" Predicar la resignación es predicar la esclavitud !

Más provincias se suman a la Asignación Universal por Hijo de la Anses

Presidencia - 23 de Noviembre
Acto en Casa Rosada




La Presidenta firmó de un nuevo convenio en el marco del Programa de Asignación Universal por Hijo. Se sumaron así al programa las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Cristina Fernández destacó que a partir de diciembre más de 2,6 millones de padres de niños menores percibirán el beneficio
En el acto, la presidenta agradeció el esfuerzo realizado por el personal de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social, que desde el día del anuncio de la medida han atendido a 1.418.000 personas que acercaron sus consultas, al tiempo que resaltó que a partir del próximo 1 de diciembre, los padres de 2.689.500 niños percibirán el beneficio, lo que representa un “alto impacto” sobre la economía familiar, expresó.

Por otra parte, la Presidenta también informó sobre el avance del programa Argentina Trabaja, el que, según números oficiales, en la primera semana de noviembre abonó haberes a 7.374 cooperativistas, mientras que se incorporarán 19.064 más en diciembre.

Asimismo, la Jefa de Estado resaltó que la utilización de una tarjeta electrónica elimina toda posibilidad de clientelismo en la asignación universal. En ese marco, Cristina Fernández reclamó una sociedad “más equitativa y compasiva a la hora de titular, adjetivar y calificar”, y de la misma manera consideró que “deberíamos tener códigos que no sean binorma, que no miremos de acuerdo a quién es el que recibe el beneficio”.

La exigencia de la Mandataria se refiere que no sólo los sectores de menores recursos son los que reciben apoyo estatal, sino que también son beneficiarios empresas y e importantes grupos económicos. “Siempre reciben en forma de ayuda cosas que tienen que ver con su supervivencia”, indicó. Por eso, reclamó que “no se estigmatice” a quienes perciben ayuda oficial por no contar con posibilidades de desarrollo.

Acompañaron a la presidenta en el acto el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner; el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, José Laurito; la ministra de Desarrollo social, Alicia Kirchner, el ministro de Economía, Amado Boudou; el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio; e invitados especiales.

La asignación

El Decreto 1602 dispone la entrega de una asignación $180 mensuales por hijo para todas aquellas personas que alguna vez trabajaron en blanco y hoy están desempleadas, o para aquellas que estén trabajando en el mercado informal, o que se encuentren percibiendo planes sociales como el Plan Familias y el Plan Jefas y Jefes. Todos ellos recibirán automáticamente el beneficio a partir del mes de diciembre del corriente año.

El pago es automático, es decir que los potenciales beneficiarios no deberán acercarse a las delegaciones para realizar ningún tipo de trámite.

Anses tiene en sus registros a un gran porcentaje de las personas que cuentan con todos los requisitos para acceder a la nueva asignación. El organismo ya está liquidando automáticamente a todas aquellas personas que se encuentran en las bases de Anses y del Ministerio de Desarrollo Social para que cobren a partir del 1º de diciembre.

Cabe recordar que hasta los 4 años de edad -inclusive- deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde 5 a los 18 años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos.
Desde el día lunes 9 de noviembre, las personas pueden verificar si están registradas en las bases de datos en:

- www.anses.gob.ar
- Número telefónico gratuito 130
- CIC, Centros de Integración Comunitaria dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
- Oficinas de Empleo locales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Enviando mensaje de texto al 26737 con la palabra “hijos”, luego dejando un espacio, y agregando el número de DNI del padre/madre, luego otro espacio, y después la letra M o F según sea del sexo masculino o femenino. El sistema le informará automáticamente cuántos hijos tiene registrados. Si no están registrados, deberán acercarse a los lugares habilitados.

Por ejemplo, si el mensaje lo envía la madre, tendría el siguiente formato:

hijos 21444555 F

Si el mensaje lo envía el padre, tendría el siguiente formato:

hijos 21444555 M

Aquellas personas que no están registradas deberán presentarse en las oficinas mencionas con el DNI de cada uno de los integrantes del grupo familiar y las partidas de nacimiento de cada hijo.

Los jueces sólo hablan a través de…

LA CORTE Y EL DIARIO LA NACIÓN, CONTRA EL GOBIERNO Y EL GREMIO DE EMPLEADOS JUDICIALES

Los jueces sólo hablan a través de… las operaciones de prensa


Una nota del periodista Adrián Ventura, del diario La Nación, victimiza a la Corte Suprema por el supuesto ataque a la independencia judicial que supondría la sanción de una ley que crea la figura de la discusión paritaria en el ámbito de los Tribunales. Según el matutino, siempre ligado al pensamiento más rancio y conservador, Julio Piumato está detrás de una campaña de pinzas contra el máximo tribunal. ¿Maniobra extorsiva del Poder Judicial, tiro por elevación al Gobierno, búsqueda desesperada de condicionamientos a los demás poderes del Estado, o todo eso junto?


El centenario diario La Nación, que apoyó consecutivamente a todas y cada una de las dictaduras que asolaron la historia argentina, se presta una vez más a las necesidades de los magistrados nacionales y embiste en una nota publicada en el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, contra el gremio de trabajadores judiciales. ¿La excusa? La supuesta violación de la independencia judicial que significaría la posible sanción parlamentaria de una ley que permitirá a los empleados tribunalicios contar con convenciones colectivas de trabajo, que los habiliten a discutir con sus empleadores, los jueces, todo lo que hace a su función, desde las condiciones en las que cumplen su tarea hasta los índices salariales.

La nota en cuestión la firma el periodista Adrián Ventura, el encargado de temas judiciales en el diario de la familia Mitre. Entre otros disparates, el cronista asevera que “Julio Piumato, líder del gremio judicial y aliado del jefe de la CGT, Hugo Moyano, comenzó a ejercerse sobre el alto tribunal una estrategia de pinzas”.

Se refiere a una serie de proyectos de ley que el sindicato de empleados promueve desde hace largo tiempo, y que en su oportunidad fueron presentados por el diputado Héctor Recalde. Mediante tres proyectos legislativos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación intenta que se extiendan a todos los trabajadores los beneficios previsionales que ahora gozan en exclusividad los Señorías; se les dé participación en la Obra Social, a la cual aportan por igual desde los cortesanos hasta los ordenanzas; y se cree un ámbito formal de discusión paritaria, hasta hoy inexistente, y que sólo es convocado, con facultades decisorias muy restringidas, si los jueces tienen ganas.

Desde el gremio sostienen que la presentación en las Cámaras legislativas se debe a que durante años la Corte desoyó los reclamos, lo que provocó que deban apelar a otros poderes del Estado para lograr sus justas reivindicaciones.

Los proyectos de ley son de vieja data, pero recién ahora parece haberse encendido una luz roja entre los suntuosos cortinados del 4º piso del Palacio de Tribunales. Es que hace quince días una de las tres propuestas parlamentarias logró media sanción en la Cámara de Diputados. También está muy avanzado el proyecto que establece un mismo sistema de jubilación para los tres escalafones que componen la planta de personal judicial: el de los jueces y funcionarios, el de los empleados administrativos, y el de Obrero y Maestranza. Este proyecto de ley, de jubilación igualitaria, ya cuenta con despacho favorable en tres de las cuatro Comisiones por las que debe transitar en la Cámara Baja y hay expectativas entre los judiciales de que sea discutido por el pleno del Legislativo más pronto que nunca.

El de integrar la Obra Social, en cambio, es el de trámite más complicado. El poder de lobby que tiene la Corte impide el progreso en las Comisiones respectivas. Es que el máximo Tribunal maneja en la actualidad un presupuesto varias veces millonario, con absoluta discrecionalidad y casi sin ningún control externo, porque, dicen en la Corte y la Asociación de Magistrados, auditarlos afectaría la “independencia judicial”.

Esa verdadera caja negra que es la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, es la última trinchera de los Señorías, que no tolerarían ceder ante la “chusma” del gremio de empleados, cuyos dirigentes expresan que su único propósito es controlar y discutir en igualdad de condiciones con los jueces cuánto y cómo se gasta el dinero de los judiciales, también el de sus representados, los trabajadores. Ventura asegura que su presupuesto asciende a 300 millones de pesos, y califica temerariamente de “eficiente” su manejo. Omite mencionar la sumatoria de causas penales abiertas por presuntos hechos de estafa, sólo conocidos por los empleados de la Corte, y que nunca tuvieron la debida publicidad y cobertura mediática, como sí la tienen los procesos contra administradores de obras sociales sindicales. ¿Casualidad?

Lo cierto es que la nota aparecida en La Nación, diario de cabecera de los magistrados nacionales, se parece más a una operación de prensa, que a un simple comentario periodístico. ¿Estaremos ante una maniobra extorsiva, que busque neutralizar el avance de los proyectos de ley? ¿Un tiro por elevación al Gobierno, para que acuse recibo de una velada amenaza? ¿O todo es un intento desesperado de poner condicionamientos a los demás poderes del Estado, por parte del más conservador y antidemocrático de todos: el Poder Judicial de la Nación? En cualquier caso, el resultado inmediato parecería ser uno solo: que el Gobierno se vea tentado a frenar el avance de los proyectos de ley, manteniendo la violación de los derechos laborales que sufren los empleados judiciales.


Jueces en operaciones

Antes, los jueces sostenían que ellos sólo opinaban a través de sus sentencias. Eran los tiempos en que los trabajadores violentados en sus derechos esenciales, recurrían desesperados a la Justicia, que los atendía por la puerta de servicio y desestimaba todas y cada una de sus demandas. Ahora es diferente. Las estrategias se han modernizado. Los jueces se expresan mediante operaciones de prensa, y el tiempo en el que esto ocurre es exactamente a la inversa de aquellos dorados años de esplendor neoliberal: quienes recurren a la Justicia son los grupos más concentrados del poder económico, en salvaguarda de sus privilegios de clase, severamente amenazados por el “populismo en avance”. Sintomático.

Durante la década de los años 90, que empezó mucho antes del fin del gobierno de Alfonsín y culminó recién en 2003, los jueces sostuvieron que lo suyo no era meterse en política, sino hablar a través de sus sentencias. Se creían jueces con coronita, encerrados en castillos de cristal, que observaban a distancia prudencial el curso de los acontecimientos y luego decidían, en soledad y calma absolutas, sus fallos y dictámenes que tendrían incidencia directa e inmediata sobre millones de personas. Algo parecido a lo que decían los funcionarios políticos del menemato: por más masivas que sean las movilizaciones de protesta, la única verdad es las elecciones. “No critique, vote”, decían para impugnar las luchas obreras y las marchas callejeras. Paradojas de la democracia argentina. Cuando los sectores trabajadores, históricamente despojados de derechos y beneficios, acudían a la Justicia en defensa de sus más esenciales garantías sociales, vulneradas hasta el extremo del desempleo absoluto y la marginación endémica, los jueces argentinos les daban la espalda. Miraban para otro lado. Se expresaban sólo “a través de sus sentencias”.

En cambio, ahora, que la sociedad argentina atraviesa un periodo de crecimiento sostenido de su actividad económica, con índices de empleo e inclusión social en aumento, son los sectores más vigorosos de la estructura material quienes apelan a la Justicia en defensa de sus privilegios de clase, puestos en tensión por las políticas encaradas desde el Gobierno nacional. ¿Y qué les responden los jueces? ¿Con silencio, acaso? ¿Sólo “a través de sus sentencias”? ¿Se encierran en la pulcritud sepulcral de sus cargos vitalicios, tal vez? Pues no.

De un tiempo a hoy, los jueces argentinos dan discursos políticos. Son panelistas en publicitados encuentros opositores. Comparten cartel con políticos de conocida rivalidad con el Ejecutivo. Pretenden estructurar la agenda política. Se prestan a burdas operaciones de prensa. Se entrenan en el abordaje mediático de los asuntos en los que deben incumbir. Justo ahora que no es ya el pueblo explotado quien recurre a ellos, sino el segmento más poderoso de la renta nacional, los jueces varían su juego institucional. Cambian sus modos. Se aggiornan a las necesidades de los dueños del mercado. Como siempre.


Buenos Aires, noviembre 18 de 2009

DEMETRIO IRAMAIN
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CONVOCATORIA:

EL próximo martes 24 de noviembre, a las 13 hs, en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, llevaremos a cabo un ACTO EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES JUDICIALES POR LOS ATROPELLOS Y LA DISCRIMINACIÓN QUE VENIMOS SUFRIENDO POR PARTE DE LA CORTE. UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Reglamentó el Gobierno la Emergencia Agropecuaria

Agricultura - 12 de Noviembre
Decreto del Poder Ejecutivo
Reglamentó el Gobierno la Emergencia Agropecuaria


Se integrará, en 90 días, el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, que intervendrá para prevenir y mitigar los daños causados por factores climáticos o físicos y se creó el Registro Único de Productores Agropecuarios, que incluirá a los beneficiarios directos de la medida.
El Gobierno reglamentó la ley de Emergencia Agropecuaria Nª 26.509, por medio del Decreto 1712/2009, publicado hoy en el Boletín Oficial, que tiene como fin prevenir y mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten la producción rural.

El articulado establece que el Ministerio de Agricultura deberá integrar el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria en el plazo de 90 días corridos a partir de hoy.

También se creó el Registro Único de Productores Agropecuarios, para brindar al sistema información estandarizada con el objeto de individualizar a los beneficiarios directos.

La reglamentación de la Emergencia Agropecuaria fue elaborada por técnicos del Ministerio de Agricultura, que recibieron aportes de representantes de las cuatro entidades del campo, con quienes se trabajó para incluir sus propuestas.

El decreto establece que hasta que se conforme el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura preverá la forma de instrumentación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En la fundamentación se advierte sobre la necesidad de afrontar los daños de la sequía que afectan la producción y la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, y afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

En el anexo al Decreto se reglamenta también el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Establece que tanto el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria como la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán constituirse en el lugar del país que las circunstancias lo requieran.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios será presidida por el ministro de Agricultura y contará con una Secretaría Técnica Ejecutiva, que tendrá por función instrumentar las acciones encomendadas por la Comisión, convocar las reuniones de la Comisión; recibir los pedidos de declaración y prórroga de las emergencias agropecuarias y estados de desastre que efectúen los gobiernos provinciales y analizarlos.

También deberá aconsejar las medidas que deban adoptarse tanto en aspectos de prevención como de mitigación de daños; recabar de las provincias y de los organismos competentes la documentación e información necesaria para evaluar las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario.

Además tendrá que inspeccionar las áreas afectadas para verificar la magnitud de los daños producidos; participar en las reuniones de las comisiones provinciales de emergencia agropecuaria, con el objeto de colaborar en la evaluación de las situaciones de emergencia y/o desastre y en la formulación de los informes de situación para presentar ante la Comisión.

Asimismo deberá observar la evolución de las emergencias declaradas; supervisar el cumplimiento de las medidas que se adopten; mantener actualizado el Registro Único de Productores Agropecuarios.

Establece que las provincias deberán indicar el factor adverso, la delimitación de las áreas afectadas, las fechas de inicio y finalización de la respectiva declaración o prórroga de emergencia y/o desastre y expresar los beneficios que se otorgarán a nivel provincial.

Se entenderá que una situación es de carácter permanente, cuando la producción o capacidad del producción de la zona afectada por un factor adverso no resulte posible de recuperación con la aplicación de técnicas ordinarias.

El certificado que cada provincia deberá otorgar contendrá como mínimo la siguiente información: identificación del productor y del establecimiento; mención del decreto provincial que lo determine, precisando las fechas de inicio y de finalización de la respectiva declaración y/o prórroga de la emergencia y/o desastre agropecuario así como las actividades afectadas, indicándose también el porcentaje de afectación de la explotación.

Se delega en el ministro de Agricultura la facultad para resolver sobre la declaración y cese de emergencias agropecuarias y zonas de desastre que fueran propuestas por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Disponer, por último, que cuando los riesgos y/o daños que pudieran estar cubiertos o amparados bajo el régimen de seguros, el Ministerio de Agricultura establecerá las situaciones en las que los productores declarados en situación de emergencia y/o desastre agropecuario gozarán de los beneficios de la ley que se reglamenta.

http://www.minagri.gob.ar
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