocurrido en la Argentina. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. BONASSO, MIGUEL - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: sin perjuicio de que coincido con el señor diputado preopinante en el sentido de que es necesario un nuevo sistema jubilatorio, vamos a acompañar el proyecto de ley en debate porque entendemos que viene a reparar una de las leyes más tenebrosas que el modelo neoliberal instauró en la Argentina mediante el sistema privado de capitalización, que contribuyó al despojo del patrimonio nacional y a que fueran arrollados los derechos que los trabajadores conquistaron en nuestro país tras largos años de lucha. Asimismo, ese sistema significó la concentración hegemónica del capital financiero. En consecuencia, aunque sea parcial, su reparación es absolutamente bienvenida.
Perdóneseme por la autorreferencia, pero quisiera recordar en este recinto que los dos aspectos fundamentales que encara la iniciativa en debate estuvieron contenidos en un proyecto de mi autoría, acompañado por varios señores diputados, registrado bajo el número de expediente 6287-d-2004 - ; me refiero a la posibilidad de que el trabajador pase de una AFJP al sistema estatal -contemplada en el artículo 14- y a la disposición que establece que en caso de que el trabajador no ejerza su derecho a opción entre el régimen previsional público de reparto y el de capitalización, se entenderá que ha optado por el primero de ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°.
Es decir que en aquella iniciativa efectivamente planteábamos algunos de los aspectos contemplados en el proyecto en debate, que merece ser respaldado claramente por el bloque Convergencia. Consideramos que fue absolutamente autoritario -y no es casual que estas ideas hayan salido del mismo cerebro- mantener al trabajador en el sistema de capitalización, en una especie de corralito, dejándolo sin opción.
Por otra parte, se establece el pasaje al sistema estatal respecto de quienes faltándoles diez años para jubilarse no tengan suficientes aportes en la AFJP. Este es otro punto muy positivo en el proyecto. Aunque, como se señalara, aún es teórico, se determina un tope máximo para la comisión cobrada por la AFJP. Además, se fija la obligación para las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones de que parte de sus ganancias sea destinada a inversiones productivas y no especulativas. Recuerdo que al respecto oportunamente presentamos un proyecto a los fines de intentar la reactivación industrial en la República Argentina, y en tal sentido creo que algunos señores diputados tenían nuestra misma preocupación. En consecuencia, al fijarse como condición un mínimo del 5 por ciento, se busca -repito, me parece correcto- que fondos en poder de las AFJP se destinen a la producción. Asimismo, respaldados por otros diputados, planteábamos la creación de un banco nacional de desarrollo industrial que permitiera que el excedente de los commodities que estamos exportando pudiera reorientarse hacia la reindustrialización del país.
Por otra parte, nos parece positivo eliminar el sistema de seguros de las AFJP y establecer un fondo mutual. A nuestro juicio, hasta ahora los seguros fueron una gran maniobra de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones para incrementar sus ganancias.
En síntesis -como lo decía al comienzo y para ser muy breve-, apoyamos en general y en particular este proyecto de ley, pero ello no obsta a que consideremos que efectivamente debemos avanzar hacia una reforma general del sistema jubilatorio en la Argentina que nos permita ir regresando a lo que conoció nuestra generación: la presencia de un estado de bienestar en nuestro país. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: como ha ocurrido en varias oportunidades en los debates llevados a cabo en este recinto tengo la sensación de que se sigue tratando de poner Curitas, dar aspirinas o practicar maniobras de primeros auxilios a un enfermo de cáncer. Creo que se parte de un concepto que no comparto, que es el de considerar que la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a seguridad social no es realmente un problema de solidaridad y responsabilidad que se debe cumplir sino que es una cuestión que está absolutamente condicionada a un problema económico. Esto es lo que siento a pesar de los discursos que escuchamos de uno y otro lado.
Si bien venía con la idea de votar a favor esta iniciativa, salvo algunos artículos respecto de los cuales pensaba plantear alguna disidencia, adelanto que me voy a abstener en esta votación. Considero que pronunciarse a favor de este proyecto es seguir avalando a las AFJP y su negocio, poniendo una vez más el problema financiero y económico delante de la responsabilidad del Estado en materia de seguridad social. La verdad es que me niego absolutamente a hacer eso.
Una jubilada nos gritaba en la cara que tenemos que derogar la ley 24.241, y nosotros no lo hacemos. Esa ley se sancionó en este Congreso con el mismo partido hoy gobernante a sabiendas de que se pasaba la responsabilidad del Estado a un negocio de algunas empresas -más precisamente, de los bancos. Esto fue lo que hicimos a nuestros mayores, los viejos, nuestros padres, que trabajaron y aportaron al sistema durante toda su vida. Además, a los aportes que hacen los trabajadores se les quita aproximadamente el 30 por ciento por gastos administrativos. Eso no fue más que un robo. Me pregunto si los diputados que en este Congreso votan el robo y la estafa serán penados legalmente alguna vez, si van a ir presos. Digo esto porque ahora es muy fácil modificar las cosas diciendo que nos equivocamos o que cometimos un error. Acá no hubo errores sino políticas surgidas a partir de las órdenes de los organismos financieros que exigían reducir gastos para poder seguir pagando deuda externa.
El propio Ministerio de Economía, en una reciente publicación de diciembre del año pasado titulada Indicadores Económicos - Argentina señala que desde el año 2002 hasta el 2006, como producto de la reducción del 13 por ciento sobre los gastos primarios -esto significa que quedaban eximidos los gastos de pago de la deuda externa, con lo cual ésta debía pagarse en forma completa- se produjo un ahorro para el Estado de 40 mil millones de pesos que salieron de los jubilados y de los asalariados, además de otros gastos relacionados con la educación, con la salud, etcétera, que constituyen el salario indirecto que tienen los trabajadores. Digo esto porque la educación, el hospital y todas las asistencias públicas que el Estado está obligado a brindar representan una forma de salario indirecto, porque si bien el trabajador no gasta en un hospital, trabaja y produce para que se invierta en él. Sin embargo, desgraciadamente esto no se hace y a ello se debe el deterioro tremendo que hay en la educación y en la salud, que están absolutamente degradadas. Esta es una responsabilidad de los gobiernos que hoy se siguen manejando con esta misma orientación, que se viene gestando desde hace muchos años.
Esta reducción de gastos de 40 mil millones de pesos, según esta publicación, se da en referencia a los años 1999 y 2001, pertenecientes a una década infame.
Nos encontramos frente al problema de que aquí se pretende seguir discutiendo en función de cuánto hay en la caja y cómo es el negocio. Incluso hubo diputados que expresaron que las jubilaciones de las amas de casa significaban un costo de 4 mil millones de pesos, y lo reafirmaron alarmados. Esos mismos diputados son los que votan aquí exenciones impositivas a las petroleras, siguen sosteniendo el Código Minero con las exenciones impositivas que permiten a las empresas continuar llevándose 40 mil millones de pesos; no los 4 mil millones de pesos para que las amas de casa puedan sostener a sus familias. Las empresas mineras siguen llevándose miles y miles de millones de dólares sostenidas por este Congreso.
Vuelvo a preguntar: ¿alguna vez va a ir preso algún diputado que vote estas leyes que van contra el pueblo? ¿Alguna vez van a ir presos los diputados que votan para que se siga saqueando nuestro país mientras el 50 por ciento de nuestros chicos está en la pobreza?
Hay que tener cuidado porque la gente se cansa. Se cansa de seguir teniendo el 10 por ciento de desocupados, siendo benévolos, si no incluimos a los programas jefas y jefes y otros planes asistenciales, que elevarían muchísimo esa cifra; y por supuesto con salarios en negro.
La gente se cansa de seguir teniendo que trabajar en la actividad privada con salarios en negro. Hay un 50 por ciento de trabajadores que cobran en negro, pero además, una parte muy importante del resto de los que supuestamente cobra en blanco, percibe en negro porciones de sus salarios; en algunos casos hasta la mitad, pagada por el Estado. Este es el caso de los docentes de casi todas las provincias de nuestro país. En Santa Cruz, la provincia del presidente Kirchner, se está pagando el 50 por ciento de los salarios en negro. Allí el sueldo básicodel docente es de 161 pesos y con algunos agregados en blanco llega a alrededor de 900 pesos -se puede comprobar con sólo acceder a un recibo de sueldo-, mientras otra parte, cercana también a los 900 pesos, es en negro. Si una persona tiene dos cargos como docente, en el segundo no cobra 1.800 sino 900. Es vergonzoso: le roban, y me estoy refiriendo a Santa Cruz.
Aquí hay un problema de fondo porque hay jubilados que cobran una miseria. Algunos de ellos hoy deberían estar cobrando como haber mínimo aproximadamente 1.200 pesos, pero con todas las leyes que aquí se sancionan sólo llegan a percibir 530 o 580 pesos, cuando los precios de los medicamentos han subido una barbaridad y los de los alimentos siguen aumentando a cada rato. La gente no come hierro ni otros metales sino naranja, lechuga y tomate, cuyos precios han subido el 400 por ciento en los últimos tiempos.
Sin embargo, aquí se sostiene que esto es la panacea, que todo está bien, bárbaro. ¿Cómo no va a estar todo bárbaro si desde 2002 a 2006 se pagaron al Fondo Monetario Internacional 26.500 millones de dólares, o sea, 79.500 millones de pesos? ¿Saben cuántas viviendas se podrían construir, cuántos chicos se podrían sacar de la calle y a cuántos jubilados evitarles la muerte, el suicidio, la mala atención y la desprotección?
Se acumularon 25 mil millones de reservas internacionales. Hay que tener cuidado y guardar la plata para seguir pagando por si nos va mal y el superávit fiscal disminuye.
Mientras algunos miembros del bloque mayoritario se sonríen frente a estos datos oficiales y los desprecian, la gente sigue muriendo porque algunos no asumen la responsabilidad de cambiar la realidad, cuando ello es posible.
Por supuesto está claro que esa realidad no se va a modificar aquí, pero el pueblo sí lo hará. Debemos cambiarla porque el futuro de nuestros hijos y nietos dependerá de lo que hoy hagamos, pero lamentablemente aquí no se representa a los intereses de la gente.
Si se aprueba este proyecto será posible el pase al sistema de reparto, pero seguirá el régimen de capitalización vigente, que acumuló 70 u 80 mil millones de pesos que deberían pasar al Estado para ser distribuidos entre los jubilados.
Creo que se requiere un cambio más profundo que este gobierno no realiza. Se dice que se está recuperando el petróleo, pero cuando existe urgente necesidad de sostener el crecimiento económico para nuestro pueblo, se siguen entregando nuestros recursos naturales. El año pasado aquí se sancionaron exenciones impositivas a las petroleras.
En la medida en que se siga considerando que la educación, la salud, los viejos y los chicos pueden representarse mediante números, vamos a seguir en la misma situación.
Ni el Congreso ni el gobierno están cambiando las cosas, porque se sigue manteniendo el mismo poder económico. Quienes se siguen llevando la plata de este país son los mismos que antes. Cambian algunos sectores económicos, según se acomodan en el poder.
En la década del 90 se trataba del capital especulativo financiero y los servicios; en este momento, a caballo de la política del presidente Kirchner, se llevan la plata las petroleras y las mineras, sin olvidarnos de la invasión sojera.
Por lo expuesto, me abstengo. Creo que así respeto la memoria de los que están luchando -algunos ya no están presentes, porque la vida se los impidió- y la de mi padre, que era un jubilado. En la década de 1990 le dije a mi viejo que nos estaban sacando la jubilación y el aguinaldo. Me contestó que no podía ser y que me habían mentido, sabiendo que yo era una persona que había luchado durante muchos años por los derechos sociales. Él no lo creía, porque nunca pensó que se podía llegar a esto en el país. Nos hicieron llegar, pero vamos a salir de ello.
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
sra. CÉSAR, NORA NOEMI - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: en Latinoamérica, y en la Argentina, existe un estudioso muy prestigioso y lúcido de la problemática de la pobreza: el doctor Bernardo Kliksberg, quien señala que la política de Néstor Kirchner marcha hacia una economía con rostro humano.
El proyecto en consideración produce un cambio clarísimo y sustancial en la manera de hacer política en la Argentina. Es la respuesta a los jubilados y a miles de reclamos por una democracia con mejor calidad de vida.
Con la aprobación de este proyecto, esta democracia también se basa en la justa distribución de la riqueza. Kliksberg también decía que en políticas sociales no sólo se debe tocar la superficie, sino que hay que ir mucho más profundo, pues se habla de personas, necesidades y realidades sociales.
El Estado es el elemento esencial de la representación política. Por eso, desde una mirada interactiva, debe involucrarse con respuestas a escala humana.
Nosotros, los representantes del pueblo, debemos formular políticas que den amplia cabida y respuesta a las necesidades cambiantes. Todos nosotros debemos ser el Estado. Debemos acabar con la utilización de todo lo público a favor de unos pocos, porque esto es lo que ocurrió en la década del 90. Nos quisieron hacer creer que todo el Estado era deficitario: YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo. Sin embargo, hace unos días, leyendo un diario de tirada nacional -"Clarín"- nos enterábamos de que el Correo y AySA están dando ganancias. Seguramente esto luego se traducirá en más obras, más salud y más seguridad social.
También nos hicieron creer que la ANSES era deficitaria. Creo recordar -le pido al señor superintendente y al señor ministro de Trabajo, aquí presentes, que me corrijan si no es así- que se decía que el déficit mensual era de 200 millones de pesos. Pero pocos días después de la sanción de esa fatídica ley 24.241 esos mismos recursos pasaron a engrosar el financiamiento de las AFJP.
Con esto quiero contestar a un diputado que habló del robo que podría significar la aprobación de este proyecto. Pero el esquema que se diseñó a partir de la sanción de la ley 24.241, mediante la cual se creó el sistema de AFJP, constituyó el robo de la historia argentina y el saqueo a todos los jubilados.
El gobierno del presidente Kirchner ha ido tomando medidas para enmendar la postergación que venían sufriendo los jubilados. Así, después de catorce años sin incrementos, se les otorgó un primer aumento del 10 por ciento y ahora otro del 13 por ciento, lo cual permitió mejorar la calidad de vida de por lo menos 1,8 millones de jubilados que cobraban haberes mínimos. Le pediría al señor Sergio Mazza, director ejecutivo de la ANSES, al señor ministro Tomada y al superintendente González Gaviola -a quienes agradezco su presencia en este recinto- que me indiquen si estas cifras son o no correctas.
sra. presidenta vaca narvaja.- El señor diputado Tinnirello le solicita una interrupción. ¿La concede?
sra. CÉSAR, NORA NOEMI - - BUENOS AIRES.- No, señora presidenta.
Este Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo, ha sancionado distintos proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados, por ejemplo, la moratoria previsional.
Un señor diputado que me precedió en el uso de la palabra criticaba esa moratoria, y agregaba que el gobierno había calculado en un principio que en esa moratoria entrarían 250 mil posibles jubilados, y la cifra en verdad fue de 900 mil.
A ustedes que están ahí en los palcos quisiera decirles que yo no quiero que sean 900 mil sino que quisiera que fueran 2 millones. (Aplausos en las galerías.) Porque -y discúlpenme porque me voy a referir más a las señoras que a los señores-, quién si no el Estado debe reconocer el trabajo cotidiano del hogar.
Este gobierno está presente a través del Estado. (Aplausos en las galerías.) También por supuesto celebro que a través de esta ley podamos estar votando la libre elección.
Soy una persona que durante muchos años se ocupó del tema previsional y fui una de las abogadas que salieron a la calle en protesta no sólo por esa ley terrible y maléfica, sancionada en aquella oportunidad, sino también porque gran parte de los argentinos pasó a ser rehén de los bancos, de los capitales, lo que muy lejos está de lo que decía Kliksberg, de estar cerca de la gente y de la humanidad.
Este proyecto tiene otras bondades que ya mencionaron varios señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, y por supuesto anticipo mi voto positivo.
Quiero terminar mis palabras dirigiéndome a ustedes, los jubilados (Aplausos en las galerías.), recordando a una mujer humilde, desconocida, ama de casa: Norma Beatriz Guimil de Pla. Vaya el homenaje a esta luchadora incansable por los derechos de los jubilados. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. CORNEJO, ALFREDO VICTOR - - MENDOZA.- Señora presidenta: podemos señalar que sin duda la ley que estamos modificando sustancialmente es la columna vertebral del andamiaje económico y social de la Argentina después del régimen de convertibilidad, por el impacto que tuvo fiscalmente, pero también por el impacto popular que tiene en nuestra población.
Si bien es poco el tiempo del que dispongo es una excelente oportunidad para describir cómo funciona el sistema político en la Argentina y las repercusiones que ha tenido en su sistema económico y social ese mal funcionamiento de la política.
Los factores de poder han sido mucho más importantes que las instituciones públicas. Han sido fuertes impulsores de modificaciones estructurales de nuestro funcionamiento económico y social.
Por ejemplo, debemos recordar que el Banco Mundial recomendaba abiertamente este tipo de reformas. Y en nuestro país gran parte de nuestra dirigencia política se supeditó a esos dictados. Este régimen de jubilación loadoptó en Chile en 1991 y conceptualmente consiste en un sistema de ahorro individual obligatorio.
En América Latina y al influjo de los organismos internacionales, once países adoptaron ese sistema: Perú, en el 92; Colombia, en el 93; Argentina, en el 94; Uruguay, en el 96; México y El Salvador, en el 97; Bolivia, en el 98; Costa Rica y Nicaragua, en el 2000; Ecuador, en el 2001 y la República Dominicana, aunque en forma tardía, en el 2003.
En el 2004 el Banco Mundial reconoce que el sistema no ha tenido logros en la ampliación de la cobertura del riesgo social, que no ha tenido avances en la prevención de la pobreza en la tercera edad y que no ha obtenido logros en una tasa aceptable de sustitución del salario.
Sí reconoce como logro de estos cambios, que se han reducido los riesgos fiscales en otros países aunque no en la Argentina, porque en este país conjuntamente con el funcionamiento del régimen de convertibilidad se obligó a un mayor endeudamiento y a un mayor riesgo fiscal que el que decían prevenir.
También la entidad sostuvo que ha contribuido al desarrollo del sistema financiero para otros países pero no para la Argentina. Además el Banco Mundial señala que ha contribuido a mejorar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, aunque esto no sucedió en la Argentina.
El modelo de Chile cubre el 66 por ciento de la población económicamente activa, y el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional recomendó a la presidenta Bachelet que produzca reformas porque en veinte años sólo el 50 por ciento de los adultos mayores tendrá una pensión superior a la mínima y menos del 5 por ciento podrá acceder a la pensión mínima garantizada por el Estado; el resto deberá conformarse con una pensión inferior a la mínima o no tendrá pensión.
En la Argentina la situación es peor aún: el 82 por ciento de los afiliados pertenece al sistema privado, la gran mayoría de ellos por derivación de los ciudadanos desinformados, y sólo el 18 por ciento pertenece al sistema de reparto. Las AFJP pagan el 5 por ciento de las jubilaciones y el Estado se hace cargo del 95. El sistema previsional cubre solamente al 36 por ciento de la población económicamente activa, y sólo el 66 por ciento de la población mayor de 65 años recibe algún tipo de jubilación o pensión.
Es cierto que este proyecto es un comienzo y que queda mucho por hacer, pero también es un buen proyecto de transición y así hay que definirlo, como lo dijeron varios diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Propone cambios en forma pausada y paulatina, como responsablemente deben hacerse las cosas en la Argentina, no a los saltos como salimos de la convertibilidad, la otra gran ley que moldeó nuestra sociedad y nuestro sistema económico.
Por eso celebro que sea paulatino y que no sea traumático, pero debemos señalar cuáles son algunos de los puntos que son importantes.
Por supuesto que no debemos dejar de ponderar que hay una recuperación del sistema previsional público y que vamos hacia un sistema no mixto sino público de previsión social.
La recuperación de ello más la garantía estatal del haber mínimo tanto para los afiliados al sistema de reparto como para los afiliados al sistema de capitalización también es un gran avance en la materia.
Otro avance que quiero señalar como insuficiente pero avance al fin son las comisiones y el seguro. Se fija
un límite de un 1 por ciento sobre el salario a la comisión por la acreditación de los aportes obligatorios, limitación que no existe en la ley actual, y se determina que sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen, lo que viene a eliminar la posibilidad de cobrar en concepto de comisión sumas fijas, algo que fue práctica común entre las AFJP durante los primeros años de vigencia del régimen.
Esta modificación, aun cuando avanza en el buen sentido, no le informa claramente a la gente el monto del aporte que se queda en la AFJP.
La base imponible del aporte es el salario, pero la base para calcular la comisión debe ser el aporte. El artilugio de la ley 24.241 de calcular sobre el salario la comisión de las AFJP sólo puede comprenderse suponiendo la intención de "engaño". Con este esquema se ocultó a los aportantes la "tajada" de su aporte que quedaba en manos de la AFJP. Según datos de la Superintendencia de AFJP, hoy esta comisión es de alrededor del 36 por ciento.
Con la limitación que se fija en el 1 por ciento del salario y un aporte establecido actual del 7 por ciento del salario, la comisión podrá llegar al 14,3 por ciento sobre el aporte, lo que es mejor que lo actual pero todavía no es bueno.
Otro aspecto a señalar, como lo dijo con claridad conceptual el señor diputado Claudio Lozano, es el siguiente: la transferencia de aquellos afiliados cuyas cuentas de capitalización individual no alcanzarán para acceder a las prestaciones del sistema previsional público; esto viene a solucionar una aberrante situación de aportantes que jamás accederían a una cobertura, como estamos señalando en el caso de Chile, implementado desde el año 1981.
Sabemos que esta medida también es beneficiosa para las AFJP, y esto hay que decirlo con claridad. Al desprenderse de estos casos, que se suman a los que ya fueron incorporados al régimen de reparto por medio del sistema del monotributo, se evitan los problemas que patentizan las falencias de diseño del sistema. Pero también le da posibilidades al régimen de capitalización de retener a los aportantes de más altos ingresos, con mayor legitimidad que con la "cláusula carcelaria" que impedía volver al régimen de reparto. Justamente la derogación de esta cláusula es el gran logro de esta modificación.
También es importante señalar que los fondos previsionales constituyen y deben seguir constituyendo el mecanismo de formación del ahorro interno en la Argentina. Ellos son necesarios para el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales del país.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
sr. CORNEJO, ALFREDO VICTOR - - MENDOZA.- Los fondos que la gente aporta al sistema previsional deben reflejarse en realidades, como el costo de los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y los créditos para las pequeñas empresas, inversiones por las que se crean nuevas fuente de trabajo. De manera que bienvenido el fortalecimiento de ese sistema de capitalización, si es con ese objetivo.
Para concluir debemos decir que esta nueva forma de funcionamiento político nos está permitiendo un restablecimiento de la autoridad política que permita cambios que beneficien a los sectores populares, que es el objetivo último de la actividad política. Este restablecimiento de la autoridad política es el que nos permitirá -y por ello debemos bregar todos los dirigentes, seamos de la oposición o del oficialismo- grandes líneas de consenso en temas que son centrales, como el de la reforma previsional, líneas de consenso que en este punto de la reforma previsional reencuentran a nuestro partido, el radicalismo, con sus mejores tradiciones populares.
Más de un legislador de nuestro partido ha hecho modificaciones en este punto, y se sentirá orgulloso de votar esta norma, aun estando en la oposición. Así como el miembro informante citaba a Perón, creo que en este punto bien vale citar a Balbín, un dirigente y un prócer de nuestro partido, quien decía que no importa quién lleva el palo sino que lo importante es la bandera. En este caso elradicalismo ha bregado por una modificación de este sistema; bienvenido sea.
Esta nueva forma de funcionamiento tiene que hacernos entender que muchos de los que votaron en aquella oportunidad esa ley hoy deben estar arrepentidos de haberlo hecho. Algunos lo estarán por convicción de ideología conservadora y otros por intereses personales; pero estoy seguro de que ninguno de los que hoy estamos votando esta norma se sentirá arrepentido de haberlo hecho en ningún momento de la historia futura.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
sr. DÍAZ ROIG, JUAN CARLOS - - FORMOSA.- Señor presidente: con su licencia y la de aquellos que no profesan la religión judeocristiana, pero en la seguridad de que en otras religiones hay normas semejantes, y también con la de los agnósticos en el convencimiento de que en la propia ética moral del ser humano también hay pautas semejantes, permítaseme leer un anatema del profeta Isaías -ubicado en "Isaías, 10"- que está dirigido un poco a todos los diputados de todos los países del mundo. Dice así: "Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad; dejan sin protección a los pobres de mi país; roban a los pequeños sus derechos; dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano."
Con esta cita bíblica vengo a fundamentar mi apoyo a este proyecto de ley revolucionario por el que llevo veinte años militando. Con esto quiero rendir un sentido homenaje y reconocimiento a aquellos que en 1992 me acompañaron desde el Consejo Federal de Previsión Social de la República Argentina a presentar un proyecto alternativo a la ley 24.241. Algunos de ellos ya no están, como nuestro maestro Amancio López, Jorge Urriza, Marcial Candioti, el doctor Moles, el doctor Wagner de la Cámara de la Seguridad Social; otros sí están, como Juancho González Gaviola, Oraldo Britos, José Luis Di Lorenzo, Chiquito Campanelli. También quiero mencionar algunas organizaciones internacionales, como la OIT y la ISS; a los dirigentes de los jubilados, como Imizcoz y Norma Plá, (Aplausos.) y al conjunto de los trabajadores argentinos, de las organizaciones de jubilados; pero sobre todo, a los jubilados que todos los miércoles, con esa rara virtud que tienen los viejos, que es la pertinacia, la seguridad y la tozudez de defender un derecho legítimo que les corresponde, nos recordaron que tenemos una deuda con nuestros mayores adultos. (Aplausos.)
Sólo voy a desarrollar cuatro ideas muy generales. La primera no por obvia y conocida por todos es menos importante, puesto que es la piedra angular de lo que acá se debate. Digo esto porque aquí estamos poniendo patas para arriba un sistema que lo habíamos puesto cabeza para abajo.
A partir de hoy el sistema previsional argentino tiene el sistema público solidario de reparto como sistema de fondo, y el sistema privado de capitalización como sistema complementario. La reflexión que no por obvia es poco importante es que el sistema de reparto es un pacto intergeneracional; es aquel por el cual los trabajadores al hacer los aportes generan un derecho. Con los aportes de los trabajadores pagamos a los jubilados de hoy en el entendimiento de que cuando nosotros dejemos de trabajar,
los trabajadores de entonces van a pagar nuestra jubilación, que no es otra cosa que el derecho adquirido en razón de estos aportes sustitutivos del salario. Esta es la naturaleza jurídica que debe permitirnos una vida más o menos digna que tenga algo que ver con el nivel de nuestros aportes, desde que dejamos de prestar nuestra persona al mercado laboral por las contingencias de vejez, invalidez o muerte. Este es el sistema de reparto. Ese sistema fue roto; este pacto intergeneracional fue quebrado con la sanción de la ley 24.241. Quiero hacer tres reflexiones respecto del sistema de capitalización.
En primer lugar, no es valioso que una comunidad plantee que hay que ahorrar para futuros jubilados antes de que paguemos a los actuales. Esto es un disparate, es algo que no es valioso para ninguna comunidad. No hay razonamiento que justifique que el haber de los jubilados quede sujeto a las leyes del mercado. Señores: las funciones del Estado no son solamente cuatro -seguridad pública, justicia, educación y salud-, sino que hay una quinta función que es la seguridad social. Por eso, es un absurdo que digamos a la sociedad que vamos a ahorrar para los futuros jubilados antes de pagar a los actuales, que tienen derechos adquiridos.
La segunda reflexión es la siguiente: aunque no está en mi naturaleza polemizar y mucho menos agraviar, siempre he calificado el modelo de capitalización como perverso. No lo digo en sentido peyorativo sino desde una visión técnico-económica. Ese modelo es perverso económicamente, incluso desde el punto de vista del liberalismo económico y del capitalismo. ¿Por qué?
Una empresa es aquella en la que el empresario corre un riesgo pues aporta capital, los trabajadores contribuyen con su persona y su mano de obra, y se produce algo. Cuando hay rentabilidad, el empresario tiene beneficios, cobra interés sobre el capital, y se puede aumentar el sueldo del trabajador ya que aumenta la productividad. Esto se enseña en las escuelas primarias y secundarias de todo el mundo, salvo en las AFJP, en las que el trabajador, que por definición no tiene por qué aportar capital, realiza tal aporte. El empresario no corre ningún riesgo: desde un primer momento cobra comisiones, que en nuestro caso llegaron hasta el 40 por ciento, al margen de que pierda o gane con los fondos que administra. No existe un negocio igual en el mundo, en el que quien administra recursos ajenos gana antes de hacer la imposición de fondos y de que estos den rentabilidad.
Además de esta perversidad debo señalar que existen razones técnicas por las cuales en todo el mundo se abandonó el sistema de capitalización. Todos los países desarrollados disponen de un sistema de reparto y de capitalización complementarios y voluntarios. Es muy simple. Si planteara que voy a cubrir con mi ahorro individual mi vejez hasta la muerte, aportando durante treinta años el 10 por ciento -no el 7, como en el actual sistema-, y consiguiera una administradora que no me cobrara una comisión del 40 por ciento y que además, durante esos treinta años, mantuviera el valor de mis aportes -estudios de la OIT, del propio Conte Grand y de un actuario uruguayo han demostrado que en el mundo no ha existido posibilidad técnica alguna de que grandes masas de dinero conserven su valor durante un período de treinta años-, estaría consiguiendo que durante tres años de jubilado se me pagara el ciento por ciento del promedio de los últimos diez años de trabajo, durante cuatro años, el 82 por ciento, y durante cinco años, el 75 por ciento.
El problema es que no sé cuándo voy a morirme. Si me muriese a los 67 o 68 años, tendría una muy buena jubilación hasta mi muerte; pero si soy como aquellos longevos que viven más de 90 años, ¿quién va a pagarme la diferencia hasta mi fallecimiento?
Saben los señores diputados que los datos actuales son tristes. En este sistema de capitalización que cuenta con 12 millones de afiliados, menos de 6 millones de cotizantes y sólo 200 mil beneficiarios, 60 mil o 70 mil de estos últimos no llegan al haber mínimo y ya han agotado todos los recursos que tienen en el sistema; y por si esto fuera poco, el 60 por ciento de lo que perciben -estos 140 millones de pesos que cuestan estos jubilados al sistema previsional argentino- es aporte estatal y sólo el 40 por ciento proviene de las AFJP.
Si esto es así, yo pregunto cuál es la causa por la que se sigue haciendo el planteo egoísta de que la jubilación es un problema de cada uno y que va a ser bien administrada por terceros.
Desde luego que con esta reforma va a haber problemas, que no son menores: entre otros, el de la movilidad. Luego nos referiremos a ello. Es cierto que un aumento no implica movilidad. Lo trataremos después, pero con alegría, porque creemos que vamos por el buen camino.
Admiro el coraje del presidente Kirchner y del equipo brillante que lo acompaña por haber enfrentado esta auténtica caja de Pandora, y también su mesura. Sé que muchos previsionalistas y quienes luchamos en este tema quizás hubiéramos preferido que esta fuera una reforma total, pero sepamos que no hay experiencia de este tipo en el mundo, que nadie puede creer que tiene la solución salvo pecando de soberbia y que le estamos dando la libertad de elegir a aquellos argentinos que pese a estas cosas quisieran quedarse en el sistema privado, libertad que no se le dio al sistema público.
Por eso admiro y pondero tanto el coraje como la mesura de estas grandes decisiones que son auténticas decisiones de estadista.
Para terminar, permítaseme insertar el mensaje de aquel proyecto de reforma elaborado con un grupo de militantes de la seguridad social dentro del Consejo Federal de Previsión que yo presidía, que fuera presentado el 6 de julio de 1992. Después lo presentó como proyecto de ley el diputado González Gaviola y por varios años lo defendió heroicamente. Gracias a eso por lo menos tuvimos un sistema mixto y no puro, como el chileno, que ahora vuelve para atrás.
Estamos en un debate profundo, de fondo, sobre qué es lo que la comunidad argentina quiere y debe hacer por sus jubilados. Podemos decir que este debate ya fue definido por un escritor argentino. No hablo de la definición de un político ni de un experto en seguridad social sino de la que podría hacer un escritor que ha reflejado las cuestiones más prístinas de la argentinidad. Me refiero a José Hernández. En una oportunidad cerré con sus palabras una exposición en el seno de la OIT y tuve el orgullo de que años después un funcionario de la ISS viniera a dar una conferencia y la cerrara con estos versos de José Hernández recordando aquella mención que yo hiciera. Como dirían los gringos, es una auténtica parénesis, un consejo moral que nos dejó Martín Fierro a los argentinos, porque él tenía en claro la problemática del sistema de capitalización y del de reparto cuando nos dijo: "La cigüeña, cuando es vieja/ Pierde la vista, y procuran/ Cuidarla en su edá madura/ Todas sus hijas pequeñas:/ Apriendan de las cigüeñas/ Este ejemplo de ternura". (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.
sra. VELARDE, MARTA SYLVIA - - S DEL ESTERO.- Señor presidente: el proyecto de ley de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo que estamos considerando no es una marcha atrás en las reglas de juego, como algunos insinúan, luego de una reforma estructural que permitía terminar para siempre con todos los problemas privatizando el sistema sin tener en cuenta la voluntad de cada afiliado. Una vez más prevalece el interés de unos pocos sobre el interés general.
El proyecto en consideración, por el contrario, apunta a cuatro cuestiones fundamentales que lo tipifican como tal. Ellas son, en primer lugar, la libertad de opción por parte de cada afiliado, como debe ser en una sociedad abierta. En segundo término, mejora la capitalización al disminuir los gastos administrativos, costos operativos que en algún tiempo fueron elevadísimos. En tercer lugar, mejora también el reparto al extender las fuentes de financiamiento y, en cuarto término, es un sistema profundamente solidario porque atiende el interés de aquellos aportantes de menores ingresos que no pueden ser cubiertos por la capitalización y los pasa al reparto. Es decir que estamos hablando de las cuatro notas típicas: libertad, economicidad, productividad y solidaridad.
Es cierto que el sistema anterior a la reforma de 1994 estaba colapsado por múltiples razones. En primer lugar, por décadas de malos manejos; en segundo término, por el cambio en la expectativa de vida con respecto al tiempo en que fueron creadas las cajas de jubilaciones. Este problema fue agudizado por cuarenta años de un proceso inflacionario que culminó con las tres hiperinflaciones habidas entre 1989 y 1991. Cuando hablo del cambio en la expectativa de vida según la época en que fueron creadas las cajas, me refiero a que en 1901, cuando se creó la Caja de Previsión Social para el Personal Civil del Estado Nacional y tres años después, en 1904, cuando se creó el Instituto Municipal de Previsión social para el Personal de la Municipalidad de Buenos Aires, la edad jubilatoria era de 50 años porque la expectativa de vida por entonces era de 54 años, mientras que hoy es de 72 para el hombre y de 77 para la mujer.
Entonces, estas cuestiones, como por ejemplo el cambio en la expectativa de vida, las nuevas tecnologías o la disminución de la población joven de un país, hacen que la cuestión previsional sea un tema prioritario en la agenda pública, que los países han resuelto de diversas maneras. Por ejemplo, Suecia y Noruega, que son considerados ejemplos del Estado de bienestar, han establecido el mínimo jubilatorio por encima de lo que establece Argentina, con una diferencia mínima entre ambos sexos.
Pero lo que es cierto es que ningún país capitalista, ni siquiera Chile -ya explicaré por qué- ha adoptado la capitalización en manos privadas en forma exclusiva. Digo que ni siquiera Chile porque la presidenta Michelle Bachelet hizo de la jubilación solidaria el eje primordial de su gestión, jubilación para atender las contingencias de la vejez en aquellos aportantes de menores ingresos que no pueden ser cubiertos por la capitalización.
Es cierto que hay cuestiones, como por ejemplo los excedentes que ahora vuelve a tener el sistema público, que deben ser preservados de la inflación y de otros efectos negativos. Pero ese desafío también se aplica en el caso del sistema privado y no solamente para el público.
Otra cuestión fundamental tiene que ver con el destino de los ahorros en cuanto a la posibilidad de su utilización y aplicación en obras de infraestructura que contribuyen al crecimiento del país.
Estados Unidos, que tiene un sistema mixto, ha emitido bonos estatales que, cabe destacar, fueron aplicados a la construcción de grandes obras de infraestructura, como por ejemplo redes de autopistas, de agua y cloacas o la extensión de la red de subterráneos.
Mientras aquí, en el Congreso, en líneas generales avanzamos en el logro de consensos, afuera se escuchan voces preocupadas por la descapitalización del sistema privado y por los futuros problemas del régimen público.
Debo confesar que algunas -lo remarco: algunas- de esas voces no nos preocupan porque son de los mismos de siempre. Son los escribas que en aparente contradicción con su ideología liberal desde afuera hoy se oponen al sistema de libertad de opción. Son los mismos que denominan gasto a la obra pública en lugar de inversión. Son los mismos que cuando en el lejano marzo de 2001 estuvieron sólo quince días en el gobierno sostuvieron que para solucionar los problemas económicos era necesario bajar el presupuesto en educación, en la universidad. Son los mismos que en teoría se oponen a los subsidios, pero en la práctica silenciaron sus voces cuando ellos se destinaban a pagar a las concesionarias del peaje siete veces el precio internacional por conservación de rutas.
Represento una provincia chica, Santiago del Estero, donde suele decirse que todos nos conocemos. Creo que en la Argentina también todos nos conocemos. Son los mismos de siempre y todos los conocemos.
La realidad nos demuestra que ambos sistemas pueden coexistir: el público y el privado. Tal vez el público sea para los aportantes de menores ingresos y el privado para los de salarios medios y altos, aunque en rigor esa es una cuestión que cada uno deberá resolver de acuerdo con su conveniencia.
Lo cierto es que nosotros avanzamos en la consolidación de un régimen previsional abierto, con libertad de opción, integrado, con economicidad para la capitalización y productividad para el reparto, y profundamente solidario.
Señor presidente: estamos mejor, vamos bien. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. ATANASOF, ALFREDO N. - - BUENOS AIRES.- Señor presidente: más allá de algunas expresiones que se han escuchado en este debate, creo que estamos considerando un proyecto de ley que tiene una significación en verdad muy especial. No sólo se trata de una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo nacional que fue sancionada por unanimidad en el Honorable Senado y con la que prácticamente casi todas las expresiones políticas están de acuerdo, sino que además es acompañada por la inmensa mayoría del pueblo argentino que desde hace muchos años viene reclamando modificaciones al sistema de la seguridad social.
Creo que esta es una de esas oportunidades en las cuales se vislumbra lo que Perón decía acerca de que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
En esta sesión estamos analizando nada más y nada menos que volver a la solidaridad previsional. Como legisladores muchos de nosotros hemos recibido constantemente los reclamos angustiosos de aquellos afiliados cautivos del régimen de capitalización que con gran inquietud veían que se acercaba el momento de jubilarse con la expectativa de cobrar una renta vitalicia mínima, y lo que es peor, la sombría perspectiva de su situación cuando se agotaran esos fondos manejados por una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.
En 1999, junto a Oraldo Britos -en este momento me parece oportuno recordar a este grande en la defensa de los intereses de la clase pasiva en la Argentina-, María América González y otros diputados de la Nación, tuve el honor de firmar un proyecto para oponernos a una iniciativa del Poder Ejecutivo que pretendía reducir la prestación básica universal en forma gradual, según la escala salarial, hasta la eliminación para todos los haberes que superaran los mil pesos.
En ese momento expresábamos en el recinto nuestra preocupación y desagrado ante toda posible reforma al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Manifestábamos nuestra voluntad de sostener el régimen de reparto, por considerar que tiene carácter solidario, que es lo que exige el artículo 14 bis de la Constitución nacional.
Recalcábamos en aquella oportunidad que el sistema de capitalización, al no garantizar una prestación definida que proteja la contingencia de la vejez o la invalidez, no puede ser establecido como un régimen único.
A cinco años de la puesta en marcha de ese sistema ya se avizoraba que iba a constituir otro fracaso de las políticas adoptadas por el proceso de ajuste impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que fueron quienes recomendaron llevar adelante ese régimen.
A nuestro país se le impuso como modelo previsional el implementado en Chile mediante un decreto suscripto por Augusto Pinochet en 1980. Ese decreto eliminaba el régimen de reparto y lo reemplazaba por un régimen de capitalización obligatorio, manejado por las administradoras de fondos de pensiones; también se eliminaban los aportes patronales.
Así fue como inspirada en la reforma de Pinochet, la ola estadofóbica liberal se abocó a la privatización del sistema jubilatorio argentino.
Todos sabemos cómo funciona este sistema y la libertad de elección del trabajador, quien debe optar entre el régimen de reparto o capitalización. Una vez efectuada la opción, existe un muy corto período para pasar de capitalización a reparto, y después ya no hay más posibilidades de hacerlo. En cambio, si se está en el régimen de reparto, continuamente se puede pasar al régimen de capitalización.
De esta manera, muchísimos trabajadores quedaron atrapados en el régimen de capitalización, sin ninguna posibilidad de volver al régimen de reparto. Fíjense qué gran paradoja del neoliberalismo, que proclamaba la defensa de las libertades: quien optaba por el régimen de capitalización ya no tenía libertad de elegir; la única libertad que conservaba era la de poder pasarse a otra AFJP.
Entonces, muchos trabajadores que ingresaban a trabajar en relación de dependencia y a los 90 días no habían elegido el régimen de reparto, eran distribuídos entre las AFJP, sin haber sido informados absolutamente de nada.
Mientras tanto, el funcionamiento de estas administradoras era el de un fondo de inversión con aportantes cautivos, a los que no se les consultaba acerca de las inversiones y a quienes, dicho sea de paso, se les cobraban altísimas comisiones.
Justamente, las comisiones, que también son tratadas por este proyecto, merecen un capítulo aparte, porque respecto de las que cobraban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones se establecía que siempre ganaban las AFJP, aunque los fondos perdieran rentabilidad. Aunque los fondos perdían rentabilidad, los trabajadores seguían pagando las mismas comisiones.
Además, esas altas comisiones que cobraban las administradoras, las necesitaban para mantener su costosa estructura. Seguramente todos recordamos las sucursales, los empleados, los gerentes, los promotores y las constantes campañas publicitarias que se hicieron acerca del régimen privado de jubilaciones.
Tampoco podemos olvidar el bombardeo publicitario al que estuvimos expuestos todos los argentinos. En esas publicidades se planteaba que los recursos del sistema público se iban a agotar y que, por ende, quienes permanecieran en el sistema de reparto se iban a quedar sin su jubilación. En esas propagandas se presentaban idílicas familias paseando por paradisíacas playas con slogans tales como "Despreocúpese de su futuro. La administradora se va a ocupar de usted".
¿Qué sucedió con el ahorro del sistema de capitalización? Fue orientado a la especulación financiera, y bajo ningún concepto se lo orientó hacia la inversión productiva.
Volviendo al caso de Chile, cabe recordar que el Banco Mundial señaló que el nivel de ahorro acumulado por los aportantes de mediana edad no garantizaba una jubilación. También afirmó que no se comprobaba que el sistema hubiera contribuido al ahorro interno y que podría pagar pensiones superiores a las que brindaba el antiguo régimen. Es así que transcurrido un cuarto de siglo desde la privatización de ese sistema de pensiones, hoy se encuentra prácticamente quebrado.
En ese sentido, me gustaría repetir en este recinto las palabras pronunciadas por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en oportunidad de visitar este Parlamento, cuando dijo: "Al término de mi período quiero garantizar a todos los ciudadanos un sistema de protección social que garantice las necesidades desde la cuna hasta la vejez, lo que incluye un programa de fuerte importancia educacional, mejorar el acceso a la salud digna, seguir aumentando las viviendas sociales y, sin dudas, resolver un problema que está haciendo crisis, que es el tema previsional." Quiere decir que en este recinto la propia presidenta de Chile reconoció la crisis y la profundidad del desfase que en materia previsional tiene el país vecino.
Me gustaría decir muchas cosas más, pero sé que el tiempo no me lo permite. Sólo quiero remarcar que en abril de 2005 el secretario de Seguridad Social de la Nación, doctor Alfredo Conte-Grand -que hoy nos está acompañando-, nos visitó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Allí sostuvo que resultaba imperiosa la reforma del sistema previsional, en particular en lo que respecta al régimen de capitalización, ya que según los cálculos del área a su cargo aquellos aportantes a las AFJP que en ese momento tenían cuarenta y cinco años, dentro de veinte percibían 100 pesos de renta vitalicia, en el más optimista de los casos.
Después recibimos a los representantes de Nación AFJP, quienes expresaron que de acuerdo con sus cálculos la renta vitalicia sería de sólo 50 pesos mensuales. Creo que esto pone de manifiesto con total claridad la magnitud de la crisis del sistema previsional argentino.
Por otra parte, el doctor Conte Grand aclaró también que el Poder Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto para tratar de modificar esa situación. Esa iniciativa es la que hoy estamos considerando. Un proyecto que devuelve a los trabajadores el derecho a optar libremente; un proyecto que aumenta la prestación adicional por permanencia; un proyecto que garantiza que tanto las mujeres de cincuenta años como los hombres de cincuenta y cinco que no hayan acumulado 20.000 pesos de ahorro en el marco de las AFJP puedan jubilarse haciendo la transferencia de los fondos, tema que seguramente habrá que continuar abordando en el marco de la capitalización.
Para quienes criticaban hace un rato el tema de las comisiones, quiero decirles que este proyecto establece un techo del uno por ciento con lo cual se aumenta marginalmente el ahorro previsional permitiendo el incremento del haber jubilatorio.
Los activos de las AFJP se traducirán en inversiones en la República Argentina y los recursos del sistema de seguridad social estarán asignados exclusivamente a los pagos de la seguridad social.
Me parece que este es un paso trascendente y quiero terminar con un antiguo proverbio chino que dice que un viaje de mil millas empieza con un paso, y esta ley es uno de esos pasos que nos llevan a la mejora del sistema previsional argentino.
Seguramente el año 2007 será trascendente para el debate del sistema previsional argentino y para alcanzar el objetivo que todos nos proponemos, que es el de mejorar la situación.
Quiero señalar que si hoy podemos estar aquí debatiendo estos temas es porque sin ninguna duda estamos saliendo de la crisis, estamos insertándonos en un marco de crecimiento, con aumento del empleo, con incremento de la recaudación previsional e impositiva.
Seguramente quedarán muchas cosas pendientes y habrá muchos temas que tendremos que discutir. Nadie podrá dudar de que con este proyecto estamos sentando un precedente en América Latina, el de un país que reconoce el fracaso de las recetas impuestas y vuelve a la solidaridad previsional. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. CAMAÑO, DANTE ALBERTO - d.a - BUENOS AIRES.- Señor presidente: obviamente sin pretender parangonarme con el ilustre sabio salmantino decíamos ayer... ayer fue hace catorce años. Sentado en esta banca, con un grupo de diputados nos opusimos firmemente a la reforma, no por la reforma en sí, sino por lo que contenía.
Creo que nos podríamos haber ahorrado esos 14 años. A veces veo a tantos execradores de la década del 90 -a los que conocí dando tantas alabanzas a Carlos Saúl Menem- y la verdad es que podríamos haberlo hecho antes, ahorrando tiempo, dolores, problemas y miserias a muchos jubilados.
Es obvio que tal como están diseñados los sistemas estatales no sirven. Es muy sencillo: están diseñados para un mundo donde podía haber seis activos por cada pasivo y en que el promedio de edad era inferior a los 50 años. Hoy, gracias a Dios, tenemos un promedio muy superior con menor cantidad de activos por cada pasivo.
Aquí se planteó y espero que lo profundicemos en lo sucesivo, que esta ley es únicamente un paliativo. Como señalara quien me precedió en el uso de la palabra es un paso nada más. Obviamente no funciona el sistema únicamente con los aportes y habrá que buscar la manera de que el Estado intervenga a través de otros fondos, como puede ser la Tesorería General o Rentas Generales, para poder tener una jubilación digna.
En cuanto a la convivencia con los sistemas privados no creo que haya ningún problema, porque es una cuestión de opción. Simplemente es una cuestión de educación para tener opciones.
Aquí quiero hacer una puntualización: muchas de las culpas y problemas de los sistemas privados y su decadencia las tiene el propio Estado o mejor dicho las leyes que teníamos y los gobiernos sucesivos. Porque a diferencia de otros lugares, aquí existe una superintendencia. En algunos discursos pareciera ignorarse que los aportes de los trabajadores fueron a administradoras que no disponían de ellos libremente, en virtud de que la superintendencia les daba un menú todos los días acerca de dónde debían invertir y en algunos casos fueron obligadas a tener bonos del Estado que no podían servir o que no rendían.
Otra cuestión sencilla es que se hizo un supersistema administrativo que es carísimo, que es corrupto, que es malo y está lleno de ñoquis. ¿Saben cuántos sistemas de jubilaciones hay en los Estados Unidos? Casi 70 mil. ¿Saben cuántas superintendencias hay? Ninguna. Simplemente se tiene que registrar en el Departamento deLabor, el equivalente a nuestro Ministerio de Trabajo, pero el que no cumple la ley o roba los fondos de los jubilados va preso. Nosotros estamos en la Argentina.
Por supuesto anticipo mi voto positivo y creo que es un paso correcto, no una solución general. La solución general devendrá de otras cosas, de una nueva ley.
Quiero ser breve para no sobreabundar ya que considero que es un tema que merece que todos opinemos. Debemos tener una nueva ley más seria; tenemos deberes y obligaciones, compañeros legisladores.
En este país tenemos un exceso de legislación. Nuestro problema no es la ley, no es la Constitución sino la violación sistemática que se hace de las leyes y de la Constitución desde todos los ámbitos, porque esto no es solamente una cuestión del gobierno. El gobierno no está integrado por seres interplanetarios que nos impusieron. A los gobiernos los elegimos nosotros, y nos eligen a nosotros, a todos.
Esa es la responsabilidad que necesitamos. Hay países que estaban destrozados hace cincuenta años por haber perdido guerras. Uno de estos es Japón, que hoy es una potencia mundial teniendo menos territorio que una provincia argentina y menos recursos naturales, pero tiene respeto por la ley y no tiene en vigencia más de 5 mil leyes. Nosotros tenemos 25 mil y somos campeones de la violación legal. Creo que nuestro problema pasa por ahí.
Considero que enmendarnos aunque sea catorce años después es muy bueno, que bajar las comisiones es muy bueno. Porque ¿saben qué pasó con el sistema? ¿Saben qué pasó con la mayor parte de los fondos de los afiliados a las AFJP? La mayor parte de la plata se la llevaron las comisiones, pero no las comisiones de las administradoras porque éstas no dieron ganancias, sino las comisiones de los vendedores que van cambiando a los afiliados de administradora en administradora para ganar el premio, el dinero, ese tipo de comisión, lo cual degeneró el sistema.
En vez de ayudarlo lo degeneró, porque el cambiarse tantas veces genera gastos, y ahora se van a encontrar con que están todos perjudicados. Los que están en el sistema privado porque las comisiones les fueron comiendo sus ganancias, ya que las malas inversiones -muchas veces inducidas por los gobiernos de turno- también provocaron la pérdida de ganancias. Y los que están en el sistema del Estado también fueron perjudicados porque todos sabemos lo que son las jubilaciones del Estado.
No suelo coincidir con las opiniones de algunos diputados presentes, pero hay una que creo que es inevitable como conclusión, sin importar a qué bancada pertenezcamos y qué ideología tengamos. Debemos pensar en una nueva ley para que el haber jubilatorio no dependa únicamente del aporte.
Es importante que con el nivel de vida que hemos alcanzado la gente se pueda jubilar dignamente. La única forma es considerar un proyecto para que las rentas del Tesoro nacional acudan en ayuda de lograr la jubilación que se necesita.
Por lo expuesto adelanto mi voto positivo. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. MARTINI, HUGO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: dado lo avanzado de la hora voy a solicitar que se me permita insertar en el Diario de Sesiones el texto del discurso que pensaba pronunciar, aunque quisiera decir algunas pocas cosas sobre esta cuestión.
Me da la sensación de que el fondo de la discusión es jubilación del Estado o jubilación privada y a quién deberíamos defender con este proyecto, y considero que el planteo es falso.
El único bien jurídico tutelado, el único bien que deberíamos proteger no es ni el del Estado ni el de las AFJP, es el de los jubilados. Me parece que la expresión "jubilados" ha estado bastante ausente y se ha hablado más de la jubilación del Estado y de la jubilación privada.
Me da la sensación de que deberíamos rechazar este proyecto porque protege al Estado, lo que es tan malo como proteger a las AFJP. Pareciera que los ciclos históricos en la Argentina tienen un mensaje confuso, ya que funcionan de esta manera: hoy me toca a mí y mañana te toca a vos. A nadie se le ocurre continuar el ciclo anterior y modificarlo. Es curioso cómo empezamos la historia cada siete o diez años. Cada gobierno cree que con él comienza un ciclo histórico.
Resulta curioso que en los 90 la idea previsional fuera darle todo el poder a las AFJP, cosa que estaba mal, y que hoy este proyecto vaya en camino de darle todo el poder al Estado, cosa que también está mal. En el fondo, los únicos que son de palo son los jubilados, ya que lo único que se les dice frente a este cuadro es "bien, gracias".
Para terminar mi exposición quiero citar un ejemplo: en los 90, a aquél que no se decidía por uno de los dos sistemas se lo mandaba a las AFJP. Lo que se propone mediante este proyecto es que aquél que no se decida por alguno de los dos sistemas sea mandado al régimen de reparto. Me pregunto, dada la frondosa imaginación de los argentinos, si no se nos ocurrirá algo para que en el caso de que alguien no se decida lo mandemos a un lugar que no sea la jubilación del Estado ni las AFJP, sino al sistema que mejor le asegure la capitalización, la rentabilidad y el apoyo de sus propios ahorros.
Por último, señor presidente, reitero mi solicitud para poder insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. GUTIÉRREZ, FRANCISCO VIRGILIO - - BUENOS AIRES.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar mi voto afirmativo como integrante del bloque Frente para la Victoria.
En segundo término, quiero ratificar lo anunciado por nuestro compañero miembro informante con respecto a los beneficios que tiene el proyecto de ley en consideración.
-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.
sr. GUTIÉRREZ, FRANCISCO VIRGILIO - - BUENOS AIRES.- Me parece que centralmente hay que tomar este proyecto en un sentido histórico y político. En los años 90, el modelo neoliberal tuvo temas emblemáticos y simbólicos que marcaron el rumbo de nuestro país. Se siguieron a rajatabla los postulados o lineamientos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que diagramaron e imaginaron una América Latina distinta y concibieron un modelo que todos conocimos como el Consenso de Washington. Se trataba de un modelo de endeudamiento, de apertura de la economía, de flexibilidad laboral y de privatizaciones en todas las empresas del Estado y, obviamente, la privatización también alcanzó a la seguridad social.
Si algo tenía de emblemático ese modelo era este sistema de jubilación a través de las cuentas de capitalización individual, llamado de AFJP, por el que se mantenía cautiva a la población trabajadora, librando a los trabajadores a su suerte individual. Está claro que ese modelo de seguridad social estaba concebido en el marco de un modelo económico y de un proyecto de país, subordinado a los intereses de los países dominantes del sistema de la economía globalizada. Como dije, en ese modelo, que era antiproductivo y antisocial y donde la inclusión no existía, se libraba a los trabajadores a su suerte.
Con este proyecto de reforma previsional estamos poniendo punto final a uno de esos emblemas o símbolos del modelo neoliberal, de la misma manera que se puso punto final cuando se terminó con la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Ya nadie piensa en nuestro país o analiza la economía y la política de acuerdo con lo que dice el Fondo, sino que lo hace teniendo en cuenta nuestra propia realidad y decisiones políticas nacionales.
En ese contexto, este proyecto del señor presidente de la Nación vuelve a ratificar lo que planteara hace cuatro años, en su primer discurso ante este Honorable Congreso: dar una vuelta de página en la historia de nuestro país; comenzar a desarrollar un proyecto nacional y popular, un modelo productivo, un modelo de inclusión, un modelo donde el Estado sea el impulsor, regulador y equilibrador social.
Esto es lo que se refleja en este proyecto de ley que hoy estamos a punto de sancionar, y cuyas virtudes ya han sido manifestadas. Indudablemente, una de ellas es la importancia de tener la libertad de optar o elegir el sistema que más favorece el concepto humanitario y solidario de la justicia social.
En la actualidad, millones de nuevos trabajadores son mayoritariamente obligados a afiliarse a una AFJP y a optar por obras sociales empresarias. En el marco de este proyecto de ley, podrán pasarse a las filas de la seguridad social que garantiza el Estado nacional.
Por otro lado, esta iniciativa establece pautas respecto de los montos de las comisiones de las AFJP, y los fondos son garantizados por el Estado.
Otro aspecto que queremos destacar, porque aquí se ha dicho con mucha ligereza que los sindicatos no defendían los derechos de los trabajadores y los jubilados, es que innumerables veces -podemos dar testimonio de ello- nuestro sindicato, los trabajadores de la CTA y de la MTA y quien habla, concurrimos a este Congreso para manifestarnos en contra de este sistema de jubilación, de la privatización de las empresas ENTEL, SEGBA, etcétera, y de la sanción de la reforma laboral a través de un soborno. Por ello se llevaron a cabo muchas movilizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país y se juntaron millones de firmas.
Indudablemente, todo esto habla de la entereza, el coraje y la valentía de esta iniciativa que fue enviada por el presidente de la Nación, compañero Néstor Kirchner, a este Congreso para su sanción.
En los años 90 era muy difícil sostener y levantar el modelo de seguridad social, universal y solidario del Estado.
No sólo quiero destacar la acción de nuestros jubilados que todos los miércoles nos recuerdan la necesidad de establecer un nuevo sistema. También deseo mencionar la tarea de nuestro sindicato de trabajadores y la de los de la ANSES, como así también la de los compañeros de la APOPS (Aplausos.) y la del compañero Leonardo Fabre, secretario general de ese sindicato, que muchas veces vilipendiado, criticado y marginado levantó en soledad la bandera de la seguridad social del Estado.
Entonces, no quiero dejar de plantear un reconocimiento por la lucha de los compañeros de la ANSES y de los compañeros jubilados. Este no es el último paso que vamos a dar en materia de seguridad social sino la primera de una serie de diversas medidas que se implementarán en pos de su recuperación, necesaria para la plena y definitiva restauración de la justicia social, objetivos planteados en el proyecto nacional y popular que encabeza el señor presidente Kirchner. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. RECALDE, HECTOR PEDRO - - BUENOS AIRES.- Señor presidente: voy a continuar con el hilo de la exposición del señor diputado Gutiérrez, y no puedo menos que confesar que fui un trabajador previsional y resulté electo por mis compañeros como secretario general del sindicato de APOPS. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) O sea que lo que voy a decir tiene un valor agregado, y quiero rescatar las luchas que nos llevaron a esto.
Los otros días, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social se reunieron en forma conjunta, dije que con alegría debíamos votar este proyecto de ley porque todos padecimos lo que significó la ley 24.241 junto con otras que se dieron en el peor momento del neoliberalismo en nuestro país, cuando la seguridad social se transformó en un negocio. Está bien el lucro, pero, ¿cómo hacemos para compatibilizarlo con la seguridad social? Es bastante difícil.
El paso que vamos a dar es trascendente. Acá alguien dijo que los sindicatos fueron corresponsables de aquella situación, pero en ese caso hubo opciones. No hay estamento o sector donde todos sean probos o elegidos. Lo cierto es que hubo sectores del movimiento obrero que el 27 de abril de 1979 pusieron el pecho a la dictadura, y continuaron el 21 de marzo de 1990, muy próximos a la elección del gobierno del presidente Menem. Ese día, en la Plaza del Congreso, esos dirigentes sindicales, junto con los trabajadores, se opusieron a la política de privatizaciones que se anunciaba. La marcha número cien de los jubilados, que permanentemente fueron acompañados por esos dirigentes sindicales, ocurrió el 2 de marzo de 1994.
¿Cómo podemos "ningunearlos"? Algunos podrán hacerlo por desconocimiento, y otros, siguiendo aquello que decía Goebbels: miente, miente que algo queda. ¿Por qué vamos a meter a todos en la misma senda, cuando el camino que recorrieron aquellos dirigentes fue de sacrificios, luchas y pérdidas?
Los compañeros hoy están acá porque es un momento de alegría. Entonces, vamos a votar con alegría este proyecto de ley. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Por supuesto, es perfectible. Esta iniciativa nació poco después del decreto que en 1990 reglamentó el ejercicio del derecho de huelga o del decreto de desregulación, que permitió el negocio de las actividades privadas en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Debemos seguir trabajando porque todavía tenemos que operar sobre muchas otras cosas. No quiero abundar en mayores consideraciones porque desde el compañero Thomas, como miembro informante, hasta otros señores diputados, se ha informado con mucha exactitud por qué técnicamente el proyecto de ley debe ser aprobado; sí deseo rescatar algo que vengo sosteniendo personalmente desde hace muchísimo tiempo: el derecho a la libertad. Uno puede optar entre estar en un lugar o en otro, aun con condicionamientos; pero cuando la opción resulta imposible, eso significa violar un derecho humano elemental como es el ejercicio de la libertad.
Hace muchos años, para no dramatizar tanto, yo decía que si en nuestro país uno se casaba podía divorciarse de su mujer; pero si se casó o lo casaron con una AFJP no podía divorciarse. Esto es obra del neoliberalismo. Entonces, uno dice: son liberales con los intereses y derechos que les son propios, pero son esclavistas cuando se trata de los derechos de los otros, especialmente si tales derechos son de los trabajadores. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Además de votar con alegría voto por convicción. En los discursos que he escuchado acá no he advertido que alguien demostrara que este proyecto de ley empeorará el sistema vigente. Hubo casi unanimidad en cuanto a que la iniciativa en debate mejorará el actual sistema. Para aquel que tenga alguna duda en cuanto a la disposición que establece que el trabajador que no haga uso de su derecho de opción quedará en el régimen de reparto, le recuerdo que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que es el Estado, y no los particulares, quien debe asegurar los beneficios de la seguridad social. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
sr. ZIMMERMANN, VICTOR - - CHACO.- Señor presidente: tal como lo manifestó nuestro miembro informante, nosotros vamos a acompañar este proyecto porque creemos, entre otras cosas, que va a permitir romper con la trampa de ser un afiliado cautivo de una administradora de fondos, sistema impuesto en la década del 90 en nuestro país y que a todas luces va a fracasar. Basta con mirar simplemente a un país vecino, Chile, para poder confirmar los problemas que dicho sistema acarrea.
Creemos en la mayor presencia pública en el sistema previsional como modo de garantizar su sustentabilidad.
También apoyamos la libertad de elección, opción que podrá ser ejercida por los trabajadores si se logra la sanción de este proyecto.
Nos parece correcto que pasen al sector público hombres y mujeres con determinada edad que no tengan una capitalización que les asegure una jubilación digna.
Creemos que es positiva la reducción del cobro de las comisiones de las administradoras de fondos, así como su obligación de invertir parte de ellos en proyectos productivos.
Ahora bien, en este marco también tenemos algunos interrogantes y preocupaciones. Por ejemplo, el artículo 10 del proyecto sustituye el seguro de muerte e invalidez por un fondo de reserva mutualizado. ¿Alguien sabe cuál es el costo de la inmovilización de estos fondos? ¿Se pudo comparar este costo con el del sistema anterior? Esto no consta en ningún lado. Hicimos la consulta en oportunidad de producirse el debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social y no obtuvimos respuesta. Su instrumentación es una facultad delegada por el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo nacional.
Otro tema que nos preocupa tiene que ver con la movilidad, que debería estar atada a una fórmula que relacione salarios e ingresos para que los jubilados presentes y futuros puedan participar en el crecimiento económico de la Argentina. Reconocemos como muy importante el incremento del 13 por ciento que consta en el artículo 45 del actual presupuesto para la gestión de 2007, pero eso es simplemente un aumento, no movilidad.
Por otra parte, todos sabemos que a partir de la decisión de la Corte tanto el Poder Ejecutivo nacional como nosotros, los miembros del Congreso, estamos en deuda en cuanto a establecer un sistema de movilidad que garantice mejores ingresos para nuestros mayores. Por eso es que con respecto a este tema nosotros vamos a hacer una propuesta concreta que tiene que ver con un salario mínimo: se trata de un 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil como un reajuste permanente que tenga relación directa con el crecimiento de la economía.
Nos preocupa la intangibilidad de los fondos, es decir, cómo se garantiza hacia el futuro la administración de los fondos del sistema previsional. El año pasado el sistema tuvo un superávit de más de 9.000 millones de pesos, pero también vimos que se ponían fondos a plazo fijo a un 4 por ciento de interés anual o se compraban letras del Tesoro al 6,5 de interés anual, cuando la inflación del año pasado estuvo casi en el 10 por ciento anual. Ante este planteo hecho en el debate producido en las comisiones intervinientes y en el Senado se hizo una incorporación. El artículo 15 establece que la ley de administración financiera será la que garantice el funcionamiento y la sustentabilidad de los recursos. Yo quisiera saber, y también lo he preguntado en el debate de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, cómo impacta la modificación del artículo 37, que se refiere a los superpoderes. La respuesta fue: "Nosotros hacemos administración racional".
Finalmente, en virtud del pacto fiscal de 1991 y ante la quiebra del sistema previsional, por solidaridad los gobernadores de la Argentina hicieron un aporte del 15 por ciento de los impuestos, del total coparticipable.
He escuchado con mucha atención al señor miembro informante cuando se refirió a la normalización del sistema previsional, objetivo que compartimos y para cuyo logro trabajaremos fuertemente. Pero también hablaba de la necesidad de discutir la distribución de ingresos. Me pregunto si no será tiempo de empezar a pensar en devolver algunos fondos a los gobernadores de las provincias argentinas, por medio de algún mecanismo, dado que en el sistema previsional hay un superávit extraordinario.
Me pregunto qué pasa con las once provincias que no mandaron el sistema previsional a la Nación, con lo cual los jubilados siguen perteneciendo a ellas. Ante este planteo, lo primero que me contestan es que el Poder Ejecutivo nacional garantiza el financiamiento del déficit de las cajas provinciales. Esto no es cierto, señor presidente, porque los términos de referencia del convenio que se firma no reconoce los déficit reales de las provincias y, por lo tanto, se deben financiar con dinero propio.
Si es cierto que vamos en camino de la normalización del sistema previsional, es tiempo de empezar a discutir algún sistema que garantice un piso de coparticipación federal a las provincias para que podamos hacer frente a estos déficit y a lo que hoy es una realidad y un problema nacional. Me refiero a que debemos garantizar un salario básico a nuestros docentes para que en nuestro país se pueda instrumentar en tiempo y forma la ley federal de educación, que hemos debatido en este recinto.
Por estas razones, nosotros vamos a apoyar en general esta iniciativa pero haremos algunas propuestas durante el debate en particular. (Aplausos.)
sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO - - BUENOS AIRES.- Señor presidente: voy a hacer simplemente unas pocas reflexiones, porque voy a suscribir el informe de nuestro compañero de la mayoría y de otros tantos que han hecho uso de la palabra.
Voy a referirme a un tema que considero central de esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, sobre todo por haber sido protagonista desde mi militancia sindical y política, en el marco del peronismo y del movimiento nacional, cuando se planteó la privatización no sólo del sistema previsional sino también de los recursos fundamentales del Estado nacional. Me refiero a cuando se planteó con claridad la vigencia de un proyecto económico, político, sindical y cultural que iba a dejar afuera a más del 70 por ciento de la población. Ese fue el proyecto que permitió la privatización del sistema previsional. No fue un hecho que no estuvo planificado. Por el contrario, hubo quienes lo impulsaron, lo sostuvieron, lo defendieron y fueron responsables de esta situación.
Por eso es bueno aclarar que no todo el movimiento sindical acompañó ese proceso de formación de administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones.
En julio de 1992 la CGT lanzó un paro nacional en oposición al acuerdo. Estaban Cavallo y Menem en el gobierno. Nosotros ya no estábamos, pero todos los trabajadores hicimos el paro nacional. Después Cavallo se reunió con la cúpula de la CGT -Cavalieri, Lescano y West Ocampo- y se generó el acuerdo que permitió la privatización. Claro, se daba un lugar al sindicalismo para que fuera parte del negocio de la privatización del sistema previsional.
Apoyar con fuerza la posibilidad de volver al sistema público de reparto y fortalecer el rol del Estado no sólo significa reivindicar la decisión del presidente de la Nación sino los miércoles de los jubilados y a los miles de trabajadores que enfrentamos ese proceso de privatización desde la CTA, juntando más de 1.300.000 firmas para exigir la realización de un plebiscito.
Es bueno aclarar y poner en blanco sobre negro la discusión sobre una decisión -que nosotros consideramos trascendente- del Poder Ejecutivo nacional. Comparto con el diputado Recalde la idea de que toda vez que nosotros propiciamos una iniciativa importante para la sociedad dudan de que pretendamos transformarla, creyendo que sólo estamos haciendo algunos retoques parciales. En verdad nosotros estamos adoptando esta actitud porque tenemos la decisión de transformar la Argentina, como lo estamos haciendo al crear más de tres millones de puestos de trabajo, incrementar los ingresos de los trabajadores públicos y privados y de los jubilados y pensionados, posibilitar el retorno al sistema de reparto, sancionar la ley de educación y estatizar Aguas Argentinas, otorgándole el debido marco regulatorio. Por eso, cuantas más dudas les generan nuestras iniciativas, más convencidos estamos de que la población apoya el conjunto de políticas públicas del presidente de la Nación que nosotros respaldamos con total fortaleza.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
sr. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: por eso para nosotros es importante sancionar este proyecto de ley y que, al mismo tiempo, nos comprometamos a hacer campaña para transferir la mayor cantidad posible de trabajadores al sistema público de reparto. Tan profunda ha sido la derrota que el 80 por ciento de los trabajadores de este país está en el sistema de capitalización. Por eso nosotros debemos realizar una campaña para fortalecer el régimen público.
Es verdad que las AFJP hicieron una campaña en los medios de comunicación, pero también es cierto que Menem las convocó y se afilió a una AFJP, siendo él también parte de todo ese negociado.
Hoy tenemos un presidente que nos ha remitido esta iniciativa para fortalecer la recuperación de este instrumento fundamental para los trabajadores.
Yo también quiero expresar mi reconocimiento a los trabajadores de la ANSES y de ATE que están presentes, pero en especial al compañero Miguel Zárate, un jubilado de los miércoles, que lamentablemente ya ha fallecido. Cuando por primera vez nos movilizamos frente al Congreso expresó lo siguiente: "Hace siete semanas que marchamos todos los miércoles. El gobierno ha intentado aislarnos, dar la imagen de que somos viejitos, que sólo nos cabe esperar cómo vamos a morir. Pero no pudieron, demostramos que somos dignos integrantes del pueblo y aquí se ve la gente que nos rodea. No pudieron con nosotros."
No sólo quiero reivindicar a Miguel Zárate sino expresar que esos miércoles de los jubilados, que fueron los primeros que se levantaron en oposición a las políticas neoliberales en este país, después dieron paso a una confrontación muy clara del movimiento sindical en contra de las políticas neoliberales impuestas. Eso no sólo lo compartimos con los compañeros de la CTA sino también con los del MTA, con quienes hemos estado en la calle resistiendo todas esas iniciativas. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO - - MENDOZA.- Señora presidenta...
sr. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR - e.o. - BUENOS AIRES.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO - - MENDOZA.- Sí, señor diputado.
sra. presidenta vaca narvaja.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR - e.o. - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: tengo una preocupación, porque la verdad es que estamos debatiendo esta iniciativa desde hace varias horas y, si no me equivoco, a las doce hay que cerrar el recinto. Todavía restarían ocho o nueve oradores.
sra. presidenta vaca narvaja.- No, señor diputado, restan dos y después el cierre.
sr. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR - e.o. - BUENOS AIRES.- ¿Cuántos diputados están anotados para el cierre?
sra. presidenta vaca narvaja.- Tres, señor diputado.
sr. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR - e.o. - BUENOS AIRES.- Entonces, tres diputados por 20 minutos, más el tiempo de los otros legisladores, tendremos para una hora y media más. Luego se debe realizar la discusión en particular. En consecuencia, si seguimos hablando en general es muy posible que no lleguemos a sancionar el proyecto de ley. Además, sobre la base del comportamiento de los trabajadores que están presentes, deduzco que nos van a aplaudir cuando votemos y no cuando hagamos discursos. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO - - MENDOZA.- Señora presidenta: seré breve, en honor a la hora.
Con motivo de las seguras modificaciones que se van a practicar a la ley 24.241, quizás sea oportuno también plantear reformas directamente vinculadas con la manera de nutrir de recursos a la ANSES.
Hoy existe un escenario absolutamente distinto del que imperaba en 1992, cuando se creó el nuevo sistema de transferencia de fondos a la ANSES. En aquel momento, frente al colapso público y notorio que exhibía el sistema de reparto, fueron las provincias las que acudieron a fortalecer el sistema, resignando importantes recursos que les correspondían de la coparticipación federal de impuestos.
En este recinto, donde deberían estar fuertemente representadas las provincias, son pocas las voces que se han oído en defensa de las provincias, mencionándose la cuestión sólo en forma tangencial y excepcional.
A quince años de aquel momento es indudable que la situación de la ANSES no es la misma. Además, se percibe que el actual gobierno, lejos de reconocer el esfuerzo que la mayoría de las provincias hizo en aquel momento, hoy continúa con la política de querer mejorar la posición de caja del sistema, sólo pensando en el corto plazo y a costa del esfuerzo de las provincias.
Por eso es importante reiterar que la ANSES finalizó en 2006 con un superávit neto superior a los seis mil millones de pesos, de los cuales prestó al Estado nacional una suma aproximada de dos mil millones de pesos a una tasa de interés cercana al 3,75 por ciento, habiendo sido la inflación superior, como mínimo, al diez por ciento.
Pero esto no es todo. A su vez, la Nación, que toma esa plata de la ANSES a poco menos de un cuatro por ciento, luego se la presta a las provincias a una tasa de interés cercana al 7 por ciento, casi el doble de su costo financiero.
Esto ocurre porque las provincias, indudablemente, necesitan cubrir compromisos; entre ellos, el pago de las obligaciones que surgen del programa de financiamiento ordenado. Sólo a la provincia de Mendoza, por ejemplo, ello le significa resignar alrededor de 300 millones de pesos.
Entonces, caemos en la ironía de que la ANSES, con un superávit extraordinario, le presta plata a la Nación, producto de recursos que previamente las provincias otorgaron a esa repartición, y luego resulta que las provincias terminan tomando fondos de la Nación, que paradójicamente son los mismos que con anterioridad les dejaron a tasa cero a la ANSES.
En consecuencia, de aprobarse este proyecto tal cual vino del Honorable Senado, esta caja nacional que es la ANSES estaría consiguiendo ingresos provenientes de los nuevos traspasos que se van a originar y de los aumentos de sueldo que seguramente se van a producir en el transcurso del año, dado que este país tiene inflación. Así, si sumamos esos nuevos recursos y luego le restamos las erogaciones que van a tener las administradoras producto de los aumentos a las jubilaciones y pensiones que se van a decidir este año, a fines de 2007 nos vamos a encontrar con un superávit proyectado superior a los 9.000 millones de pesos. Paralelamente las provincias, muchas de ellas muy mal administradas -esto también hay que decirlo-, seguirán aproximándose a una situación de déficit.
Por otro lado, es de buena técnica económica sostener que los sistemas previsionales de reparto no necesitan acumular déficit; lo que necesitan es asegurar como mínimo el justo flujo de recursos para pagar las prestaciones todos los meses a los valores que constitucionalmente corresponda.
Como ya se ha expresado, el superávit incremental que tendrá la ANSES no surge de una política de ahorros por parte del organismo, porque gran parte de los recursos que conforman ese superávit provienen de los aportes que en forma indirecta realizan las provincias a través de la cesión de dineros de la coparticipación. Esto se basa en el pacto firmado en 1992, por el que las provincias que cedieron sus cajas se comprometieron a ceder el 15 por ciento del total de sus recursos.
Por lo tanto -este es el momento de hacerlo y no otro-, surge como necesario introducir durante la discusión en particular un artículo -es lo que pretendemos- que deje sin efecto la cláusula primera del acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y las provincias en 1992, que fuera ratificado por la ley nacional 24.130. De este modo, ese 15 por ciento con el que hoy las provincias están contribuyendo en forma injusta para tener una ANSES rica y administraciones pobres, volvería a las arcas provinciales, donde indudablemente hace falta. De no incluirse ese artículo nos resultará difícil acompañar este proyecto, porque si lo hiciéramos estaríamos consolidando este esquema confiscatorio de los recursos provinciales.
Para no extenderme sólo quiero agregar que después de escuchar durante horas las reflexiones vertidas durante el debate, con agresiones y con culpas sobre los 90 y sobre el neoliberalismo, me voy a quedar con una frase pronunciada por una diputada que creo que proviene de la provincia de Santiago del Estero, quien señaló: "Son los mismos". En este sentido, créanme que cuando levanto la vista y miro a "las bancadas oficialistas" -salvo honrosas excepciones-, debo decir: "Son los mismos". (Aplausos.)
Termino con una frase que en mi opinión será esclarecedora en este debate que incluso ha estado cargado de sorpresas -en lo personal estoy azorado por muchas de las argumentaciones que he escuchado-, que corresponde a Miguel de Cervantes, quien decía: "Un caballero se avergüenza cuando sus palabras son mejores que sus hechos". (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
sr. AGUAD, OSCAR RAUL - - CORDOBA.- Señora presidenta: voy a ser muy breve y sólo quiero hacer una reflexión. Nuestro bloque va a acompañar con su voto la aprobación de este proyecto de ley.
Coincidimos con muchas de las argumentaciones que se dieron en este debate para sostener este cambio instrumental en la ley. Sólo digo que creer que la causa del fracaso del sistema previsional argentino tiene su origen en la sanción de la ley 24.241 y que para superar aquel error sólo basta con modificar esta ley es simplificar exageradamente el problema.
La cuestión de fondo no es lo que estamos debatiendo en este recinto sino la que debe discutir este Parlamento. Hay una ecuación que tiene que ver con el fracaso del sistema previsional. Dicen los que saben que hacen falta cuatro trabajadores activos para pagar el sueldo de un pasivo. Esa es la ecuación que rompió los 90.
No es un problema de la ley. La apertura indiscriminada, el "industricidio", la licuación de los puestos de trabajo que produjeron los 90 fueron la causa del fracaso del sistema previsional porque no hay cuatro trabajadores por cada pasivo.
Vemos los números: las AFJP tienen 11 millones de afiliados y 4.300.000 aportantes. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde están los afiliados que ya no aportan? El sistema público tiene más de 2 millones de afiliados y sólo 600.000 aportantes. Este es el problema.
Se trata de la generación de puestos de trabajo en la Argentina y de trabajo con salarios en blanco, salarios con dignidad del aporte para que haya lo que el señor diputado por Formosa señalaba, es decir un acuerdo intergeneracional que logre restablecer la estrategia solidaria que debe existir entre generaciones.
Ya no se aporta para los que vienen ni los que estuvieron aportaron para los que vendrán. Este es el problema, el debate que hay que dar en este recinto y en este Parlamento es saber si en la Argentina queremos seguir apuntalando un sistema productivo primario que ha desintegrado al país y consolidado riquezas en el lugar donde las mercaderías salen de los puertos, o si queremos realmente hacer un cambio estructural de nuestro sistema productivo, industrializándolo para integrar el Norte con el Sur, el Este con el Oeste, y crear puestos de trabajo en blanco para que haya cuatro trabajadores que aporten por un pasivo. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
sra. LÓPEZ, AMELIA DE LOS MILAGROS - - CORDOBA.- Señora presidenta: adelanto mi voto positivo y dado lo avanzado de la hora solicito la inserción del discurso que pensaba pronunciar.
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
sr. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO - - RIO NEGRO.- Señora presidenta: a fin de colaborar, deseo solicitar la inserción del discurso que pensaba pronunciar.
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
sr. MASSEI, OSCAR - - NEUQUEN.- Señora presidenta: en honor a la brevedad pido autorización para insertar el discurso que pensaba pronunciar, y lo hago votando con convicción, y parafraseando al señor diputado Recalde, con alegría pero también en cumplimiento de lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: lo primero que se me ocurre plantear es qué mala ha sido esta ley de privatización de la previsión social, que es una ley que no tiene padre ni madre. Escuchamos hablar a todos los legisladores y pareciera que ningún partido la hubiera votado.
Parece que esta ley surgió por efecto de la naturaleza o surgió de un repollo. Nosotros creemos que esto no ha sido así, que ha habido un partido que la sustentó, que la votó, que doblegó. Porque el famoso planteo de Menem de "no me van a torcer el brazo", surgió en esas luchas que fueron mencionadas con razón por algunos diputados del oficialismo.
Se dieron algunas luchas desde el movimiento obrero, desde los trabajadores, desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones políticas planteando la aberración que significaba esta modificación del sistema previsional solidario, que tenía enormes defectos pero que se hacía cargo -desde el Estado- de lo que pudiera pasarles a nuestros ancianos.
Es verdad una cosa que planteó el señor diputado Recalde. No he escuchado a nadie que dijera que esta ley es peor que la anterior. Esto es verdad y por eso nosotros la vamos a apoyar. Creemos que significa una mejora.
Desde hace mucho tiempo la diputada María América González y nuestro bloque venían señalando la necesidad de que se planteara la opción, que no es nada más y nada menos que los trabajadores puedan decidir adónde va su salario diferido.
Ahora, también tenemos que decir que esta ley saca el cepo al trabajador pero lo deja en la celda, porque el problema no es solamente que no puede optar adónde va su salario diferido, el problema esencial es el sistema planteado.
En primer lugar, nosotros pensamos que la mano invisible del mercado no va a solucionar el problema de la vejez, de la ancianidad, de la invalidez ni el de la muerte. Esto lo tiene que solucionar solidariamente la población a través de la organización del Estado, y esto es lo que durante años se fue planteando no sólo con esta ley sino con un paquete de leyes, y se fue destruyendo palmo a palmo con distintas normativas. Esto es lo que hay que tratar de reconstituir.
Estimamos que esta ley es un paso, un paso tímido, y por eso vamos a apoyarla votando a favor, pero no podemos dejar de plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, el déficit que se generó en las cajas de previsión por responsabilidad de la ley de privatización del sistema. Si uno estudia el déficit que ha tenido el Estado nacional en sus presupuestos verá que es el equivalente al dinero que dejaron de poner los trabajadores en las cajas de previsión.
Esto fue planteado por nosotros en las discusiones anuales de los presupuestos durante todos los años en que la Argentina tuvo déficit, y se decía que el anhelo del buen gobernante era que hubiera déficit cero. Este desfondamiento de las cajas fue producto de esa ley, del descomunal desvío de fondos de los bolsillos de los trabajadores y de las cajas del Estado a los tesoros de los grandes bancos, que fueron los beneficiarios por ser los dueños de las administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones.
La aprobación de esa ley no tuvo efectos neutros en la vida cotidiana de los jubilados ni tampoco en la distribución de la riqueza en nuestro país.
Si uno mira cómo es el sistema verá que es antinatural y contradice las leyes del mercado. Si uno ve cómo opera y cómo es la ruta del dinero, se asombrará. ¿Qué no es la jubilación privada sino un crédito blando que los trabajadores otorgan a los bancos?
Si cualquiera de nosotros concurre a un banco a pedir dinero nos dirán que nos van a prestar el dinero pero que tendremos que devolverlo con intereses. En esta situación es al revés: el trabajador da dinero al banco y a cambio de eso el banco le dice que le va a cobrar una comisión por tenérselo. Esto es el sistema de jubilación privada, que nosotros creemos que hay que cambiar, modificar.
Se vulnera el principio de solidaridad, no se respeta al individuo y no se actúa solidariamente. Sabemos que cuando esto ocurre sufre el más vulnerable, pero dentro de esta ley perviven todavía injusticias que estaban consagradas en la ley anterior, aunque se morigeren algunas.
Una de ellas es la injusticia del sistema respecto de la base imponible, con un piso demasiado elevado y un techo demasiado bajo, de manera tal que el que tiene un ingreso bajo termina pagando proporcionalmente más que aquel que tiene mayor capacidad contributiva. Esto se hace para garantizar que haya un piso de aporte al sistema privado de jubilación y por otra parte también se colabore con el desfinanciamiento del conjunto del sistema, es decir, el privado y el estatal.
Otra cuestión injusta es que el porcentual de la comisión se fija sobre la base imponible y no sobre el salario que efectivamente va a cobrar el trabajador. Esto implica una nueva vuelta de tuerca de injusticia sobre los ingresos de los que menos tienen.
Otra injusticia es la facultad del Poder Ejecutivo nacional para modificar esa base imponible, que puede ser discrecional y que no va a estar controlada por este Congreso como debería ser.
Los plazos para ejercer la opción -de cinco años y de 180 días- también constituyen una injusticia, porque buena parte de los trabajadores pueden llegar a no estar informados para tomar esa decisión en ese exiguo plazo de 180 días, pero a la vez tienen un plazo demasiado prolongado -de cinco años- para cambiarse con posterioridad.
La otra cuestión es que las AFJP dejan de tener la obligación de contratar seguros colectivos por invalidez o muerte para los trabajadores y se genera un fondo oscuro que no se sabe de qué manera se va a controlar pero que termina siendo un beneficio para las AFJP.
Creemos que se podría haber avanzado más, que se podría haber consensuado y que se debería haber discutido cómo generamos una salida de este sistema privado o de mercado hacia un sistema solidario que fortalezca el reparto. Coincido con los diputados que decían que tenemos que hacer campaña. Esto es cierto, pero también debemos tomar decisiones de Estado para fortalecer presupuestaria y efectivamente a ese sistema de reparto.
La crisis de 2001 demostró cuál es el destino de los depósitos de los ahorristas y cuál es la predisposición de los grandes bancos para responder por el dinero que los ahorristas o aportantes les han confiado. Ya sabemos que esa voluntad es nula en la medida que vulnere cualquiera de los beneficios enormes que hasta ahora han tenido, y creemos que no debemos dejar en sus manos las decisiones y el manejo del sistema. Pensamos que urgentemente se debe avanzar en modificar este sistema, que es injusto, que es de exacción y que significa una enorme transferencia de ingresos de los sectores que menos tienen a los que más tienen.
De manera que vamos a acompañar esta iniciativa haciendo estas salvedades, que luego vamos a precisar durante el tratamiento en particular. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
sr. DÍAZ BANCALARI, JOSE MARIA - - BUENOS AIRES.- Señora presidenta: si bien quiero ser breve, hay cosas que no puedo dejar pasar. En esta modificación de la ley 24.241, de régimen previsional, hay circunstancias que debemos señalar.
Esto no es producto de la casualidad ni algo que haya ocurrido por el transcurso del tiempo. Esto es nada más y nada menos que el resultado de un proyecto de crecimiento, desarrollo, trabajo, producción y distribución equitativa de la riqueza.
Eliminar el cercenamiento del derecho del trabajador a elegir integrarse al régimen público de reparto, posibilitando periódicamente su libre pasaje desde el sistema de capitalización al de reparto, supone hacer justicia con todos aquellos que habían quedado cautivos de las AFJP, y da respuesta definitiva a un reclamo de muchas organizaciones sindicales y sociales, a cuyos trabajadores -pasivos y activos- agradezco su presencia. Desde que se sancionó la ley estuvieron presentes, primero oponiéndose, y luego, proponiendo modificaciones.
Soy autor conjuntamente con la señora diputada Camaño de un proyecto de ley con contenido más o menos similar a este, que tuvo sanción en Diputados y no llegó a ser tratado en el Senado.
Durante mucho tiempo el sector pasivo permaneció rezagado. Es más, aparte de no recibir aumentos tuvo que padecer una disminución de sus haberes del orden del 13 por ciento; algo inédito. ¿Quién lo implementó? ¿Nadie? No, esto sucedió cuando gobernaba la Alianza y se produjo el estrepitoso fracaso del ministro Machinea. En ese entonces se sustrajo el 13 por ciento de los ingresos de los jubilados, que ya eran exiguos.
Hoy, a través de este proyecto de Nación que marcábamos antes, se plantean estas nuevas condiciones generales que imperan en nuestro país y que posibilitan que el sistema previsional se encuentre funcionando con superávit y no con el déficit al que estábamos acostumbrados. Al margen de quien lo administra, juntamente con su ministro, quiero destacar la presencia de los doctores Massa y Tomada quienes nos honran en este recinto.
Si no hubiéramos tenido esta situación económica con un aumento importante de la población que aporta, no sólo por el crecimiento del empleo sino también por la verificación del trabajo en negro, indudablemente no hubiésemos podido avanzar en esta materia. A esto hay que agregar lo que debe tener quien conduce los destinos de una nación: voluntad, decisión y coraje político. Recordemos que estamos frente a una decisión de alto contenido social, y en este sentido este gobierno puso de manifiesto su vocación solidaria y cuál es la forma de construir un proyecto de país.
La reforma de la ley 24.241 constituye una pieza más dentro del conjunto de las modificaciones de orden estructural que permitirá subsanar los problemas de desigualdad en los ingresos de la población -sustancial en el país- y los de la distribución de la riqueza.
Esto parecía algo imposible; o todos hemos perdido la memoria o no recordamos lo que ocurría hace algunos años atrás: el país se incendiaba, la institucionalidad desaparecía, la economía no existía y el pueblo no tenía quién lo amparara. Empezamos a reconstruir un nuevo país, y aquí estamos con este proyecto que algunos quieren negar y otros dicen que no existe.
Algunos sostenían que eran los mismos. ¡Claro que son los mismos! Es más, se atreven a firmar una solicitada inmensa. Quienes tenemos memoria recordamos que en aquellos tiempos se decía que la inflación iba a ser del mil por ciento, que el dólar se iba a ir a veinte pesos,que no iba a haber trabajo para nadie, que había que irse del país y que la institucionalidad ya no existía más. Alguien que ya no está se atrevió a decir que era preferible alquilar la administración pública en vez de gestionarla a través de argentinos dignos; pero quienes hoy están en el gobierno han demostrado que esto último es posible.
Tenemos un nuevo proyecto de Nación. Hoy podemos decir que lo tenemos y que contamos con un presidente que ejerce el mando con la legitimidad democrática que le da el apoyo popular. El general Perón -quien hoy tanto fue aludido- nos decía que nuestra comunidad sólo puede realizarse en la medida en que se realiza cada uno de los ciudadanos que la integran. Para nosotros, esto significa integrarse; y la condición de la integración del ciudadano en la comunidad consiste en que éste la sienta como propia, que la viva en libertad y en la convicción de que no hay diferencias entre principios individuales y los que alienta la Patria.
Por eso hoy, con talante de romería -como decía algún general hace mucho tiempo- apoyamos en particular y en general el proyecto de ley en debate. El pensamiento se pone en práctica con resoluciones y medidas del calibre de las que estamos por votar.
Nadie puede sentirse partícipe del destino común si le falta el trabajo, si gana un bajo salario o si atraviesa por una situación previsional calamitosa. La sociedad requiere medidas auténticas que tengan correlato con la realidad económica del momento. Esta etapa del desarrollo económico y social nos permite dar un salto en la materia que abordamos.
Podrá haber quienes digan que no alcanza y otros dirán que es posible más; pero no puede haber absolutamente nadie que con honradez deje de reconocer que empezamos una nueva etapa para todos los argentinos, fundamentalmente para aquellos que menos tienen. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
sr. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO - - RIO NEGRO.- Señora presidenta: en verdad es notable el cúmulo de coincidencias que hoy existe alrededor de este proyecto. Como anticiparan diputados de nuestro bloque, tales coincidencias nos llevan a la convicción de votar favorablemente la iniciativa en debate, sin perjuicio de algunas consideraciones que haremos durante su tratamiento en particular.
Lo notable de esta discusión es que habiendo tanta coincidencia algo resulta extraño, sobre todo cuando ellas parten una vez más de una visión que distorsiona los hechos de la historia, como si nuevamente tuviéramos una memoria selectiva y sólo rescatáramos hechos aislados, intercalados, y no su decurso, en este análisis de un fenómeno tan particular como es el sistema previsional argentino. Realmente cada uno se hará cargo de lo que dice y de lo que hace.
He escuchado algunos discursos que me sorprendieron, en razón de quienes provienen; pero no vamos a colocarnos en la situación de levantar el índice acusador para mostrar conductas pasadas que hoy parecen no ser reconocidas. Sin embargo, sí voy a rescatar lo que ha sido el pensamiento y la acción de la Unión Cívica Radical en esta materia.
A tal fin, entendí que lo mejor era recurrir a un documento escrito contenido en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores correspondiente a los días 22 y 23 de septiembre de 1993. Se trata de una inserción solicitada por el entonces senador Solari Yrigoyen, relativa a laDeclaración de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical sobre la reforma previsional del 27 de noviembre de 1992. Dice esa declaración, ante la posibilidad de que fuera sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma previsional originado en el Poder Ejecutivo nacional: "La Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical declara: 1- Que no comparte el concepto fundamental de cambiar el sistema solidario por el sistema de capitalización obligatoria que se pretende imponer.
"2- La reforma que se propone..." -porque acá se habló del artículo 14 bis de la Constitución- "...no acata el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ordena constituir un seguro social integral e irrenunciable, administrado por los interesados con participación del Estado...".
La Unión Cívica Radical ha dicho que se opone por múltiples razones al proyecto en cuestión que establece un sistema de capitalización individual. En primer lugar, porque implica el abandono por parte del Estado de su obligación constitucional de asegurar a todos los ciudadanos los beneficios de la seguridad social, tal como lo manda el artículo 14 bis, artículo que regía -debo decirlo- ya en ese momento y que no apareció en el año 2007.
La declaración termina dando un mandato a sus legisladores para oponerse en todas las instancias a este negocio disfrazado de reforma previsional.
A un partido que ha sostenido este pensamiento a lo largo de los años le resulta muy bueno que estemos discutiendo hoy el sistema previsional de la Argentina, porque han pasado catorce años desde aquella reforma previsional que otro gobierno del mismo signo que el actual llevó a cabo convirtiéndola en la reforma menos solidaria del sistema previsional que haya conocido este país.
Es bueno que no solamente haya una actitud autocrítica de sus autores sino también que se pongan en debate temas que deben ser discutidos y considerados para ir garantizando a los futuros jubilados condiciones más dignas que las que tienen actualmente.
El proyecto es bueno porque el Poder Ejecutivo -el gobierno que no dialoga con la oposición- sí lee los proyectos de la oposición. Nos damos cuenta de ello cuando observamos que los principios troncales del proyecto en consideración reflejan el pensamiento del radicalismo volcado en diversos proyectos presentados en esta Cámara y en el propio Senado.
El proyecto es bueno porque el 75 por ciento de los afiliados de las AFJP que llegaron a ellas en carácter de indecisos hoy podrán tener la libertad de decidir en qué sistema previsional quieren estar.
El proyecto es bueno porque los que no ejerzan expresamente la opción de afiliarse a una AFJP permanecerán en el sistema del Estado, que es el único que va a garantizar una jubilación mínima, mientras que el de las AFJP sólo garantizará un haber que sea exclusivamente el resultado de los ahorros de los afiliados.
El proyecto es bueno porque las AFJP tendrán que competir para conseguir afiliados que antes estaban cautivos; por lo tanto la competencia ya no sólo será por los servicios sino también por el precio de la comisión.
El sistema es bueno porque a partir de la limitación en el porcentaje máximo de la comisión que quedan autorizadas a cobrar las AFJP, habrá una mayor capitalización de los recursos por parte de los afiliados y, por lo tanto, tendrán una mejor jubilación.
También es bueno el proyecto porque en el sistema estatal los aportes posteriores a julio de 1994 serán considerados como los anteriores a esa fecha, mejorando el haber jubilatorio. De modo que un beneficiario con un sueldo promedio de la economía y con cuarenta años de aportes tendrá una jubilación equivalente al 70 por ciento de su promedio salarial.
Es bueno porque, en definitiva, las AFJP tendrán que demostrar cómo con una tasa de rentabilidad positiva del 3 o 4 por ciento, en términos de valores internacionales, serán capaces de otorgar una prestación jubilatoria que supere el 40 por ciento del promedio salarial de los afiliados.
Sería bueno que pudiéramos introducir en este debate, como lo han reclamado distintas bancadas, el tema de la movilidad, que hoy es una manda judicial que este Congreso no termina de cumplir.
También sería bueno que pudiéramos avanzar en otros aspectos como el tratamiento que la AFIP hace del salario y de la jubilación como salario diferido para que no lo considere una renta y esa decisión pase a engrosar el salario o el haber prestacional del trabajador.
En definitiva, es bueno que se haya tomado la decisión de iniciar este camino. Tenemos la absoluta convicción, tal como lo hemos expresado, de que no es todo lo que se debe avanzar. Pero queremos tener la lealtad de decir que este proyecto, con las observaciones que hemos hecho, tiene un profundo direccionamiento hacia la justicia.
Como lo hemos expresado en otras oportunidades, queremos que este debate, con la presencia del señor ministro de Trabajo, de funcionarios de su cartera y del director ejecutivo de la ANSES, sirva para que el proyecto de ley que hoy vamos a sancionar con nuestro apoyo, no sea tomado como una meta alcanzada, sino como un punto de partida del mayor debate sobre la cuestión previsional que nos estamos debiendo en la Argentina de hoy. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
sr. ROSSI, AGUSTIN OSCAR - - SANTA FE.- Señora presidenta: luego de haber escuchado intervenciones tan contundentes y densas desde el punto de vista conceptual, resulta difícil armar un discurso de cierre.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
sr. ROSSI, AGUSTIN OSCAR - - SANTA FE.- Más allá de las diferencias o acentos que cada uno de los legisladores o de los bloques han puesto en el desarrollo del debate, lo cierto es que la mayoría de las intervenciones han tenido un sentido positivo y de reconocimiento de que el proyecto que votaremos constituye ciertamente un avance.
Por lo tanto, a quien le corresponde cerrar el debate tampoco le queda la alternativa de contestar porque ello significaría poner énfasis en las divergencias, y no creo que tenga sentido.
Nosotros reivindicamos el consenso que tuvo este proyecto de ley en la discusión que se dio en el Senado de la Nación y que tiene hoy en este recinto.
Nos parece importante que la mayoría de los bloques políticos de esta Cámara de Diputados tenga una mirada positiva, con sentido constructivo, respecto de esta reforma al sistema previsional.
Por supuesto, quiero destacar los beneficios concretos de las modificaciones que hoy se propicia sancionar: la libre opción, la permanencia en el sistema de reparto del trabajador que no opta por la capitalización, la imposición de un límite a la comisión que cobran las AFJP, la decisión de que una parte de los fondos que recaudan las AFJP se destine a inversiones productivas, etcétera. Sin embargo, me gustaría encuadrar sintéticamente esta reforma de la ley previsional en el marco de una serie de hechos que desde el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Legislativo se han venido concretando en el sistema previsional argentino y que efectivamente han significado una mejora para el conjunto de jubilados y pensionados.
Desde julio de 2003 hemos propiciado el aumento del haber jubilatorio mínimo de 220 a 530 pesos, además del complemento de 30 pesos. El Poder Ejecutivo nacional aumentó diez veces el salario mínimo. El haber jubilatorio medio se incrementó de 382 a 652 pesos. Se aumentó la cobertura a 3.318.000 jubilados y pensionados. El flujo de aportes y contribuciones en 2001 era equivalente a 7.100 millones y en 2006 llegó prácticamente a 20 mil millones de pesos. El presupuesto en seguridad social pasó de 13 a 46 mil millones de pesos en la Argentina.
En materia de avances legislativos podemos citar los siguientes: la sanción en 2004 de la ley 25.994 de jubilación anticipada; régimen de moratoria correspondiente con una previsión de incorporación de 1.200.000 nuevos jubilados al sistema; la sanción en 2004 de la ley 25.865 de monotributo, pasando de casi 350 mil a más de 1.300.000 beneficiarios; la sanción en 2005 de la ley 26.063, por la cual la cantidad de empleadas domésticas aportantes pasó de 51 mil a 180 mil personas; modificación de la ley 24.463 de solidaridad previsional -dicho esto entre comillas-, que permitió a los jubilados con sentencia firme contra el Estado tener prioridad en los pagos, estableciendo un proceso de regularización con el objeto de resolver los reclamos y la litigiosidad existente en el sistema; y la sanción de la ley de corresponsabilidad gremial aprobada por unanimidad en esta Cámara, que esperamos que en el inicio del período de sesiones ordinarias sea tratada en el Honorable Senado.
Todo esto que he enumerado, más este proyecto de ley que hoy propiciamos sancionar, reconoce un único motivo desde 2003 a la fecha: dar la posibilidad a los argentinos de recuperar sus derechos.
Al conceder la posibilidad de otorgar un beneficio con este sistema de moratoria a un argentino que aportó durante diez años y después no pudo hacerlo más porque quedó desempleado o trabajó en negro, a quien trabajó durante toda su vida y nunca le hicieron un aporte, al anciano que no llega a la categoría de jubilado para que pueda acceder a una jubilación, con todo esto, no sólo estamos dando el derecho a tener un ingreso y a tener una obra social sino que en realidad estamos produciendo un fenomenal proceso de inclusión social. Para esos argentinos su única identidad era el documento nacional de identidad, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica. Muchos de ellos nunca tuvieron en su vida un recibo de sueldo, ni qué hablar de la posibilidad de una obra social.
Hoy con esta iniciativa estamos otorgando el derecho de elegir a todos los trabajadores argentinos, sacándoles el corsé obligatorio de la permanencia en el sistema de capitalización.
A quienes me refería anteriormente les otorgábamos el derecho a un ingreso digno y a una obra social. Desde hace cuatro años hemos tratado de devolver derechos a los argentinos. El Plan Federal de Viviendas, por ejemplo, no es un plan de obra pública, sino la posibilidad de restituir a los argentinos el derecho a una vivienda digna. (Aplausos.)
Así ocurrió con una serie de medidas que hemos tomado durante este tiempo. La nueva ley de educación no la discutíamos sólo luego de derogar la vieja ley federal de educación, sino que previamente sancionamos la ley de financiamiento educativo, y antes la ley de educación técnica.
Hoy debatimos esta iniciativa porque antes hicimos todas las cosas que señalé que hicimos. Reconozco nuevamente el acompañamiento de la oposición en las leyes fundamentales. Lo que estamos haciendo entre todos es desarmar la arquitectura de un modelo económico y social que, según mi criterio, empezó en 1975 con el rodrigazo.
Trascurrieron treinta años con dictaduras, con democracias encorsetadas y con abrazos al neoliberalismo más crudo, los que desarmaron un país en el cual el peronismo de Perón y Eva Perón tuvo mucho que ver. La arquitectura social de la Argentina de los 70 la desarmaron absolutamente.
Nos dejaron el país de la fotografía del 2001: 60 por ciento de pobres, 30 por ciento de indigencia, 24 por ciento de desocupación y la dirigencia política absolutamente sin legitimación. De hecho, en ese momento la mayoría de los jubilados y pensionados eran pobres.
Empezamos a construir una arquitectura distinta vinculada con la restitución de los derechos, como el derecho a la educación. Cuando en esta Cámara se discutieron una serie de proyectos vinculados con la modificación de un andamiaje de leyes laborales que precarizaron el empleo, estuvimos restituyendo el trabajo digno para el conjunto de los trabajadores.
Esto es lo que estamos haciendo hoy. El gobierno tuvo la iniciativa, sin dejar de reconocer que legisladores de la oposición y de nuestro bloque presentaron proyectos similares. Corresponde al gobierno decidir cuándo es el momento propicio para producir una trasformación de estas características.
Agradecemos ciertamente a todos los bloques de la oposición que nos han acompañado. También agradecemos la presencia de los funcionarios, como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director ejecutivo de la ANSES, Sergio Massa.
En la dialéctica del vaso medio lleno o medio vacío y los acentos que cada uno coloca en función del lugar en que se ubica, encontré una frase de Galeano que me parece que zanja la discusión: "La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar." Caminemos, señor presidente. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Se va a votar en general en forma nominal.
-- Se practica la votación nominal
VER LISTADO DE LA VOTACION
-- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores diputados presentes, 209 han votado por la afirmativa y 10 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 209 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y 2 abstenciones.
-- Aplausos y manifestaciones en las bancas y en las galerías.
-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
-
sr. presidente balestrini.- En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: con respecto al artículo 1° debo decir que en la redacción se reitera el error de la ley 24.241. Por eso, disiento con algunos compañeros, no sobre el tema de la opción sino sobre algunas cuestiones de carácter general.
En este artículo se vuelve a establecer un tope mínimo y otro máximo para los aportes previsionales. En este sentido, se incurre en un error conceptual, sobre el cual he discutido reiteradamente durante muchos años con los funcionarios de los distintos gobiernos de turno.
La Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Seguridad Social y la jurisprudencia toda han establecido durante años que el haber jubilatorio es de carácter sustitutivo de las remuneraciones, por lo que no tiene nada que ver con los aportes. Es inconstitucional que el Poder Ejecutivo establezca topes mínimos o máximos a los aportes. Esto es tan arbitrario que hoy el que más gana es el que menos aporta. Por ejemplo, si tomamos el caso de un trabajador con un sueldo de 12.000 pesos mensuales, veremos que aporta un 5 por ciento, contra un trabajador común que aporta un 11 por ciento.
Por eso, no estoy de acuerdo cuando me dicen que hay que poner los topes porque de lo contrario, al existir un tope en los haberes jubilatorios, les inician juicios porque no hay tasa de sustitución.
Es absolutamente falso porque parten de una ignorancia total del derecho previsional.
Reitero que la jurisprudencia durante décadas ha establecido el carácter confiscatorio de los haberes previsionales cuando no guardan la tasa de sustitución debida con las remuneraciones, no con los aportes.
Por eso solicito, si es que realmente existe la voluntado de incrementar los ingresos de la ANSES, que se elimine este artículo.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: compartiendo lo que mencionaba recién la señora diputada María América González, quisiera agregar que sería bueno que en el mismo artículo se dijera que los aportes y contribuciones que superen 75 veces el valor del módulo previsional, MOPRE, financiarán solidariamente el sistema previsional público de reparto.
sr. presidente balestrini.- ¿Qué dice la comisión?
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: observando la redacción y revisándola en base a los debates mantenidos pensamos que hay que sostener el dictamen de mayoría porque hay que dar previsibilidad y sustentabilidad al sistema. En ese sentido consideramos que este texto la asegura por lo que vamos a insistir con el dictamen.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 1°.
Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: no me queda clara la sustentabilidad y previsibilidad si no le agregamos recursos. Casualmente en esa línea se realizó el planteo anterior.
Pero en la misma dirección quisiera proponer dos artículos que creo que en concordancia con lo que aquí hemos dicho, que es fortalecer el financiamiento del sistema público, valdría la pena incorporar.
El primero que sugiero es el siguiente: "Deróguese el artículo 9º de la ley 24.241, así como los decretos 814 del 2001, 815 del 2001 y 510 del 2003. Restitúyanse los porcentuales de las contribuciones patronales establecidos en las leyes 24.714 y 19.032. los incrementos de las contribuciones patronales fijados precedentemente no se efectuarán sobre los sujetos económicos que ocupen hasta 40 personas y/o cuya facturación con IVA no supere los 6.500.000 de pesos. Esta disposición operará de manera transitoria hasta que se simplemente un tratamiento integral de las pymes que libere a las contribuciones patronales de estas firmas de objetivos que no le competen." Para ser más explícitos se está pidiendo la restitución de las contribuciones patronales a los niveles del año 1993, con excepción de las pequeñas y medianas empresas.
sr. presidente balestrini.- ¿Qué dice la comisión?
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: tal como lo expresamos en la presentación del proyecto consideramos que esta reforma tiene la gradualidad necesaria para poder ir transformando el sistema en previsible. No vamos a aceptar la propuesta.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: el segundo artículo propuesto tiene que ver con restituir los aportes fijados en el artículo 11 de la ley 24.241, para el caso específico de los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia, previendo la derogación de toda normativa en contrario. Para ser explícitos, pretendemos unificar los aportes que hoy están en el 7 por ciento para las compañías privadas y en el 11 por ciento para el sistema de reparto.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: si bien consideramos que es un objetivo loable, pensamos que para lo que estamos discutiendo la redacción del dictamen es la correcta y por lo tanto no vamos a aceptar el agregado de este segundo artículo.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. PINEDO, FEDERICO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: no voy a fundamentar sino simplemente voy a leer la propuesta de modificación de la última parte del primer párrafo. Cuando dice que se considera que los indecisos pertenecen al régimen previsional público, nosotros proponemos que diga lo siguiente: "En caso de no ejercerse la referida opción, se entenderá que la misma ha sido formaliza por el régimen de capitalización en la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones del Banco de la Nación Argentina. Estos afiliados podrán cambiar de régimen por una vez cuando lo deseen".
Y en el mismo artículo 2°, en el segundo párrafo cuando menciona que la opción por el régimen previsional público producirá ciertos efectos para los afiliados, proponemos reemplazar el inciso d) por el siguiente: "Para la actualización de las remuneraciones históricas para calcular el haber inicial y para la movilidad posterior de los beneficios previsionales los montos deberán ser actualizados de conformidad al índice del nivel general de remuneraciones del INDEC. Derógase el artículo 7° de la ley 24.463."
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: en el mismo artículo 2° hay un párrafo que dice lo siguiente: "...dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de ingreso a la relación laboral de dependencia o a la de inscripción como trabajador autónomo". Yo no soy partidaria de los plazos, no me voy a extender porque ya lo he dicho anteriormente. El trabajador ingresa en el sistema de reparto y cuando lo desea se pasa al sistema de capitalización.
Establecer un plazo es condicionar la opción a determinado tiempo. Creo que acá habría un avance importantísimo si la persona naciera dentro del sistema de reparto y allí permaneciera para que nosotros le demos 90 días a las administradoras para que estudien el mercado como hicieron en el año 1994 y así establezcan en esos 90 días la posibilidad de cambio.
Yo creo que un trabajador ingresa a trabajar, ingresa en el sistema de reparto y cuando lo desea se va; no tiene ni 90 ni 91 ni 92 días, es libre de libertad absoluta, no condicionada.
Pero aparte me parece a mí que hay un error en la redacción porque dice "...90 días contados desde la fecha de ingreso a la relación laboral..." Parecería que cada vez que el trabajador ingresa a un trabajo tiene 90 días para poder decidir dónde van sus aportes. Lo que tiene que decir el artículo es que se refiere a aquellos trabajadores que ingresan por primera vez al mercado laboral.
Por otro lado se aumenta la prestación por permanencia de 0,85 a 1,5. Esta es una decisión muy importante y que nosotros apoyamos. Pero, lamentablemente, dice "El haber mensual de esta prestación se determinará computando el uno y medio por ciento por cada año de servicios con aportes realizados al régimen previsional público, en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria".
A mi criterio aquí está el error porque la prestación compensatoria, que es para aquellos trabajadores que tienen servicios dentro del sistema estatal, fue una especie de indemnización. Se les reconocía el 1,5 por ciento en contra de aquellos trabajadores que elegían el sistema de reparto, y entonces los castigaban: ¿vos te querés quedar en el sistema de reparto?, entonces yo te doy el 0,85.
Esta ley lo rectifica y dice: no, si se quiere quedar, lo lógico es que le demos el 1,5 por ciento al igual que en la prestación compensatoria. ¿Por qué al que se queda le vamos a dar menos? Perfecto; pero si los tratamos de la misma manera que en la prestación compensatoria, como dice acá, esta última no puede contabilizar más de 35 años de aportes. Entonces, la persona que tiene 40 ó 50 años de aportes se ve perjudicada por esa limitación en los requisitos establecida para la prestación compensatoria.
Por si eso fuera poco, la prestación compensatoria tiene como límite el valor del MOPRE, que -para los que no conocen esta materia- es la unidad de medida que establece el Poder Ejecutivo. En consecuencia, si el 1,5 por ciento da más que un MOPRE, se vería limitado, es decir, no le aplicarían el 1,5. ¿Por qué? Porque le aplican la misma forma y metodología que en la prestación compensatoria. Entonces, creo que se debe corregir y no se debe poner "en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria", porque se está limitando el beneficio que se le está dando al trabajador y que lo reconozco como muy potable.
El último párrafo dice que los afiliados al sistema integrado -o sea todos, los de capitalización y los de reparto- podrán optar por cambiar el régimen al cual están afiliados una vez cada cinco años, en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto entra en contradicción con un artículo 14 que se agregó y que no pertenece a la ley 24.241; esto carece de técnica legal, porque nosotros estamos modificando o sustituyendo artículos ya existentes en esa ley. Al final se agregan cinco artículos -los números 14, 15, 16, 17 y 18- que tendrían que ser incorporados a la ley 24.241. Esos artículos no modifican la citada ley sino que son agregados; y si son agregados, tienen que seguir la numeración de los artículos de la ley 24.241. Mediante este proyecto estamos modificando la ley 24.241, pero los artículos que mencioné son agregados y entonces no pueden seguir el orden cronológico, como se ha seguido acá.
La otra cuestión es que se limita al trabajador, ya que por un lado se le dice que puede optar cada cinco años y el artículo 14 dice que dentro de los 180 días el que está en una AFJP se puede pasar al sistema de reparto pero que pasados esos 180 días no lo puede hacer nunca más. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo estoy en una AFJP, tengo nada más que 180 días para pasarme al régimen de reparto, pero si estoy en el sistema público me puedo pasar a una AFJP cuando se me dé la gana. ¿Cómo es esto, si nosotros estamos intentando solucionar el problema del equilibrio en el trabajador? Es decir que por un lado estamos limitando la libertad del trabajador que está en una AFJP, dándole apenas 180 días hábiles para pasarse al régimen de reparto, y por otro habilitamos al trabajador que está en el régimen de reparto a irse cuando quiera, pudiéndolo hacer una vez cada cinco años. Es decir que hay una contradicción en la redacción de la norma.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
sr. NIEVA, ALEJANDRO MARIO - - JUJUY.- Señor presidente: voy a sugerir un agregado a este artículo. Tiene que ver con algunos comentarios que hicimos en el debate en general.
Estamos de acuerdo con esta rectificación de la norma que pone las cosas en su lugar, reconociendo el 1,5 por ciento por cada año de servicio con posterioridad al 94 en lo que se llama la prestación por permanencia. Ocurre que vamos a dejar a quienes se han jubilado hasta ahora con un reconocimiento del 0,85 por ciento, lo cual genera una inequidad.
Tal vez pueda estar en mente del Poder Ejecutivo rectificar esta situación. Por lo tanto, solicito que luego de donde dice: "El haber mensual de esta prestación se determinará computando el uno y medio por ciento (1,5%) por cada año de servicios con aportes realizados al régimen previsional público, en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria." se agregue: "La Administración Nacional de Seguridad Social procederá a actualizar los haberes previsionales recalculando el haber inicial conforme al nuevo índice de la prestación adicional por permanencia."
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
sr. IRRAZÁBAL, JUAN MANUEL - - MISIONES.- Señor presidente: advierto a los señores diputados que durante el tratamiento en particular corresponde hacer una sucinta fundamentación de cada uno de los artículos que pretenden reformar en lugar de un desarrollo discursivo que lo único que hace es dilatar el tratamiento de la cuestión.
sr. presidente balestrini.- Esta Presidencia considera que cada legislador tiene cinco minutos para fundamentar la modificación que pretende introducir en el articulado.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: compartiendo lo planteado por la señora diputada González sugiero que donde dice: "Los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones podrán optar por cambiar el régimen al cual están afiliados una vez cada cinco (5) años,...", en lugar de "cinco años" diga "dos años".
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: este es un artículo central en la propuesta de modificación de la ley 24.241. Creemos que el texto es el adecuado y discrepamos con algunas interpretaciones que se han vertido. Por lo tanto, vamos a insistir con el dictamen de mayoría.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 2°.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: en el artículo 3° se incorpora el artículo 30 bis. Este artículo señala que los hombres que lleguen a los 55 años y las mujeres que lleguen a los 50 años sin haber podido ahorrar lo suficiente como para un haber mínimo -250 MOPRES o 20.000 pesos, porque está en 80 pesos- podrán pasarse al sistema de reparto y la administradora deberá transferir los fondos.
Ahora bien, aquí no se habla de garantía de haber, porque como no se modifican los requisitos de la jubilación puede suceder que una persona con 50 o 55 años de edad se pase al sistema de reparto, pero para tener derecho a un beneficio en dicho sistema debería contar con treinta años de aportes. Esto significa que no puede acceder a un beneficio si no tiene treinta años de aportes. Si no capitalizó ni 20.000 pesos en un sistema de administradoras, ahora la hacemos pasar al sistema de reparto, le sacamos los fondos del sistema de capitalización que estuvo cobrando durante todos los años para que no capitalizara nada, y ni siquiera tiene derecho a un haber mínimo.
Nosotros no le garantizamos que vamos a pagarle el haber mínimo. El proyecto sólo dice que estos trabajadores pasarán al régimen previsional público, pero en ninguna parte establece que se les garantiza el haber mínimo.
Lamento que no esté aquí el director de la ANSES, licenciado Massa, pero cuando concurrió al Senado se le preguntó qué ocurriría con estos hombres y mujeres mayores de 55 y 50 años de edad, respectivamente, que no han capitalizado y pasan al sistema de reparto. Nada se les podrá dar porque no tienen los treinta años de aportes. Nos dijo que eso no importaba porque se jubilarían por edad avanzada. ¿Pero quién garantiza que lleguen a la edad avanzada? Además, ¿quién supervisa que esas personas sigan aportando durante diez años o cumplan con el requisito de trabajar cinco años de los últimos ocho para tener derecho a la jubilación por edad avanzada? Nadie.
Este artículo tendría sentido si permitimos que esas personas pasen al sistema de reparto garantizándoles el haber mínimo. Se "vende" que al pasar el trabajador al sistema de reparto se le garantiza el haber mínimo, pero esto es falso. Se le pagará ese haber si tiene treinta años de aportes, como se pide a cualquier hijo de vecino. Tan así es que el estudio de Marcú y otros están diciendo: muchachos, a ustedes les conviene empezar los primeros años en una AFJP y pasarse al sistema de reparto cuando les falten diez años para alcanzar la edad jubilatoria. Esto apareció en "La Nación", en "El Cronista Comercial"; incluso, se hace el cálculo de cuánto van a percibir cobrando en actividad un sueldo de 2.000 pesos. Todo es mentira, son todos espejitos de colores, pero lo hacen.
Por lo tanto, si no garantizamos a esos trabajadores el haber mínimo jubilatorio estaremos perjudicando a las personas que menos tienen. A esa gente le sacamos los fondos de la administradora, los toma la ANSES pero no le brinda ningún beneficio. Si la persona no tiene treinta años de aportes, o no llega a los diez a los fines de la jubilación por edad avanzada, en definitiva no tiene nada. Se queda sin ese mísero pozo de la administradora, que podría pagarle cien pesos, y tampoco cuenta con el sistema de reparto dado que no reúne los requisitos.
Entonces, pongámonos de acuerdo en cuanto a qué queremos hacer con este artículo 30 bis. ¿Para qué hacemos pasar a estas personas al sistema de reparto? Acá se establece que si el trabajador desea permanecer en la AFJP debe manifestarlo expresamente, ¿pero para qué va a pasarse al sistema de reparto si éste no le da garantías?
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señora presidenta: comparto lo señalado por la señora diputada María América González en relación con este artículo por el que se establece que pasarán del sistema de capitalización al de reparto aquellos hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 cuyos saldos en la cuenta del régimen de capitalización sean menores a 20.000 pesos.
Es interesante observar que este proceso, que es dinámico, con el paso del tiempo llevará a que quienes no alcancen la jubilación mínima en el sistema de capitalización pasarán al régimen de reparto. Se trata de trabajadores de bajos sueldos o que tuvieron períodos importantes de inactividad.
A modo de ejemplo uno podría tomar los datos de la administradora Nación. Aquellos casos representan el 16 por ciento de sus afiliados y el 8 por ciento de los fondos acumulados. Si estos números se extrapolan al conjunto del sistema, estamos hablando de 1.800.000 personas y de más de 10.000 millones de pesos que pasarían a la ANSES. El proyecto de ley en discusión nada dice respecto de la forma en que se transferirán los fondos. Este es el primer problema importante.
Además, es interesante observar que en momentos en que las administradoras empiezan a tener que tramitar unnúmero crítico de beneficios pasan a ser aliviadas, cuando en el plazo de doce años han venido realizando ganancias extraordinarias por cobro de comisiones que se hicieron a cuenta de futuros gastos en la gestión de estos beneficios de los que luego no tendrán que hacerse cargo. Por lo tanto, como no está claro ni lo que se quiere garantizar y como al plantear la garantía del haber mínimo estamos desincentivando la opción por el régimen público, propongo que esto se elimine.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: no aceptamos modificaciones debido a que en el dictamen se contempla otra oportunidad para volver al sistema de reparto.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. PINEDO, FEDERICO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: propongo que la última oración quede redactada de la siguiente manera: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disminuir el porcentaje establecido en este artículo en la medida en que lo justifiquen cambios significativos de costos de administración o de rentabilidad."
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: propongo que aprovechemos esta oportunidad para introducir competencia en el régimen privado de capitalización, que es lo que en todo caso habría que hacer, y que el texto diga lo siguiente: "La comisión por la acreditación de los aportes obligatorios sólo podrá establecerse con posterioridad a que las administradoras obtengan una rentabilidad mínima sobre los fondos administrados. En ningún caso esta comisión podrá superar el 10 por ciento del aporte obligatorio del afiliado."
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: insistimos en la redacción del dictamen.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: lo dicho por el señor diputado Lozano refleja mi pensamiento, de modo que no voy a hacer uso de la palabra en este momento a fin de que se puedan tratar otros temas. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Se va a votar.
-- Resulta afirmativa.
-- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 5°.
sr. presidente balestrini.- En consideración los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, respecto de los cuales sólo ha pedido realizar una intervención la señora diputada por la Capital.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: los artículos 6° a 10 se refieren al cambio del sistema que establece un derecho de seguro en caso de invalidez o muerte por un sistema de mutuales. Es decir que se forma un fondo común entre todas las administradoras. Para mí este sistema es absolutamente inseguro porque hay aspectos que no se aclaran, tal como no se aclaró cuando concurrió a la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda el superintendente de las AFJP, que lamentablemente no se encuentra en el recinto. En ese sentido quisiera saber si en el caso de muerte o invalidez no va a existir más el contrato de seguro, que era lo único cierto que establecía la ley 24.241, porque era más conveniente. Eso fue modificado -no sé por qué- por un sistema mutual por el cual los gastos de ese sistema se van a cobrar de las cuentas personales de cada uno, o sea que los siguen pagando los trabajadores, y no sabemos cuánto es porque no existe ningún estudio actuarial.
Aparte de esto, el señor superintendente dijo que si se juntaban todas las administradoras en una gran masa se crearía un fondo para compensar a las administradoras chicas que tienen altos siniestros con las más grandes, que tienen pocos, o viceversa. Pero no me explicó cómo se llevaría esto a cabo.
Si Juan Pérez aportó durante tres meses y Juana González aportó durante treinta años, dado que es una cuenta común le sacan de la cuenta del mismo modo al aportante regular, es decir, al que aportó siempre, que a quien lo hizo durante tres meses, lo cual es inequitativo desde todo punto de vista. Cuando planteé mi objeción, se me contestó que estaban estudiando elaborar un proyecto que equiparara al aportante regular con el irregular.
Por lo tanto, no puedo aprobar los artículos 6° al 10, aun cuando me convenzan de que esto es bueno. Quiero que me convenzan de que esto es mejor que un contrato de seguro, pero acá no lo dice. Y si, para colmo, está incompleto, me veo en la obligación de no votar afirmativamente estos artículos.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: se me presenta el mismo inconveniente que a la señora diputada González. No tuvimos una aclaración adecuada por parte del superintendente en la comisión, con lo cual tengo dificultades para votar estos artículos.
Quiero aclarar que en realidad la explicación de que las administradoras grandes van a financiar a las chicas no es muy cierta. El promedio que hoy se está pagando en el sistema en materia de seguro es del 1,41 por ciento; el Banco Nación está en el 0,9 por ciento y las administradoras más grandes, que han sufrido traspasos en favor de dicho banco, tienen costos de seguro por encima, con lo cual, así como está planteado, esto es un subsidio desde quienes han demostrado mayor eficiencia hacia las administradoras más grandes del sistema, que en realidad han venido obteniendo hasta aquí, sin costo de siniestralidad y con empresas vinculadas a su estructura financiera, ganancias extraordinarias con el seguro.
Por lo tanto, dado que no es una transferencia de las grandes administradoras a las chicas, sino exactamente al revés, teniendo en cuenta que va en desmedro del régimen de capitalización de la administradora del Banco Nación, propongo eliminar esto.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: insistimos con el dictamen porque hemos debatido largamente sobre la conveniencia de bajar en forma muy importante el costo de los seguros por invalidez y fallecimiento, lo cual está expresado en el texto que proponemos.
sr. presidente balestrini.- Si hay asentimiento, se van a votar en forma conjunta los artículos 6° a 10 inclusive.
-- Asentimiento.
sr. presidente balestrini.- Se van a votar los artículos 6° a 10.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 11.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: en este artículo se incorpora como artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias -esto está perfectamente redactado- un artículo que dice que el Estado nacional garantizará a los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones del régimen previsional público el haber mínimo establecido en el artículo 17 de la presente ley.
El haber mínimo está garantizado absolutamente para todos en el sistema público. Acá no hay nada nuevo bajo el sol. No sé qué han querido decir. No tiene sentido sancionar un artículo que diga que el Estado nacional garantizará a los beneficiarios del sistema público un haber mínimo porque esto es así: nadie puede cobrar menos del mínimo. Sería lo mismo que pretender incorporar a la ley de contrato de trabajo una disposición que diga que nadie puede cobrar menos del salario mínimo, vital y móvil. Es obvio que quien cobra menos está en infracción respecto de la ley.
Ahora bien, distinto sería si se dijera que se pretende garantizar el haber mínimo no sólo a los que tienen componente público y privado sino también a quienes han quedado presos en una administradora, que sólo tienen aportes a ella, y que en caso de beneficio por invalidez o muerte -por vejez es imposible- cobran 100 o 150 pesos. Eso es lo que hoy cobra la viuda de un trabajador joven o un inválido que únicamente realizó aportes a una administradora. Sí tendría sentido garantizar esto a los beneficiarios del sistema público y a los del régimen de capitalización que perciban componente público o prestaciones por invalidez o muerte, con o sin componente público. En ese caso sí tendría razón de ser este artículo. De no ser así, es redundante, ridículo.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: comparto lo expresado por la señora diputada preopinante, y en el mismo sentido que lo señalé respecto del artículo 4º, me parece que se desincentiva la opción por el sistema público al establecer garantías al régimen privado.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: este es uno de los reaseguros previstos que destacamos entre los objetivos centrales de la reforma, de modo que insistimos con la redacción del dictamen.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 11.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 12.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: este artículo, que sustituye el cuarto párrafo del artículo 157 de la ley, me preocupa mucho porque involucra a los sistemas diferenciales e insalubres. Se refiere a un informe en relación con los elementos para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado financiamiento.
Debo recordar que el artículo 157 de la ley 24.241 únicamente se refiere a los sistemas insalubres, que no tienen absolutamente nada que ver con los regímenes jubilatorios especiales o diferenciales, como gustaba llamarlos en los 90. Recordemos que hace muy poco este Congreso reivindicó los derechos de los docentes como un sistema especial de jubilación.
Entonces, a mí me preocupa este artículo 12 en forma conjunta con el 15, que une ambos sistemas, como si no hubiera diferenciación entre uno y otro.
Además, el Poder Ejecutivo no necesita del artículo 12 para solicitar informes a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o a quien se le antoje. Obviamente, es una facultad del Poder Ejecutivo pedir todos los informes que considere necesarios, salvo que detrás de los artículos 12 y 15 se encuentre la intención de volver a estudiar no sólo los sistemas insalubres, sino también las alícuotas y los requisitos de los sistemas especiales, como los científicos, docentes, etcétera.
Por ende, solicito la derogación de los artículos 12 y 15.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: me parece que la señora diputada preopinante quería hacer referencia al artículo 16 en lugar del 15.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Así es, señor presidente.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: no hay nada en este proyecto ni en la conducción política de la seguridad social del gobierno que haga presumir que se está legislando en forma negativa, por lo que vamos a sostener el dictamen en ambos artículos.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 12.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 13.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: en este caso disiento con el ministro de Trabajo, quien dijo que en esta iniciativa no había ajustes.
En la situación actual, aun con la perversa ley 24.241, los causahabientes -llámense hermanos o hijos discapacitados a cargo del causante- de una persona que se hubiera jubilado con la ley 18.037, pueden solicitar el beneficio. Aquí, en cambio, no, porque hay un ajuste.
Así se modifica el principio general de la ley vigente al momento del cese, agregando la fecha de solicitud del beneficio. Para mí éste es un craso error y un retroceso en el derecho previsional.
Digo esto porque la fecha de solicitud del beneficio abre la posibilidad de fraude en el inicio de los trámites. En el caso de la fecha de cese, ello es mucho más complicado. Para obtener un beneficio -aquí habla de lo que ocurra primero- puedo fraguar perfectamente la fecha de solicitud. Por si fuera poco, se agrega la fecha de cese, desconociendo que en el sistema actual alguien se puede jubilar sin haber alcanzado el cese. A las únicas personas que les exigen el cese es a las que trabajan en la administración pública. Por ejemplo, señor presidente, si dentro de muchos años, cuando alcance la edad, usted se quiere jubilar -espero que en ese momento la ley haya sido modificada-, no podrá seguir trabajando en este ámbito; pero si fuera ejecutivo de una empresa privada, sí podría seguir trabajando. Esto es así porque, por un decreto del entonces excelentísimo presidente de la Nación de la Rúa -que no dejó pavada por hacer-, se permite que una persona no cese en su actividad. En ese caso los interesados ingresan el expediente jubilatorio sin cese de servicios. Pero como en ese decreto se establece que la jubilación es incompatible con el trabajo dentro de la administración pública, quienes estén en esa situación no podrán seguir trabajando en el ámbito del Estado, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un gerente de banco.
Como con esta redacción se insiste en el error, solicito la modificación del artículo en tratamiento, a efectos de que quede tal como había sido redactado originalmente.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: vamos a insistir en la redacción del artículo que figura en el dictamen, porque en nuestra opinión está bien redactado.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 13.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 14.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Sólo quiero que alguien me explique por qué se establece el plazo de 180 días para poder pasarse de un sistema al otro.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: coincido con la señora diputada preopinante. No entiendo la razón por la que se establece este plazo.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: el plazo surge de la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo, que ha sido elaborada en base a un estudio de lo que se necesita para implementar una reforma gradual del sistema. Por lo tanto, insistimos en la propuesta contenida en el dictamen.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 14.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 15.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
sr. NIEVA, ALEJANDRO MARIO - - JUJUY.- Señor presidente: este artículo se incorporó a partir de una propuesta efectuada por el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación. Sin perjuicio de ello, entendemos que se podría mejorar la redacción con el objetivo de otorgar más garantías a la ANSES, para que los recursos de la seguridad social no se utilicen de una manera que comprometa ese capital a futuro.
Nuestra propuesta consta en la disidencia parcial que hemos presentado, y dice así: "Los recursos excedentes del sistema público de reparto, luego de haber cancelado las obligaciones con sus afiliados, se deberán invertir de acuerdo a las condiciones previstas en el artículo 74, con las prohibiciones del artículo 75, las limitaciones del artículo 76 y cumpliendo el organismo los requisitos previstos para las AFJP en los artículos 78, 79 y 81 de la presente ley."
Por otra parte, reitero nuestro pedido -lo hemos expresado a lo largo del debate en general- para que se incorpore un capítulo, tomando como base la iniciativa presentada por los señores diputados Lozano, María América González y otros señores legisladores, que garantice la movilidad de las prestaciones previsionales mediante la creación de un coeficiente de actualización y garantía de movilidad.
No los quiero cansar, simplemente deseo aclarar que esta iniciativa consta en el expediente 6837-d-2006 - . Sabemos que nos van a decir que no, pero igualmente quería dejar constancia de nuestra solicitud.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO - j.c.l. - ENTRE RIOS.- Señor presidente: en consonancia con lo que hemos expresado a lo largo del debate, partiendo de la base de que estamos en una transición y en un momento de cambio legislativo importante y teniendo en cuenta lo expresado por la señora diputada María América González en el sentido de que los artículos 14, 15 y 16 fueron incorporados al proyecto original, considero que hay algún grado de inseguridad -a eso apunta el planteo efectuado recientemente por el señor diputado preopinante- sobre la sustentabilidad futura del sistema.
Justamente, en el artículo en tratamiento se establece: "A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos pertenecientes al sistema de seguridad social integrados por los activos financieros de la Administración Nacional de la Seguridad Social serán invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24.156,...". Esta ley no establece un régimen acerca de cómo se deben invertir los fondos de la previsión social, como tampoco pautas ni criterios. Lo deja librado al arbitrio de quienes van a estar conduciendo el organismo y manejando sus recursos. Además, se agrega en el último párrafo "debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos de beneficios del mismo sistema."
Parece obvio y, en todo caso, me hace recordar algunas de las cosas que escuché hablando del pasado, sobre lo que se hizo con los recursos de la previsión social. La verdad es que no me gusta acordarme de ese pasado porque, como decía hace un momento la señora diputada Chiacchio, nadie puede tirar la primera piedra en esta cuestión del mal uso de los recursos de la previsión social.
Entonces la preocupación es el futuro y la garantía de que cuando se cumplan los años correspondientes, dentro de 15, 20 o 30 años, existan los recursos respectivos para la jubilación de la gente.
La idea es proponer la incorporación de un párrafo a ese artículo. Tiene alguna diferencia con la propuesta del señor diputado Nieva, pero la conversé con representantes de algunos bloques y habría algún acuerdo a pesar de las diferencias que existen.
Al terminar el artículo, el agregado diría así: "Dichos recursos deberán ser invertidos de la misma manera que se ha establecido para el sistema controlado por la Superintendencia de las AFJP, garantizando la superación o igualamiento de la inflación como mínimo."
Es decir que si aquí queremos realmente defender el futuro de los jubilados -y se dijo ostentosamente que no hay mejor situación que hacerlo desde el Estado-, yo creo que la verdadera solidaridad se va a demostrar con la eficiencia en el uso de los recursos financieros por parte del Estado.
La mejor solidaridad es no perder plata con esos recursos y que la rentabilidad sea por lo menos igual a la inflación. Si hay un régimen mixto privado y público y el privado tiene la superintendencia que exige determinada forma de inversión, por qué no tener la misma exigencia para los fondos que están en el reparto.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: simplemente deseo respaldar la posición del señor diputado Godoy.
sr. presidente balestrini.- ¿Qué dice la comisión?
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: reconociendo la autoría del agregado al artículo 15 en el Senado por parte de miembros de la Unión Cívica Radical, quiero reiterar lo que se dijo en la presentación de este proyecto. No hay redacción posible que reemplace una decisión política de consolidar el sistema nacional de la seguridad social.
Ya hemos tenido experiencias en otras redacciones, con expresiones como intangibilidad o términos parecidos. Cuando no hubo decisión política, los recursos desaparecieron, se volatilizaron.
Nosotros consideramos que las leyes están, lo que hay que hacer es cumplirlas. Nos hemos acostumbrado a hablar de que la ANSES tiene superávit, pero hace más de 30 años que no hablamos de este tema. Creo que la cuestión se está manejando en forma responsable y reitero que las leyes están y hace falta la decisión política de hacerlas cumplir. En consecuencia, vamos a insistir con el dictamen.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 15.
Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 16.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
sr. LOZANO, CLAUDIO - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: quiero proponer el agregado de un artículo que diga lo siguiente: "Se crea la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Previsional, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento nacional y las representaciones sociales para que en un plazo no mayor a seis meses elabore el proyecto de ley de reforma previsional integral."
sr. presidente balestrini.- ¿Qué dice la comisión?
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: consideramos que tanto en el Poder Ejecutivo como en este Congreso Nacional existen los ámbitos necesarios para dar la discusión democrática, con el voto de la mayoría y las minorías. Así que a nuestro entender no hace falta esa comisión, por lo que estamos en contra de que se haga ese agregado a este artículo.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 16.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 17.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: este artículo otorga superpoderes al ministro de Trabajo, al secretario de Seguridad Social y al director de la ANSES, violando la Constitución Nacional porque establece lo siguiente: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para dictar las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que fueren necesarias a los fines de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley...".
Toda norma reglamentaria debe instrumentarse a través de un decreto del Poder Ejecutivo. En consecuencia yo creo que esta redacción no es feliz, porque contradice el artículo 99 de la Constitución Nacional.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: no coincidimos con la señora diputada González, ya que del texto no surge esa interpretación. Todo puede ser perfectamente refrendado por un decreto, por lo que vamos a insistir con la redacción del dictamen.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 17.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- En consideración el artículo 18.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: estamos de acuerdo con la derogación de todos los artículos y sobre todo con la derogación del decreto 1.306, por lo que los felicito.
sr. presidente balestrini.- Tengo entendido que la señora diputada quiere hacer un agregado.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: en realidad mi agregado es para incluir un nuevo artículo, pero voy a proponerlo en este momento.
Estamos sancionando una ley que no sé cuál es, porque no estamos modificando la 24.241 y estamos agregando artículos. Esto es de una técnica legislativa desconocida. No sé si le pondrán un nuevo número de ley o si seguirá en el orden de la 24.241.
Entonces, donde lo quieran poner, solicito que los ingresos y egresos del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en forma conjunta con la totalidad de los recursos de la seguridad social, se contabilicen en
un presupuesto independiente del presupuesto nacional, que es la única manera de garantizar la intangibilidad de los fondos de la ANSES -como fue siempre hasta que vino nuestro querido amigo Domingo Felipe-, el que será elevado al Poder Legislativo conjuntamente con el presupuesto nacional.
sr. presidente balestrini.- Se va a votar el artículo 18.
-- Resulta afirmativa.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO - - MENDOZA.- Señor presidente: tal como lo adelantáramos durante el debate, voy a solicitar el agregado de dos artículos. Uno de ellos diría así: "Derógase la cláusula 1ª del Anexo I que forma parte del artículo 1º de la ley nacional número 24.130, referida a la ratificación del acuerdo celebrado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, suscrito el 12 de agosto de 1992."
El siguiente artículo diría así: "A partir del 1º de abril de 2007 el Estado nacional no podrá retener monto alguno de la masa de impuestos coparticipables a las provincias prevista en el artículo 2º de la ley 23.548 y sus modificatorias, por ningún concepto vinculado al pago de obligaciones previsionales nacionales y/o gastos operativos devengados de dichas operaciones."
En la seguridad de que el miembro informante, por ser diputado de la provincia de Mendoza, sabe que esto ocasiona a la provincia una erogación de 300 millones de pesos por año, estoy casi convencido de que va a aceptar la modificación propuesta.
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. THOMAS, ENRIQUE LUIS - - MENDOZA.- Señor presidente: agradezco las sugerencias de la señora diputada González y del señor diputado De Marchi, que inclusive es coterráneo de mi departamento. Como pueden observar todos los legisladores presentes, las propuestas que se han hecho no son de forma sino de fondo. Por eso, creo que en vez de presentar disidencias parciales hubiese sido mucho más conveniente haber emitido un dictamen de minoría e insistir con otro proyecto.
No obstante, quiero aclarar al señor diputado De Marchi que si hace el balance de lo que aporta la provincia de Mendoza y de lo que el Estado nacional le abona a dicha provincia a través de la ANSES -en el caso de las jubilaciones nacionales, la caja transferida y demás-, se va a llevar una sorpresa y va a encontrar que el saldo es ampliamente favorable al Estado nacional. De modo que la mejor forma de defender a la provincia de Mendoza es convalidar este proyecto. Seguramente después podremos seguir discutiendo estos temas, ya sea en este recinto o en mi provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, no vamos a aceptar las propuestas. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
sra. GONZÁLEZ, MARIA AMERICA - - CAP FEDERAL.- Señor presidente: como tuve el placer de que el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se refiriera a mí, con el respeto que me merece quiero responder a lo que acaba de decir por segunda vez, ya que antes lo había dicho públicamente en un medio.
Quiero decirle que tengo muy claro por qué mi bloque me respaldó en la decisión de no firmar un dictamen de minoría. No lo hice porque no voy a dejar de alzar mi mano para que el trabajador sea libre, aunque en este proyecto esa libertad se condicione. Como estamos en democracia, o creemos estarlo, uno tiene la esperanza de que los colegas acepten algunas modificaciones que a lo mejor son de utilidad.
Entonces, acompañamos la libertad de opción, consideramos que había que hacer algunas modificaciones, y dentro del marco democrático de este recinto yo me fui expresando con todo el respeto que me merecen mis colegas. Obviamente, tienen todo el derecho de no tener en cuenta las propuestas, y además tienen la mayoría suficiente -como contestaron en la reunión de comisión cuando vinieron los funcionarios- para no aceptar ninguna modificación; pero eso no significa que yo no quiera seguir contribuyendo para que de este Congreso salga algo mejor.
Mi intención es contribuir para que salga algo mejor. Levanté mi mano y la voy a seguir levantando, y no voy a presentar ningún dictamen de minoría. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO - - MENDOZA.- Señor presidente: los mendocinos estaríamos gustosos de recibir nuevamente la caja que el gobierno de la provincia de Mendoza -que obviamente compartí en aquel momento con el señor diputado Thomas- transfirió alegremente a la Nación. La provincia se vería muy beneficiada al manejar esa importante masa de recursos. De manera que si están de acuerdo con eso, podríamos ajustar los números para que esta masa importante de recursos vuelva a la provincia.
sr. presidente balestrini.- El artículo 19 es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
sr. presidente balestrini.- La Presidencia solicita el asentimiento de esta Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la presente sesión.
-- Asentimiento.
sr. presidente balestrini.- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
La propuesta programática de la CGT
Hace 1 semana
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